El enfoque de la medición elaborada por el Instituto Fraser en colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en Uruguay es que existe una fuerte relación entre libertad económica y bienestar, tanto en términos económicos como sociales. Sostienen que, en promedio, quienes viven en el 25% de los países “más libres” obtienen ingresos 6,9 veces superiores a los de aquellos que residen en el 25% “menos libres”.
Con datos de 2024, la última edición anual de este índice global, publicada la semana pasada, mostró en el caso de Uruguay un mínimo aumento en su puntaje de libertad económica: se ubicó en 7,18, un 0,02 por encima del dato anterior. La escala va del 0 al 10; mayores valores deben leerse como más libertad económica, lo cual, con la concepción planteada por los autores, eso es algo positivo.
El CED, un think tank de corriente liberal, señaló al presentar el nuevo dato que “Uruguay se mantiene levemente rezagado en su nivel de libertad económica”, tras mostrar un puntaje “muy estable” —entre 7,0 y 7,5— en los últimos 20 años. La primera medición corresponde a 1970 y entonces puntuó 6,70; el país es ahora más libre.
Su análisis pone énfasis en la comparación internacional. “Si bien el puntaje es levemente superior que en la edición de 2023, éste implica un deterioro en la posición relativa, dado un avance proporcionalmente mayor de los demás países”, 165 analizados en total. Uruguay retrocedió seis lugares en el ranking mundial, al puesto 59.
Hong Kong encabeza la lista con un puntaje de 8,53 y la cierra Venezuela con 2,94. Chile (7,85), en el puesto 20, y Costa Rica (7,75), ubicado en el lugar 28, son los países latinoamericanos más arriba en el ranking.
Los componentes del índice
El índice de libertad económica (ILE) del Fraser Institute mide el grado en que las políticas e instituciones de un país apoyan la libertad económica. Concibe como piedras angulares de esta la libertad individual, el intercambio voluntario, la libertad de entrar y salir de mercados y competir, y la seguridad personal y de la propiedad privada. El ILE está compuesto por 42 indicadores que se agrupan en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal y derecho de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional y regulación.
En esta última edición del ILE para Uruguay, con datos de 2024, el mejor puntaje lo tuvo en la estabilidad monetaria (8,62). Esta dimensión pondera que una moneda estable es un requisito importante para la libertad económica, en la medida que la inflación alta o volátil afecta los precios relativos y acorta el horizonte temporal para la toma de decisiones, y toma en cuenta también la posibilidad de adquirir moneda extranjera, así como medios de cambio alternativos.
El CED asocia la mejora en este aspecto (frente al 8,55 de la edición previa) al abatimiento de la inflación operado desde 2023. En 1970, el puntaje en cuanto a la estabilidad monetaria era de 5,44, el peor de las cinco dimensiones abarcadas por el índice; la inflación en aquel año fue de 21%.
La categoría más floja de Uruguay es el tamaño del gobierno, dándole una medida en función del consumo y la inversión pública, el nivel impositivo marginal máximo sobre la renta, las transferencias y subvenciones, y los activos de propiedad estatal, entre otros. El puntaje fue 6,56, que se compara con el 6,51 del año anterior, 6,73 del 2000 y 7,36 de 1970.
Respecto de la edición anterior, Uruguay mejoró en su libertad de comercio internacional (pasó de 7,97 a 8,06).
Libertad y gobiernos
En Uruguay, cuestiones como el tamaño del Estado, la participación de las empresas públicas en la economía y los niveles impositivos dividen en gran medida los posicionamientos de los partidos históricos y del Frente Amplio.
La serie histórica del ILE permite analizar la evolución del grado de libertad económica en cada período de gobierno desde 1970 hasta la administración de Luis Lacalle Pou (al 2024).
En lo que va del presente siglo, el ILE se ubicó en 7,14 en 2004, al final del gobierno del colorado Jorge Batlle; subió a 7,30 al cierre del primer mandato del frenteamplista Tabaré Vázquez y bajó a 7,20 hacia el final de la presidencia de José Mujica. El índice fue 7,29 en 2019, hacia el final del segundo mandato de Vázquez, para luego culminar en 7,18 con Lacalle Pou.
Si se analizan promedios de quinquenios —tomando como inicio de cada administración el valor del índice en el año de su instalación y como final el último año calendario completo—, los valores fueron los siguientes: 7,024 con Batlle, 7,298 en el primer gobierno de Vázquez, 7,384 con Mujica, 7,264 en el segundo mandato de Vázquez y 7,088 con Lacalle Pou.
¿Uruguay tuvo mayor “libertad económica” con Vázquez y Mujica que con Batlle y Lacalle Pou? El índice plantea una lectura contraintuitiva.
Ramiro Correa, economista jefe del CED, mencionó a Búsqueda algunos factores influyentes que ponen en contexto esos valores del ILE por períodos gubernamentales.
Primero, el índice está “fuertemente condicionado por el contexto económico que tenga cada gobierno”, como una “bonanza que venga desde el exterior o shocks negativos” que afecten al país. En ese sentido, afirmó, el “ciclo económico estuvo muy castigado” en la administración de Batlle, y eso “tira abajo mucho el indicador” de ese período. Algo similar se expresa en el ILE del mandato de Lacalle Pou, impactado por los efectos económicos de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 y de la sequía.
En contraste, según Correa, el gobierno de Mujica se benefició del “boom de las materias primas, lo cual le da un empuje muy importante al indicador” en materia de actividad económica y de comercio exterior que recoge el valor del ILE en ese período.
Otro factor explicativo es que, para alguno de los subíndices, como la variabilidad de la inflación, los cambios tributarios y el nivel de gasto público, el ILE considera datos para ventanas de cinco años móviles.
El economista del CED puso ejemplos de los efectos que tiene ese aspecto metodológico. Batlle “puntúa muy mal con el salto inflacionario del 2002 y 2003, porque, además, está tomando datos de fines de los 90 para comparar esa variabilidad de la inflación”. En cambio, señaló, la administración de Mujica, “si bien tiene inflaciones altas, entre 8% y 9%, la variabilidad de esa inflación fue muy poca, entonces el indicador no penaliza tanto”.
Correa aclaró, por otro lado, que “muchos de los subíndices que hace varios años que tienen prácticamente el mismo valor, o sea, casi no se han movido”, lo cual “obviamente contamina un poco el efecto comparativo”.
Definió que el ILE “se mueve de manera potente cuando hay cambios de política económica estructural, por llamarlo de alguna manera”. Según él, el indicador “sirve mucho en una mirada de largo plazo, en lo que tiene que ver con la variable tamaño de gobierno. Y hay que analizarlo considerando el contexto económico que le tocó a cada período de gobierno”.
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