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Luego de un profuso debate mediático sobre el tema, autoridades del Ministerio del Interior, la Fiscalía General y la Suprema Corte de Justicia alcanzaron un acuerdo para que se limiten las libertades vigiladas y que los delincuentes cumplan en prisión la totalidad de la pena en los casos de delitos graves.
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El nuevo CPP habilita a los fiscales a firmar acuerdos con los delincuentes que confiesen, a cambio de una condena más leve. Pero además, en muchos casos los fiscales negocian que una parte de la condena se cumpla en la cárcel y otra en libertad vigilada, en aplicación de un instituto incorporado por la Ley Nº 19.446. Para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, las llamadas “penas mixtas” son problemáticas, porque superponen dos beneficios.
Según estimaciones del ministerio, durante 2019 unos 4.000 presos pasarían a cumplir la pena en libertad vigilada debido a los acuerdos realizados. El ministerio teme que un porcentaje de los liberados reincida, y que eso repercuta en un aumento de los delitos.
La Fiscalía no comparte las proyecciones del ministerio, y alega que no hace más que aplicar una ley que fue impulsada por el propio Bonomi. En una entrevista con Búsqueda, el fiscal de Corte Jorge Díaz afirmó que “se ha intentado asociar la libertad vigilada con el CPP, pero no tiene nada que ver, porque es una ley anterior”. Y añadió que el uso del beneficio que hacían los fiscales no era “ilegal”. “Si no se quiere que se utilice ese instituto, que se modifique”, concluyó.
De esta forma, el proyecto de ley —que deberá aprobar el Parlamento— incorpora que ese instituto no pueda usarse en determinados procesos abreviados. Cuando los fiscales acuerden una pena con la defensa, en caso de delitos graves, esta deberá cumplirse en su totalidad en la cárcel.