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Legisladores quieren evitar una “batalla campal” en la Asamblea General por Cardama y negocian tiempos y oradores habilitados
Ninguno de los cuatro informes tiene a priori los votos suficientes para su aprobación, pero la ausencia de un legislador puede incidir en el resultado
Comisión investigadora parlamentaria sobre el caso Cardama.
Tanto legisladores del oficialismo como de la oposición coinciden en un punto mientras preparan la Asamblea General que tratará los informes de la comisión investigadora sobre el caso Cardama, el miércoles 14. Quieren evitar que la sesión, que reunirá a los 130 legisladores en torno a un tema políticamente álgido, se convierta en una “batalla campal” o en un “circo romano”.
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Hay otra coincidencia más. A priori nadie tiene la mayoría de los votos de la Asamblea para aprobar una moción. Pero ni al Frente Amplio ni a la coalición republicana les agrada la idea de que la sesión termine en la nada. “Sería un papelón que después de meses de trabajo no podamos resolver nada”, comentó a Búsqueda un senador de la oposición. En el mismo tono se expresaron desde la bancada oficialista. Por estos días, todo está bajo negociación.
La comisión investigadora bicameral surgió como una solución a la disputa entre las cámaras porque ambas querían ocuparse de la indagatoria del caso Cardama. Pero como no está formalmente prevista, no tiene un reglamento que ordene su funcionamiento. Por eso, oficialismo y oposición están abocados a tratar de acordar ciertas reglas de funcionamiento que permitan ordenar el debate y mantenerlo dentro de una extensión y un tono razonables.
La comisión investigadora analizó el proceso frustrado de adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por un valor total de 82 millones de euros, un contrato que fue firmado en el gobierno pasado y rescindido por el gobierno actual, tras detectar indicios de fraude de parte de la empresa proveedora, la española Cardama.
La investigadora parlamentaria comenzó su trabajo días después de la rescisión y culminó a fines de agosto. El oficialismo y la oposición sostienen que hubo “hechos de apariencia delictiva”, pero no coinciden en quiénes fueron sus protagonistas. Para el Frente Amplio, en el proceso de selección y contratación de Cardama se cometieron “irregularidades de gravedad” que contaron con la “acción” o la “omisión” de funcionarios públicos. Señalan al expresidente Luis Lacalle Pou como el máximo “responsable político”.
Para los legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, la rescisión apresurada por parte del actual gobierno expuso al país a demandas internacionales. Además, denunciaron penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por “abuso innominado de funciones” porque al inicio de la gestión dos asesores que todavía no tenían cargos formales en el ministerio desarrollaron una “pesquisa” para obtener información sobre Cardama.
La denuncia del Poder Ejecutivo está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, que está a la espera de que el Parlamento le envíe el resultado de la comisión investigadora, lo que deberá ser resuelto en la Asamblea General.
Un acuerdo para ordenar el debate
Por el momento las conversaciones lograron consenso en algunos aspectos. Por ejemplo, está previsto que exponga un legislador informante por cada uno de los cuatro informes que se elaboraron tras el trabajo de la comisión —uno del Frente Amplio, uno de la coalición, uno de Cabildo Abierto y uno de Identidad Soberana. Joaquín Garlo será quien presente el del Frente Amplio, Gabriel Gianoli por la coalición, Álvaro Perrone por Cabildo Abierto y Gustavo Salle por Identidad Soberana.
Aunque inicialmente el oficialismo pretendía darle 30 minutos a los partidos con representación en el Senado y 15 a quienes solo tienen presencia en la Cámara Baja, la fórmula que se está manejando ahora es que todos tengan media hora, dijeron a Búsqueda fuentes parlamentarias.
Además, se prevé que cada uno de los bloques mayoritarios tenga entre una hora y media y dos para ampliar su posición. En el caso de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, se les consultará si quieren un tiempo para explayarse —que sería menor— o si les es suficiente con la presentación del informe.
En ese espacio de tiempo intervendrán principalmente quienes integraron la comisión, aunque se está negociando que también puedan hablar otros legisladores. En el Frente querían restringirlo solo a los miembros de la comisión, pero en la oposición no estuvieron de acuerdo. Uno de los más interesados en intervenir es el senador nacionalista Javier García, quien era ministro de Defensa cuando se cerró el acuerdo con Cardama y ha sido muy cuestionado por el actual oficialismo.
El senador del Partido Nacional José Luis Falero, quien preside la comisión, dijo a Búsqueda que “el objetivo es llegar a un acuerdo para ordenar el debate y que no se distorsione más de la cuenta”.
Por su parte, el senador frenteamplista Eduardo Brenta, también miembro de la comisión, dijo que el oficialismo quiere que haya “un tratamiento serio de un tema importante para la ciudadanía; que queden claras las posiciones y que después actúe la Justicia”.
Si bien los coordinadores de bancadas están trabajando para evitar que el debate no se salga de cauce, se da por descontado que será difícil. Todos los consultados advirtieron que se trata de un acuerdo político, ya que no hay un reglamento específico, y expresaron su aspiración a que se cumpla, conscientes de que puede haber legisladores rebeldes.
Un frágil equilibrio
El Frente Amplio tiene 65 votos de los 130, mientras que los partidos coalicionistas tienen 61. La mayor incógnita está en qué harán Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que reúnen cuatro diputados. Consultados por Búsqueda, Perrone y Salle se reafirmaron en la defensa de sus propios informes. “¿Qué ganaría yo con votar a uno o a otro?”, dijo Salle a Búsqueda. Pero incluso la decisión de mantenerse o no en la sala puede incidir en la resolución final.
Por eso, la preocupación de los legisladores de la oposición es principalmente mantener el quorum, para que el oficialismo no consiga una mayoría circunstancial. “Vamos a tener que cerrar las puertas para que no se vaya nadie, ni al baño”, bromeó uno de los legisladores consultados.
Fuentes de la bancada frenteamplista dijeron a Búsqueda que el objetivo del oficialismo es lograr que se apruebe su informe y se envíe a la fiscalía, y aseguraron que negociarán hasta último momento para ello.
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