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El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lideró en agosto el primer encuentro binacional Uruguay-Brasil sobre seguridad pública, que reunió a autoridades de ambos países para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y el abigeato en la frontera.
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“Lo importante es que los Estados se unan”, apuntó Heber tras el encuentro, donde se resolvió impulsar el desarrollo de instrumentos jurídicos bilaterales que atiendan la realidad fronteriza, incluyendo actividades de prevención de la violencia y la delincuencia. Específicamente se habló sobre la implementación de un acuerdo de cooperación policial que está pronto desde 2019 pero aún no se aplica, lo que impide que las policías de cada país puedan perseguir delincuentes que escapan por sus fronteras.
El acuerdo, firmado por los países del Mercosur, fue ratificado el año pasado por el Parlamento de Uruguay. El gobierno esperaba que para 2021 también estuviera votado por los legisladores de Brasil, pero aún no hay novedades. La reglamentación, que tiene un total de 12 artículos, es considerada clave por la Policía uruguaya para combatir los delitos fronterizos, que en los últimos años muestran un aumento en el tráfico de armas, divisas y drogas desde Uruguay a Brasil —sobre todo marihuana— y una creciente y violenta influencia de narcos brasileños sobre el crimen uruguayo, por ejemplo, en Rivera. Aunque el interés de Uruguay radica especialmente en la aplicación del acuerdo con Brasil, tampoco Argentina y Paraguay lo han aprobado. A fines del año pasado, el tema fue discutido durante una reunión técnica del Mercosur dependiente de los ministros del Interior y Seguridad del bloque. Allí la delegación de Uruguay “reforzó la importancia en la ratificación del mencionado acuerdo, instando a los demás Estados partes a los mismos fines”, según surge de una minuta del encuentro a la que accedió Búsqueda.
El Poder Legislativo de Uruguay votó el reglamento vía Ley Nº 20.068, promulgada el 22 de setiembre; Argentina aún tiene el protocolo a nivel interno de su Cancillería, mientras Brasil y Paraguay continúan con la discusión a nivel parlamentario. En diciembre de 2020 el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro envió el acuerdo al Congreso, y las expectativas de Uruguay eran que para el año siguiente ya estuviera en funcionamiento.
La propuesta fue elaborada en 2019 durante la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur organizada en Bento Gonçalves. El documento reconoce “las peculiaridades de las zonas fronterizas existentes entre las partes, los desafíos que las mismas generan y las necesidades específicas que surgen para la administración y la efectividad en la prevención y represión de los delitos”, por lo que establece herramientas de apoyo técnico, intercambio de tecnología y ejecución de investigaciones, operaciones y diligencias conjuntas.
Sobre el seguimiento de delincuentes, señala que las autoridades policiales de un país que “en su propio territorio estén persiguiendo a una o más personas que para eludir la acción de las autoridades sobrepasen el límite fronterizo, podrán ingresar en el territorio de la otra parte, en comunicación y coordinación con la autoridad policial de frontera de la otra, para efectuar la aprehensión preventiva de las personas perseguidas, la protección de los indicios y/o evidencias relacionados”.
Realizada la aprehensión, las autoridades policiales de la parte perseguidora entregarán inmediatamente a los delincuentes a las autoridades policiales del otro país. Las dos policías redactarán luego un acta conjunta de lo ocurrido, la cual será comunicada a la autoridad judicial competente en cada territorio, de acuerdo con su legislación interna. Las responsabilidades civil y penal que pueda tener cualquiera de las dos policías durante la persecución, se regirán bajo la ley de la parte en que se haya practicado la acción.
La persecución transfronteriza fue uno de los puntos conversados en el encuentro binacional de seguridad pública que se hizo en 2022. Además de Heber, participaron por Uruguay los ministros de Defensa Nacional, Javier García, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Junto con autoridades estaduales y federales brasileñas, abrieron una serie de talleres sobre narcotráfico, crimen organizado, trata y tráfico de personas, abigeato, pasos de frontera y marco normativo. Además de impulsar el acuerdo de cooperación policial del Mercosur, los dos países resolvieron ejecutar actividades conjuntas entre las Policías Camineras de Uruguay y Brasil, construir un centro de atención a las mujeres en la frontera y mejorar el trabajo entre las Fuerzas Armadas de ambos países. “Es imprescindible poder tener una acción combinada. Tenemos que trabajar de forma conjunta para darle un mensaje a la delincuencia, de que no estamos dispuestos a acostumbrarnos a sus formas de vida”, afirmó el intendente de Rivera, Marne Osorio.
