El último de los 14 oradores anotados, el senador frenteamplista Nicolás Viera, apuntó a la responsabilidad del expresidente Luis Lacalle Pou en la contratación del astillero Cardama, protagonista del proceso frustrado de adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por un valor de 82 millones de euros, iniciado en la anterior administración. “No fue un actor ajeno. Fue cofirmante. No lo estoy acusando de nada. Digo que tuvo plena responsabilidad. Los responsables políticos fueron los ministros (de Defensa) actuantes y el presidente”, afirmó.
La oposición, sobre todo el Partido Nacional, reaccionó airadamente. “Estoy cansada de escuchar estupideces”, gritó la senadora Graciela Bianchi. El diputado Gabriel Gianoli, quien había sido el miembro informante por los tres partidos de la coalición republicana (Nacional, Colorado e Independiente), lamentó que al final de “un debate excelente”, Viera pretendiera “enlodar al presidente Lacalle Pou”. El senador Javier García, quien fue ministro de Defensa del anterior gobierno cuando se contrató a Cardama, aseguró que la intervención de su colega frenteamplista “demostró que la única intención de todo este proceso ha sido atacar” al exmandatario.
Durante la Asamblea General sobre el tema Cardama en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Para ese momento, cerca de las 20.00 horas, la tranquilidad con que se había desarrollado la jornada en el hemiciclo se había diluido. Los dos diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, no estaban en sala. Sus suplentes tampoco. Como el Frente Amplio tiene 65 votos de los 130 de la Asamblea General, y los partidos de la oposición sumados otros 65, la ausencia de los cabildantes implicaba un desempate a favor del oficialismo.
Una moción del diputado colorado Adrián Juri, de “un cuarto intermedio de dos minutos para darles a los legisladores de Cabildo Abierto tiempo para entrar a sala y dar la cara”, fue rechazada por 63 en 128. El resultado final ya no era secreto para nadie. Con su ausencia, el Frente Amplio logró tener la mayoría con el voto de sus legisladores para aprobar su moción.
Posturas
Lo moción aprobada remite a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 1er turno, presidida por Gilberto Rodríguez, “toda la documentación recibida, recabada y producida” por la comisión investigadora bicameral creada en febrero de este año, que tuvo 17 sesiones y 23 comparecientes, “que investigó y analizó el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas”. El segundo punto pide que se remita a la misma sede “el informe en mayoría”, redactado en esa comisión por legisladores oficialistas, “a efectos de poner en su conocimiento los hechos y actos con apariencia delictiva” que en este se detallan.
Ninguna de las otras tres mociones, de la coalición republicana (que avalaba el proceso de compra y cuestionaba el accionar de las actuales autoridades), de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana, llegaron a ser votadas.
Este episodio representa uno de los más fuertes enfrentamientos entre el actual gobierno y su antecesor, que vienen cruzándose acusaciones desde que el presidente Yamandú Orsi anunció el 22 de octubre del año pasado que se encaminaba a rescindir el contrato con Cardama por indicios de fraude contra el Estado.
Al inicio de la sesión, poco después de las 14.30, como miembro informante por el Frente Amplio el diputado Joaquín Garlo afirmó que el Estado uruguayo “quedó expuesto” por las “gravísimas irregularidades” y la falta de controles durante el proceso de contratación de Cardama y los posteriores pagos a la empresa sin la adecuada documentación.
“La sucesión de decisiones y omisiones que debilitaron sistemáticamente los mecanismos de control y las garantías que debían proteger los intereses del Estado uruguayo fueron claras. Y frente a una empresa que incumplió sistemáticamente sus obligaciones y que su actuación estuvo marcada por la mala fe, el Estado uruguayo quedó expuesto”, expresó.
El frenteamplista subrayó también las garantías y la documentación falsa que presentó el astillero español y afirmó que el anterior gobierno “pudo haber detectado las irregularidades” que, a poco de asumir, encontró la administración del Frente Amplio.
