En setiembre de 2024 Cardama envió a Defensa el primer borrador de garantía de fiel cumplimiento emitido por EuroCommerce Bank. Después de unos ajustes de la redacción propuestos por Delpiazzo Abogados, que asesoraba al ministerio en el proceso, en octubre el astillero envió la versión final del documento.
Delpiazzo planteó que, para aceptar esa garantía, era necesario probar que quien la firmaba —alguien llamado Alex Walsh— tenía potestad para hacerlo. Es ahí cuando Sabater Cabanes entra en escena por primera vez.
Sabater Cabanes concurrió a la oficina del notario español Luis Calabuig de Leyva el 14 de noviembre de 2024 para dejar constancia, en un “acta de manifestación”, de que la firma de Walsh era válida. Esa primera versión no servía, según Delpiazzo, quien le dio a Cardama instrucciones precisas de cómo mejorarla: Sabater Cabanes debía volver al notario y decir que “Alex Walsh tiene facultades suficientes en representación de Eurocommerce para emitir la garantía bancaria a primer requerimiento número 241022ECB/1 de 22 de octubre de 2024”.
Doce horas más tarde, Cardama envió un mail con la nueva versión. “Tal y como habéis solicitado y verificado por nuestros asesores y siguiendo vuestros requerimientos, os adjuntamos acta notarial donde se certifica que el Sr. Alex Walsh tiene poderes para firmar el aval de acuerdo a sus instrucciones”, dice el correo.
Meses más tarde, cuando quedó de manifiesto que la garantía de EuroCommerce no existía más allá del papel, Calabuig de Leyva dijo a Búsqueda que el acta de manifestación podía ser falsa. El notario presentó una denuncia penal en Valencia, donde tiene su oficina.
El gobierno uruguayo consiguió en julio de este año la versión original del acta de manifestación, lo que demostraría que efectivamente los documentos que envió Cardama eran falsos. Una de las mayores diferencias es que en el acta original Calabuig Leyva le advirtió a Sabater Cabanes que el documento notarial no tendría “plena eficacia”, salvo que probara que EuroCommerce lo había enviado en representación de la compañía para labrar esa acta.
El planteo no sirvió de nada. “Insisten en su otorgamiento, asumiendo expresamente la falta de acreditación de dicha representación”, escribió el notario. Sabater Cabanes declaró, según esa acta labrada el 14 de noviembre de 2024, que “a las nueve horas y cincuenta minutos del día 30 de octubre de 2024 desde la dirección de email [email protected] se recibió un correo electrónico en cuyo contenido se indica que el sr. Alex Walsh tiene capacidad suficiente para firmar la garantía número 241022ECB/1 solicitada por el mercantil Francisco Cardama SA”.
Esa no sería la única participación de Sabater Cabanes en el proceso.
La renovación
Cardama debía renovar la garantía de EuroCommerce un mes antes de su vencimiento, el 22 de octubre de 2025. El Estado denunció ese día en conferencia de prensa que había intentado ejecutar el aval, pero en la supuesta dirección de EuroCommerce funcionaba una inmobiliaria. El presidente Yamandú Orsi anunció en conferencia de prensa que se presentaría una denuncia penal por presunto fraude.
Cardama envió a la ministra de Defensa Sandra Lazo un mail con la supuesta renovación del aval ese 22 de octubre, cuando ya sabía que el gobierno estaba por anunciar algo sobre el tema.
El astillero presentó en la Justicia de Vigo un correo electrónico que habría mandado el 16 de setiembre de 2025 en el que intentaba renovar la garantía. Estaba dirigido al titular de la intermediaria Star Alliance Consulting, Nicolás Salmón, y también al correo [email protected]
Gestión Spartax Trading, cuyo único accionista es Sabater Cabanes, hasta el 18 de marzo de 2024 se llamaba Disposición del Calzado. Ese día, surge del registro comercial español, la compañía, además de modificar su nombre, amplió su objeto social para cubrir cuestiones como “compraventa de prendas de vestir y calzado”; “comercio al por mayor de palets nuevos y usados y madera”; “intermediación en operaciones comerciales”; “intermediación inmobiliaria en la compra, venta o arrendamiento de terrenos, rústicos o urbanos, así como la, compra, venta, construcción o arrendamiento”.
Su último balance, presentado a fines de 2024, mantiene la “venta al por menor y al por mayor de productos de calzado y artículos de cuero” como actividad principal.
Hasta ahora tiene como dirección fiscal y social un local de venta de zapatos, ubicado en una cuadra donde hay otros comercios similares.
En la denuncia en España, Cardama no dice cómo entró en el proceso Sabater Cabanes, ni tampoco lo ubica a él y ni a su empresa entre los sospechosos. Tampoco detalla cómo llegó a su principal intermediaria en el negocio con EuroCommerce Bank, Forum Europe.
La aparición de los intermediarios
En los intercambios que mantuvo con el estudio Delpiazzo y las autoridades de Defensa a lo largo de 11 meses, Cardama nunca nombró intermediarios españoles que estuvieran trabajando con él en la obtención de las garantías.
Uruguay recién los conoció cuando, en mayo, Cardama solicitó iniciar un arbitraje internacional por la decisión de Uruguay de rescindir el contrato. Para sustentar su reclamo, el astillero incluyó como prueba la denuncia penal por estafa que presentó en Vigo.
En ese documento, Cardama dice que contrató a la empresa Forum Europe, “experta en intermediación financiera, a fin de que realizase las gestiones pertinentes para la búsqueda de una entidad financiera” que emitiese la garantía de fiel cumplimiento.
La actividad principal declarada por Forum Europe en su último balance, de 2024, es “comercio al por mayor de palets y derivados de madera”.
