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Candidato de las cámaras al BPS propone reducir gasto en asesores y un “defensor del contribuyente”
El postulante a representante empresarial que apoyan las cámaras, Daniel Añón, también propone desestimular el abuso de las certificaciones médicas y medidas para la formalización de pequeñas firmas
Daniel Añón, el candidato que impulsan las cámaras empresariales para integrar como su representante el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), sabe que —en caso de ser electo el próximo 22 de noviembre— será difícil cambiar algunas cosas dentro del organismo, donde tendrá un voto en siete. Sin embargo, está decidido a resolver con rapidez aquello que dependa directamente de él, según declaró a Búsqueda.
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“Vamos a mostrar que es posible reducir el costo del Estado”, afirmó, y anunció que una de las primeras cosas que impulsará si resulta electo como representante empresarial en el organismo será usar “lo menos posible” una partida que tienen todos los directores del BPS para contratar asesores. Explicó que el monto actual es de $ 600.000 mensuales (unos US$ 15.000), lo que en los cinco años de gestión representan US$ 900.000, calculó. “Ese dinero, por siete directores, equivale a US$ 6,3 millones en el quinquenio. Esa cifra se puede bajar para destinar los recursos a otras cosas. No quiero decir que los demás no tengan derecho a usarlo, pero creo que se puede gastar mucho menos haciendo lo que nos proponemos nosotros, usándola solo para algunos estudios o consultas especiales que se precisen”, argumentó.
“Eso es algo que sí podemos hacer” fácilmente, evaluó Añón, en contraposición a la creación de la figura de “defensor del contribuyente”, que también se propone promover, si bien a priori lo identifica como “algo difícil” de lograr.
Añón es un empresario del sector de las estaciones de servicio y hace poco más de dos meses trabaja para ser el postulante al BPS de varias de las mayores cámaras; otros dos candidatos están en carrera por el cargo.
Las elecciones de los llamados directores “sociales” en el organismo previsional son obligatorias y se realizan cada cinco años; de allí surgen los representantes de los empleadores, los trabajadores activos y los pasivos.
La candidatura
La presentación pública de la postulación estaba prevista para ayer, miércoles 26, pero fue postergada debido al fallecimiento del músico Ruben Rada. Añón encabeza una lista que también integran Daniel Fernández (que preside el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines) como suplente, y otros cuatro ejecutivos en representación del sector rural, el comercio y los servicios a nivel nacional, además de los centros comerciales e industriales del interior del país y del Centro de Farmacias.
En diálogo con Búsqueda, Añón reconoció que, a pesar de haber estado por un tiempo supliendo a Elvira Domínguez (la anterior representante de los empleadores en el BPS, que precedió al actual director José Pereyra), no soñaba con candidatearse. Según contó, su nombre lo propuso el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, y encontró aceptación entre organizaciones que integran esa supragremial y también de otras que no son socias, como la Cámara de Comercio y Servicios.
El empresario señaló que si llega a ser director del BPS buscará brindar información sobre la gestión en el organismo e intercambiar en reuniones periódicas junto con quienes integran la lista sobre los problemas y los distintos casos que se le puedan presentar a “cualquier empresario”, para buscar posibles medidas o soluciones.
Eso es algo que, en su opinión, faltó en la actual gestión de Pereyra. Alegó que en las reuniones mantenidas con las distintas cámaras empresariales en los últimos meses le transmitieron que no sintieron reflejadas sus inquietudes a través del representante en el directorio, que no les llegó información y “nunca supieron nada de lo que pasaba en el BPS”.
La plataforma
Son cuatro los ejes temáticos en los que la campaña de Añón se centrará en los tres meses que restan para las elecciones: “Mostrar que es posible” reducir el costo del Estado, defender el “derecho de los contribuyentes”, desestimular el uso “abusivo” de las certificaciones médicas y promover la formalización de los empresarios más chicos.
Sobre el último punto, sostuvo que se precisan cambios que hagan más conveniente estar dentro y no fuera del sistema. Como ejemplo, mencionó que si las empresas unipersonales declaran al sexto dependiente, el empleador pierde el beneficio de la cobertura de salud.
Otro asunto que para los empresarios resulta “muy importante” es atacar la carga que significa el uso “indebido y abusivo” del subsidio por enfermedad, que se pueda “clarificar” de alguna manera el sistema.
Hay casos, dijo, de trabajadores que están mucho tiempo certificados, por ejemplo, por razones relacionadas a la salud mental u otras afecciones, pero el empleador lo “ve en la playa”.
El empresario estacionero sostiene que se debe “reconocer el derecho del empleador, como cofinanciador de las partidas que recibe el trabajador”, que le permita promover ante el BPS y este ante el prestador de salud la “evaluación clínica” cuando se trate de certificaciones recurrentes o prolongadas en el tiempo. Si bien esto hoy sucede, dijo, es preciso que ocurra antes de los dos años, como pasa actualmente.
En cuanto a los costos, además de reducir la partida de asesores, Añón se refirió al propósito de “identificar y suprimir” trámites innecesarios, y a utilizar el instrumento de la declaración jurada en todos aquellos pasos que sea posible para reducir los controles previos y agilizar tiempos.
Otra de las medidas que prevé impulsar es la creación de la figura del “defensor del contribuyente”, como existe en Estados Unidos y en Chile, pero adecuándolo a la realidad uruguaya. Alegó que, como “no va a ser fácil” aprobar una ley al respecto, propondrá una “cartilla con los derechos y obligaciones” del contribuyente y del personal inspectivo, para que estén claras las atribuciones y los roles de cada uno.
Comentó que, recabando información de las reuniones que mantuvo con las distintas cámaras, esta inquietud surgió en varios casos. “A veces, el inspector se lleva todo por delante” y, aunque eso pueda llegar a ocurrir en la “minoría” de los casos, es “mejor dejar claro qué tienen que hacer el inspector y el contribuyente” para que exista un “clima de mutuo respeto”, sostuvo.