A su turno, el diputado blanco Gianoli reprochó al actual gobierno que no “hiciera nada” para adquirir patrulleras oceánicas durante los años “con la mayor bonanza económica”, en referencia a las primeras tras administraciones frenteamplistas, entre 2005 y 2020. También defendió que el proceso de selección de Cardama contó con respaldo técnico de la Armada Nacional y con el respaldo jurídico del estudio Delpiazzo, y dijo que “los datos matan el relato” del oficialismo. A su vez, destacó que el Tribunal de Cuentas intervino el proceso y no formuló observaciones.
Por otra parte, Gianoli cuestionó la actuación de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por las “pesquisas” que realizaron sus asesores y otras actuaciones presuntamente irregulares: “Nunca sabremos la magnitud de los atropellos que cometieron”. Además, criticó que el actual gobierno hubiera continuado pagando al astillero cuando después objetó las garantías. “Hagámonos responsables todos”.
El diputado Gustavo Salle fue el vocero de Identidad Soberana. La inició a su estilo: “Mario nos sodomizó”, dijo en referencia a Mario Cardama, el dueño del astillero, quien ya cobró unos US$ 30 millones por unas OPV inconclusas.
Aunque subrayó que “mientras frenteamplistas y multicolores se pelean y se endilgan responsabilidades mutuas, el que paga es Juan Pueblo”, en su intervención apuntó más a lo actuado por el gobierno de Lacalle Pou y criticó una contratación que demostró “por lo menos, por ahora, negligencia, desidia e ineptitud”. El abogado expresó su indignación porque “todo el aparato estatal y los grandes estudios jurídicos” se “comieran una garantía trucha”.
Durante la Asamblea General sobre el tema Cardama en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
El único miembro informante que no habló fue Perrone, de Cabildo Abierto, aunque estaba previsto que lo hiciera. En diálogo con Búsqueda, antes del final de la sesión, había dicho que no pensaba “incidir” en una votación “entre mociones que manejaban información confidencial”, en referencia a la oficialista y la coalicionista, lo que no era el caso de la suya.
Ya para entonces, corría en los pasillos parlamentarios la versión de que no estaría presente en sala cuando la moción oficialista se pusiera en consideración. La tranquilidad que exhibían los legisladores frenteamplistas en las charlas en el ambulatorio de la cámara demostraba la certeza de que las cosas saldrían de manera favorable al oficialismo.
“¿Ya te llamó el Pacha?”, le preguntó en tono de broma un legislador opositor, en referencia al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
Goces y broncas
“Mi sensación está entre el goce y la lástima de ver cómo el Frente Amplio le salva la plata a (el líder de Cabildo Abierto, Guido) Manini Ríos y no permite ni un cuarto intermedio”, ironizó el senador nacionalista Sebastián da Silva antes de la votación final, cuyo desenlace ya no desconocía nadie.
El final de la sesión fue en un tono totalmente distinto a su desarrollo, con la oposición pidiéndole a quien presidía la sesión, el senador Daniel Caggiani, que pusiera a consideración las otras mociones. Este respondió asegurando que “la Mesa (la presidencia de la Asamblea General) interpreta que el proyecto de resolución siguiente (el coalicionista) es contradictorio” con el que ya había aprobado la Asamblea, el del Frente Amplio.
Durante la Asamblea General sobre el tema Cardama en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
La moción de los partidos de la coalición subrayaba que “surge claramente” de la comisión investigadora que el frustrado proceso de compra “fue regular, controlado y ajustado” a la ley. Y que las “irregularidades” que podían configurar “eventuales delitos” habían sido responsabilidad de las actuales autoridades al frente del Ministerio de Defensa Nacional. Además, indicaba que no se había intentado buscar una solución alternativa a las garantías falsas presentadas por Cardama, por parte de Presidencia.
Esa postura solo podía ser cambiada si el plenario no respaldaba a la Mesa, afirmó Caggiani. La bancada oficialista lo respaldó, nuevamente, por 65 en 128. Esa fue la misma votación por la que, apenas segundos después, se resolvió levantar la sesión.
En una conferencia de prensa posterior, el diputado Garlo afirmó que para el Frente Amplio el resultado fue “sumamente satisfactorio” porque permite “acercarse a la verdad” en lo referido al “escándalo de Cardama”. Minutos antes, mientras salía del Palacio, un legislador opositor masticaba su bronca contra “un partido nuevo, FAbildo Abierto”.
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