El Frente Amplio endurece posición contra reforma educativa y asegura que será “fallida” por falta de dinero, tiempo y acuerdos

El gobierno “parece estar más preocupado por los temas electorales que por una verdadera reforma que atienda los desafíos reales de la educación en Uruguay”, expresa el texto firmado por la dirigencia frentista, con base en un informe de situación elaborado por exjerarcas en educación.

Destacó a vía de ejemplo que durante los últimos 15 años se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Plan Ceibal y la Universidad Tecnológica (Utec). Además, señaló “mejoras sostenidas” en las tasas de acceso en todos los niveles educativos y también, aunque “insuficientes”, concedió, en resultados de aprendizaje.

Para el exconsejero de Secundaria “no hay nada original” en la reforma que el gobierno presentó como “una revolución copernicana”. Las propuestas referidas al marco curricular, inclusión de competencias en las asignaturas y centros de tiempo extendido en educación media “no son una novedad”, dijo Pasturino, quien estuvo a cargo de la transformación de los bachilleratos tecnológicos en UTU durante la reforma de Germán Rama en el segundo gobierno de Julio Sanguinetti (1995-2000) y de la reformulación 2006 de Secundaria en la primera administración de Tabaré Vázquez (2005-2010).

Opinó que el gobierno está “cambiando el cartel” para hablar de “una ‘transformación’, que es solo entre comillas y que quedará en los papeles porque, según sostuvo, las asignaturas y contenidos seguirán siendo “casi los mismos” que en la reformulación 2006.

Por otro lado, el discurso oficial no asume que “gran parte” de los 60 centros María Espínola proyectados para 2025 “ya eran de tiempo extendido con alimentación, apoyo pedagógico y figuras de coordinadores”, dijo.

Según Pasturino, la transformación en curso tiene, además, restricciones económicas, temporales y políticas que imposibilitan su aplicación. Primero, destacó un recorte presupuestal estimado en US$ 140 millones a educación inicial, primaria y secundaria en estos tres años de gestión.

A su entender, la ANEP debió “recalcular” su estrategia en política educativa por los efectos de la pandemia del Covid-19, tras la suspensión de las clases presenciales y la pérdida de los aprendizajes.

Los cambios normativos y de gestión impulsados por el Poder Ejecutivo —cristalizados en la Ley de Urgente Consideración de 2020— recortaron la participación de las representaciones sociales en los órganos de dirección bajo el argumento de “agilizar” el sistema, dijo. Y esto sucede, siguió, en un “contexto de persecución a docentes agremiados”, cuando los sindicatos de la enseñanza reunieron más del 70% de apoyos en las elecciones de consejeros al Codicen y la gran mayoría en las elecciones de las Asambleas Técnico Docentes (ATD).

Para el exsecretario docente del Codicen resultan “especialmente preocupantes” los cambios incorporados en Formación en Educación. Aseguró que la propuesta oficial no consolida “un proceso real” para darle carácter terciario a la formación docente y dijo que se están haciendo cursos de formación que “supuestamente son de 30 horas, pero autoadministrados en Internet, donde la gente los puede hacer en dos o tres horas”.

“Esta modalidad exprés de transformación educativa tiene como plazos los tiempos políticos, no los educativos —indicó—, y expone a la comunidad educativa a un inicio de año lectivo plagado de incertidumbres y confusión que genera un enorme estrés institucional”. Agregó que el “apuro” se refleja tanto en el retraso en la aprobación de los programas y en los regímenes de evaluación como en la elección de horas docentes.

Por todo esto, se trata de “una reforma fallida o de texto”, porque “quedará plasmada solo en el papel, o no llegará a las aulas”, sostuvo Pasturino, y auguró que esta “será la peor gestión de la ANEP de la historia” y que “en 2025 Uruguay estará en una situación similar a la de ahora”.