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El gobierno espera que haya una explotación minera en el país durante al menos dos o tres décadas si se aprueba y se pone en marcha el proyecto Valentines de la empresa Aratirí. Con esa perspectiva de largo plazo el presidente José Mujica convocó a una comisión multipartidaria para sentar las bases del negocio minero en el país; impulsa la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha; averiguó los modelos de ahorro que se implementan en Noruega con el dinero que proviene de los recursos naturales, y llegó a plantear una consulta popular para definir si la ciudadanía quiere explotar los yacimientos ferríferos del país.
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“Vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación, a los que van a venir, durante 30 o 40 años”, dijo el mandatario en junio del 2011, cuando todavía evaluaba llamar a un plebiscito.
Sin embargo, la duración del proyecto de extracción de Aratirí —que retirará, procesará y exportará el mineral que descansa desde hace al menos 2.500 millones de años en la principal reserva de hierro del país— no está clara. Si bien la empresa divulga en publicaciones y declaraciones de prensa que habrá una “explotación de entre 20 y 30 años con grandes volúmenes de producción”, el estudio que presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para obtener la autorización ambiental previa afirma que “el proyecto tendrá una vida útil de 12 años”.
La contradicción que surge de esos números preocupa a gobernantes y legisladores, que decidieron incorporar al proyecto de ley sobre minería que prepara el Poder Ejecutivo un artículo que defina tasas de explotación de las minas para que la duración del proyecto se ajuste a las necesidades de Uruguay.
Duración.
El informe de impacto que Aratirí presentó ante la Dinama dice en su capítulo 1 que “la operación se propone con un horizonte de aproximadamente 20 años, aunque este período podría eventualmente extenderse en función del desarrollo del proceso productivo, otras áreas adicionales de explotación y las condiciones de mercado”.
Sin embargo, en el capítulo 4 se señala que “el estudio de factibilidad reciente ha definido que el proyecto tendrá una vida útil de 12 años con una tasa de producción de 55 millones de toneladas por año de mineral ROM (siglas en inglés para Run of Mine, producción de mineral de las minas)”.
“Como norma general, en la mayoría de los proyectos mineros, la vida útil se extiende más que aquella tomada como base de diseño. En consecuencia, a los efectos del estudio de impacto ambiental (EsIA) se asume una vida útil de 20 años, ya que esta se considera más acorde con la realidad”, agrega el texto.
En un folleto distribuido con periódicos de circulación nacional, la empresa afirma que el proyecto “fue diseñado para producir y exportar alrededor de 18 millones de toneladas de concentrado de hierro por año, durante un período de entre 20 y 30 años”.
Búsqueda consultó a representantes de Aratirí sobre el punto. La respuesta fue que “el estudio de factibilidad definió un volumen mínimo de recursos y un plazo de operaciones para el cual el emprendimiento se vuelve económicamente viable”.
Desde la empresa sostuvieron que “el proyecto es a 20 y más años”.
Recursos.
Para el diseño de un proyecto minero se miden los recursos y se clasifican entre los medidos, los indicados y los inferidos. ¿Cuánto hierro hay bajo la superficie en los yacimientos que prevé explotar Aratirí?
“De acuerdo a los requerimientos de JORC (por sus siglas en inglés, Joint Ore Reserves Committee de las autoridades australianas) los recursos del Proyecto Valentines exceden de 600 millones de toneladas (Mt) con una ley de hierro promedio de 28% Fe, permitiendo estimar un potencial de expansión del recurso a un total de 1.500 a 2.000 Mt”, dice el informe de impacto ambiental.
En el sitio web de Zamin Ferrous —la compañía matriz de Aratirí— dice, en cambio, que en Valentines “hay un recurso JORC medido, indicado e inferido de 2.500 millones de toneladas medidas” y que “el recurso total potencial es estimado en de 4 a 5.000 millones de toneladas”.
Técnicos de la empresa explicaron que “el primero de los datos permite afirmar con alto grado de certeza estadística que el volumen de hierro existente en el subsuelo justifica una operación de por lo menos 13 años”. A su vez, “el segundo dato, la estimación de expansión del recurso a un total de 1.500 a 2.000 millones de toneladas permite proyectar como probable la explotación de material adicional que justificaría una operación de por lo menos otros 14 años”.
“Los recursos medidos, indicados e inferidos por Aratirí posteriormente a la presentación del estudio de impacto ambiental suman 2.500 millones de toneladas según el código JORC. La empresa estima actualmente que el potencial de recursos en toda el área puede llegar a entre 4.000 y 5.000 millones de toneladas —afirmaron—. No obstante, las posibilidades de explotar ese potencial requiere nuevos proyectos y nuevas autorizaciones oficiales, las cuales no están incluidas en el presente proyecto, ni están siendo consideradas por la empresa”.
Regulación.
En las últimas semanas hubo reuniones entre legisladores de todos los partidos, integrantes del gobierno y particulares que presentaron sus inquietudes por las contradicciones que observaron en los datos proporcionados por Aratirí, informaron varias fuentes.
El martes 24 el gobierno convocó a representantes de los partidos de la oposición para leerles el borrador que se preparó como base para el proyecto de ley sobre minería de gran porte que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Parlamento.
En el encuentro estuvieron el ministro y el subsecretario de Industria, Roberto Kreimerman y Edgardo Ortuño, el subsecretario de Economía, Luis Porto, el asesor presidencial Pedro Buonomo y los diputados José Carlos Cardoso (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente).
Según fuentes consultadas, el borrador del proyecto de ley refleja los acuerdos que alcanzó la comisión multipartidaria sobre megaminería en un documento que firmó en diciembre del 2011. “Se acerca al objetivo de que la mitad del recurso o más quede en arcas del Estado”, afirmó Cardoso.
Además, durante la reunión se analizó la información considerada “contradictoria” y se acordó evitar que en algún momento “se acelere la explotación y se lleven el hierro en pocos años”. “Los volúmenes de extracción tienen que tener alguna relación con los yacimientos”, sostuvo Posada.
Jerarcas del gobierno confirmaron a Búsqueda que los datos presentados por Aratirí son “inciertos” y que buscarán la forma de incluir en el proyecto de ley “que el Estado va a fijar un mínimo y un máximo de explotación para poder regular que el privado no haga una sobreexplotación del recurso”.
