El país del chivito

Somos el país del chivito. Casi que no se puede terminar de conocer Uruguay sin haber probado ese sándwich de carne tan característico, que hasta ha sido exportado a restaurantes ubicados en otras partes del mundo. Tan incorporado lo tenemos que ningún uruguayo va a asociar la palabra chivito con el animal, y menos en un contexto gastronómico.

Capaz que es un efecto contagio de lo gastronómico, pero esos “chivos expiatorios” son muy famosos en la política uruguaya. Gómez puede ser considerado uno de ellos. No porque sea inocente, sino porque una parte de lo que él hizo es lo mismo que hacen otros ediles. Varios de los curules departamentales, que son casi 600 en todo el país, contratan asesores pagos por el Estado, que no trabajan, y lo hacen como forma de autofinanciarse, beneficiar a su partido o a sus amigos. Es un acto de corrupción, estafan al contribuyente de forma evidente.

Este caso se destapó porque uno de los “ñoquis” resultó ser un narcotráficante, así que imposible taparlo. ¿Pero qué pasa con todos los demás? ¿Qué se hizo para revertir esa evidente irregularidad? Pasaron apenas unas semanas de episodio y los ojos públicos ya se movieron para otro lado. Todo sigue como está, salvo el chivito Gómez, que fue sacrificado como marca la Biblia.

No es la primera vez que ocurre. Al contrario, pasa en todos los períodos de gobierno. Cada vez que se genera un escándalo de proporciones, marcha un chivito para alimentar a las fieras y después vuelve todo a quedar casi igual a como estaba antes. Las indignaciones suben y después bajan, como la marea.

Se puede recurrir como ejemplo a otros dos episodios distanciados en el tiempo, uno vinculado al Partido Colorado y otro al Frente Amplio, para demostrar que este asunto trasciende a las colectividades políticas y a las administraciones de turno. El primero de principios de siglo. Más precisamente de enero de 2002. El presidente del Banco Hipotecario del Uruguay de entonces era el colorado Salomón Noachas y, en esos primeros días del año, tuvo que renunciar a su cargo después de una sesión de la Comisión Permanente del Parlamento, en donde quedó demostrado que había otorgado un apartamento del banco en Punta del Este a su hija.

Todo ocurrió en muy pocas horas. La sesión parlamentaria, el intercambio y la renuncia. Sus legisladores compañeros de partido lo defendieron con un argumento muy polémico: “El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra”. En otras palabras, lo que sostuvieron es que todos los políticos, de una forma u otra, hacían lo mismo. Evidentemente, la argumentación sirvió para indignar aún más a muchos ciudadanos.

A Noachas le pidieron la renuncia desde la cúpula del gobierno de entonces, que era ejercido por el Partido Colorado en coalición con el Partido Nacional. El escándalo y los titulares de todos los diarios duraron unas semanas. Salvando las distancias con el episodio extremo de Noachas, uno de los temas que surgió de manera colateral fue la falta de controles en algunos beneficios otorgados por jerarcas de empresas y bancos públicos. Pero casi ni se cambiaron las reglas de juego porque ya estaba sacrificado el “chivo expiatorio”.

¿Y qué fue lo que pasó con el vicepresidente Raúl Sendic casi 17 años después? ¿Acaso no fue él también un “chivo expiatorio”, por más polémica que pueda resultar esa conclusión? Porque Sendic actuó muy mal, utilizó la tarjeta corporativa de una empresa pública para sus gastos personales, además de haber falseado su título, que nunca terminó de obtener por más que haya estudiado un tiempo en Cuba. También fue un escándalo de proporciones justificado, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo manejó. Tanto que terminó renunciando, impulsado por su gobierno y su fuerza política, y fue un final lógico y sensato.

Pero ¿acaso lo que hizo Sendic no lo venían haciendo otros que habían ocupado o estaban ocupando lugares similares? ¿Cuánto verdaderamente se corrigió para que ese tipo de episodios no volvieran a ocurrir? ¿Se limitaron las tarjetas corporativas? ¿Se suspendieron los viáticos? ¿Se cambiaron los criterios en el manejo del gasto de los dineros públicos por parte de los jerarcas de turno?

Entregas discrecionales, tarjetas corporativas usadas para gastos personales, asesores que no trabajan, ¿dónde están las leyes surgidas de esos episodios para evitar que vuelvan a ocurrir? ¿Qué fue lo que cambió? Poco, pero es así como funciona el país del chivito. Y después nos quejamos…