De la embajadora Laura Dupuy Lasserre

Cabe consignar que no se entiende la insistencia en abordar un tema reiterada y erróneamente si no es con ánimo político, intentando presentar la situación como si hubiera algo espurio, puesto que los directamente afectados no han hecho en sus dilatadas carreras más que trabajar seria y responsablemente en beneficio del país, sea incrementando las oportunidades económico-comerciales —con cifras y logros concretos verificables—, sea promoviendo en los foros multilaterales temas caros a nuestra sociedad —con realizaciones igualmente constatables tanto en la negociación de instrumentos jurídicos y gestiones diplomáticas relevantes desde los años 90, como en el prestigio ganado por el país al ejercer con propiedad cargos de alta visibilidad.

Ahora bien, en su editorial destacada del jueves 18 de mayo poco más que celebra el hecho de que una embajadora de la República, con la experiencia multilateral reseñada, y que se desempeñó los últimos dos años como número 4 de la Cancillería con la mayor ecuanimidad, deba solicitar licencia sin goce de sueldo por varios años, en tanto no se logre conciliar trabajo y familia; olvidando que se trata de un principio constitucional recogido también en el Estatuto del Servicio Exterior y de aplicación diaria en la gestión de recursos humanos al momento de su designación al exterior, cuando se contemplan múltiples situaciones familiares, como ser el hecho de que el cónyuge pueda en lo posible desempeñarse profesionalmente en el país de destino, o atender cuestiones humanitarias relativas a la salud de los hijos. Se trata de algo propio a la gestión de recursos humanos, como en cualquier organización. Se intenta asignar los recursos humanos adecuados a la función y al mismo tiempo atender su situación familiar, pues no es cualquier trabajo; es uno que nos lleva lejos de nuestras familias más amplias por muchos años y el entorno próximo en ocasión de la adaptación a nuevas sociedades juega un rol muy importante en el desempeño de los funcionarios del Servicio Exterior.

Visto que Búsqueda se ha interesado en las “parejas” del Servicio Exterior, debo recordarles que no hay nada raro en ello y que las distintas administraciones intentan en la medida de lo posible asignarlas en la misma ciudad o país. De hecho, actualmente es el caso de otros dos matrimonios. En nuestro caso concreto, lo único llamativo y causante evidentemente de envidia es que ambos hemos llegado —por concursos de oposición y méritos— a ser embajadores. Y tratándose de una carrera competitiva, genera algunos informantes anónimos, que se dedican a poner obstáculos en la vida de otros colegas, en vez de a trabajar en pro del país. Es obvio que están usando un medio de prensa para servir a sus propósitos personales.

Para abundar en información sobre nuestro caso, aclaro que somos un matrimonio de colegas con un hijo menor de edad —de hecho, el único con hijo menor de edad— y ya en el destino anterior en 2009 merecimos una editorial de Búsqueda, aun cuando fuimos a dos ciudades diferentes y por tanto debimos criar a nuestro hijo, entonces de 4 años de edad, en un hogar monoparental, de forma de poder ejercer nuestra profesión y derecho a trabajar.

Respecto al tema de fondo por el cual entiendo se pretende cuestionar a la administración y a los funcionarios referidos, corresponde aclarar que en ningún momento se planteó abrir una nueva Embajada en Países Bajos, con todo lo que ello implicaría de recursos materiales, sino asignar un recurso humano extra, dedicado a atender en exclusividad los distintos temas multilaterales que se abordan en La Haya, algo que hacen otras muchas Misiones que cuentan con más de dos funcionarios, incluyendo a las latinoamericanas, para un correcto seguimiento no solo del sistema de monitoreo de armas químicas —con misiones in situ a Siria, por ejemplo—, sino de la Corte Penal Internacional y su Asamblea de Estados Parte en el Estatuto de Roma, teniendo Uruguay la candidatura a jueza de la Dra. Ariela Peralta; los procesos, jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia; la labor de la Corte Permanente de Arbitraje en diferencias entre de Estados, Organismos Internacionales y empresas privadas o sus combinaciones; las negociaciones de tratados y su administración por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en temas comerciales, familiares, o de ejecución de sentencias en el extranjero, entre otros; tribunales penales especiales tras conflictos armados y las múltiples oportunidades de cooperación técnica y académica en áreas de seguridad química en las industrias por uso dual de los agentes, derecho internacional, combate a la criminalidad organizada incluyendo en ciberseguridad al radicar allí las instituciones europeas de cooperación judicial y policial, entre otras. El respeto y evolución progresiva del Derecho Internacional, la justicia, la solución pacífica de controversias, la seguridad son objetivos no solo de las Naciones Unidas sino medulares a nuestra política exterior como Estado.

El hecho de que la propuesta de refuerzo funcional fuera a nivel de embajador conlleva un trámite formal de acreditación como representante permanente para distinguirlo del embajador bilateral, con el cual no habrá ninguna relación jerárquica de dependencia, como la que se invocara en alguna de sus cuatro editoriales. El hecho de que la credencial se presente ante el director ejecutivo de la OPAQ, porque su Acuerdo de sede prevé que se pueda designar un representante permanente, distinto al embajador bilateral, no quiere decir que sólo se siga el tema armas químicas. La asignación de temas corresponde solo al Estado que envía. El Estado receptor o sede se limitó exclusivamente a responder las formalidades protocolares para proceder a tal acreditación, nunca dijo que no fuera posible.

La intención tras la propuesta no es más que atender a una realidad funcional: se estaba cubriendo la agenda multilateral exclusivamente, pues absorbe la mayor parte del tiempo y se estaba descuidando la labor bilateral, en particular la económico-comercial, que esta administración busca reforzar. El potencial que existe de reforzar las corrientes comerciales con el país y con Europa se debe a su importancia estratégica, ya que por el puerto de Rotterdam entran cerca de 700 millones de dólares de exportaciones uruguayas de bienes al año. Se pretende dar un impulso sustancial según lo planteado oralmente y por escrito ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado por el Emb. Ricardo Nario. El que el mismo haya impulsado múltiples gestiones y negociaciones de apertura de mercados recientemente como director general y en sus 35 años de carrera debiera ser digno de valoración. Asimismo, se podría seguir contando con un recurso humano especializado en esa materia para apoyar otras negociaciones, de así entenderse oportuno.

Espero haber podido aclarar las dudas sembradas en la opinión pública, aunque reconozco que no todas las personas son conocedoras de cómo funcionan los servicios exteriores y sus normas y prácticas. Lamento que quienes sí las conocen las presenten de manera distorsionada y anónima. Puede existir siempre múltiples opiniones sobre cualquier tema, pero reitero que no ha existido ningún abuso de poder en la propuesta de destinos que concilia lo funcional y lo familiar, con una explicación objetiva de por qué se busca reforzar dicho destino.

Lo saluda atentamente,

Embajadora Laura Dupuy Lasserre

CI 1.608.330-1