Recién en enero de 2025, más de un año después de iniciar su trabajo con Cardama, Forum Europe cambió su “objeto social”, lo que incluyó: “comercio al por mayor de frutas y hortalizas. Otras actividades”; “intermediarios del comercio de productos diversos”; “comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales”; “comercio al por menor por correspondencia o Internet”.
Cardama dice en la denuncia que después de realizar “distintas gestiones”, Forum Europe trajo la propuesta de EuroCommerce. Incluyó como prueba en la denuncia penal un contrato que firmó con el intermediario. Ese documento tiene fecha 15 de octubre, días después de que el borrador de la garantía de fiel cumplimiento tuviera el visto bueno inicial de Defensa.
Captura de pantalla de Google Maps con la dirección de Forum Europe SL, uno de los intermediarios de Cardama para obtener la garantía falsa.
Aclara, no obstante, que Cardama y Forum Europa tenían vigente un contrato “por el mismo proyecto” (conseguir los avales) desde el 17 de diciembre de 2023, dos días después de que el astillero fuera elegido por Uruguay para construir las patrulleras.
Cardama no incluyó entre las pruebas iniciales de su denuncia ese primer contrato, ni tampoco comunicaciones que reflejen cómo trabajó con Forum Europe a lo largo de 11 meses.
El contrato tiene datos de contacto de Cardama y del titular de Forum Europe, Juan Carrasco. Búsqueda llamó al teléfono incluido en ese documento y atendió un ciudadano español, quien dijo que no sabía nada del tema, ni conocía al astillero o a Forum Europe. Añadió que hacía unos 20 años que esa línea telefónica era suya.
El astillero asegura que le pagó 30.000 euros más IVA a Forum Europe por su intermediación, 123.405 euros a EuroCommerce Bank por la emisión del aval y 36.000 euros más IVA a Star Alliance Consulting por la renovación frustrada de la garantía.
Sin registro en el cowork
Cardama añadió en su denuncia que Forum Europe subcontrató para “diversas gestiones” a Star Alliance Consulting. El registro público español indica que se trata de una unipersonal creada en junio de 2024.
Búsqueda llamó a comienzos de agosto al teléfono que luce en la página web de Star Alliance Consulting, un número celular francés, que fue atendido por una persona que hablaba español. Cuando el periodista se identificó, la persona que atendió el teléfono cortó y no volvió a responder.
El 19 de agosto, Búsqueda concurrió a la dirección declarada por Star Alliance Consulting. En ese lugar funciona un cowork llamado Regus, que a la mañana de ese día estaba casi vacío. En recepción no conocían Star Alliance Consulting y no aparecía en el directorio de compañías que usan las oficinas. Tampoco aparecía en ese registro Salmón, el titular de la compañía. En el cowork dijeron que podía ser “normal” porque todo el tiempo “entran y salen empresas” de su lista de clientes.
En su denuncia penal por estafa, Cardama dice que EuroCommerce Bank dejó de responderle en noviembre de 2025, casi un mes después de la conferencia de prensa del gobierno uruguayo en la que expuso el supuesto fraude. Nombró a Salmón (Star Alliance), Carrasco (Forum Europe) y Walsh (EuroCommerce) como “personas que pudieran tener participación como autores, cooperadores necesarios o cómplices”.
Búsqueda consultó este miércoles a Cardama en qué etapa estaba la investigación penal en Vigo, si había presentado nuevas pruebas o declaraciones, cómo llegó a contactar a la intermediaria Forum Europe y qué rol jugaron Sabater Cabanes y Spartax Trading en el proceso. “Lo siento, pero todo esto está bajo proceso judicial. No puedo hacer declaraciones”, respondió.
Búsqueda envió correos electrónicos a las casillas de Sabater Cabanes, Gestión Spartax Trading, Forum Europe y Star Alliance Consulting, pero no recibió respuestas.
La rescisión y el arbitraje
A partir de una solicitud de acceso a la información, el diputado blanco Pablo Abdala consiguió el pedido de arbitraje de Cardama y la respuesta del Estado uruguayo.
El escrito de Cardama presentado ante la Cámara de Comercio Internacional sostiene que la rescisión del contrato dispuesta por el Poder Ejecutivo en febrero “fue la culminación de una conducta continuada de mala fe” por parte de Uruguay, “iniciada con la exposición pública y mediática de acusaciones gravísimas sin previa comunicación a Cardama, seguida del rechazo sistemático a toda solución conservativa del Contrato y de la fabricación oportunista de supuestos incumplimientos para justificar una decisión de rescisión ya tomada de antemano”.
El astillero pide que el tribunal acepte el caso, declare la rescisión del contrato “improcedente y contraria a derecho” y que Cardama tiene “derecho a percibir cualesquiera cantidades pendientes de pago en virtud del contrato” más “una indemnización por los daños y perjuicios sufridos”. Hasta la caída del contrato, Uruguay había transferido 28 millones de euros de los 82 millones de euros acordados.
En su contestación a la solicitud de arbitraje, el Estado rechazó el planteo. “Los hechos de esta controversia son claros. El presente caso versa sobre una compañía que asumió obligaciones bajo el Contrato y, en su ejecución, faltó completamente a su deber de lealtad y buena fe e incurrió en incumplimientos graves, particularmente en relación con las garantías de fiel cumplimiento y de reembolso, pese a que el Estado uruguayo ya había desembolsado millones de euros”, añade.
Aseguró que el contrato firmado entre Defensa y el astillero establece que, salvo cuando se tratara de aspectos técnicos de la construcción de las OPV, las diferencias entre las partes debían discutirse en la Justicia uruguaya.
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Con la colaboración del periodista argentino Iván Ruiz.
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