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El grupo familiar integrado por el coronel retirado Roque Moreira, su hija Irene Moreira (actual ministra de Vivienda), y su yerno, el general retirado y senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, manejan y explotan unas 4.350 hectáreas en propiedad en el departamento de Artigas, de las cuales 2.856 hectáreas están afectadas a la Ley 11.029, que creó el Instituto Nacional de Colonización (INC).
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Ayer jueves 17 el directorio del INC aprobó pasar a asesoría letrada lo actuado en ese caso por la División de Inspección General en el inmueble N.º 511, ubicado en la 4ta sección catastral de Artigas, específicamente en el paraje Yacaré Cururú.
Dispuso “exigir” a Manini Ríos el título de la fracción N.º 2 de ese inmueble de Colonización en mérito a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 11.029 en la redacción dada por la Ley 18.756, en cuanto al registro de fracciones en infracción, según consta en la resolución correspondiente.
Ese documento informa que el Directorio del INC decidió “exigir” también a la sociedad anónima El Palomar, cuya presidenta es Irene Moreira, la presentación del título de compraventa de fracciones del inmueble 511, afecto a los fines de la colonización.
En febrero de 2020 Búsqueda informó que un cambio que estaba previsto en la Ley de Urgente Consideración (LUC) beneficiaba a Moreira, en ese momento designada ministra de Vivienda de la coalición de gobierno (N.º 2.058), por su condición de colona propietaria.
El artículo 358 de esa norma legal, votada por Manini Ríos, estableció una flexibilización de las obligaciones de los colonos respecto a trabajar directamente la tierra y residir en el predio.
La modificación ahora dispone que el colono deberá “trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo, salvo, en este último caso que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados”.
“El Directorio (del INC) podrá autorizar la excepción a la obligación establecida” en ese punto anterior, cuando los colonos cumplan ciertos “requisitos”, como tener una “radicación por un plazo mínimo de 10 años”, “cumplir con el plan de inversiones”, “invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono y los integrantes del núcleo familiar”, señala.
El informe de Colonización concluyó que Manini Ríos, su esposa (la ministra de Vivienda) y el padre de ella “no residen en el predio, ni realizan trabajo directo”.
Entre los hallazgos de la inspección del INC en el campo en cuestión figura que en el lugar se encontraban un capataz y una cocinera que residen en la “casa del personal”, y “en otra construcción muy modesta, compuesta por un dormitorio y una sala comedor, viven otros cinco asalariados” rurales.
Durante la inspección del campo, realizada en octubre de 2021 por funcionarios del INC, en comunicación telefónica entre el capataz y el coronel Moreira, este último “le dio instrucciones de no brindar ninguna información sobre el establecimiento”, de acuerdo al informe.
La actual titular de Vivienda envió una carta a Búsqueda en febrero de 2020 en la que criticó el manejo de información “inexacta” por parte del semanario (N.º 2.059), además en su cuenta de Twitter escribió que la publicación de esa información suponía “una mentira más”.
Manini Ríos también acusó en más de una opotunidad a Búsqueda de “mentir” en este caso.
