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La aprobación de la ley que establece castigos penales para los empleadores por incumplimientos de las medidas de seguridad de sus trabajadores, provocó rispideces en la interna del gobierno y crispó al sector empresarial, pero la polémica parece lejos de acallarse. En la Suprema Corte de Justicia (SCJ) algunos consideran que la norma puede llegar a tener “algún problema” de adecuación a la Constitución, como sostienen algunos especialistas, pero estiman que la corporación va a intervenir en “muy pocos” de los recursos que eventualmente se presenten.
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La Cámara Alta votó el martes 18 el texto tal como llegó de Diputados, luego que los senadores del Frente Líber Seregni, de la Vertiente Artiguista y del Partido Socialista se plegaron tras una negociación, pese a que planteaban la necesidad de hacerle modificaciones.
La norma prevé penas de prisión de hasta 24 meses para aquellos empleadores que pongan en “peligro grave y concreto la vida, salud o la integridad física del trabajador”. La crítica mayor por parte de algunos constitucionalistas refiere a la posible violación del principio de legalidad, ya que —afirman— la norma utiliza conceptos vagos y deja librada a la reglamentación gran parte de sus detalles.
El catedrático de Derecho Constitucional Martín Risso consideró que la ley es “espantosa desde el punto de vista técnico”. Según afirmó el martes 18 en “El País”, la “remisión a la reglamentación para la tipificación del delito es algo claramente inconstitucional. No se puede defender seriamente”.
“Es verdad que pueden darse problemas de este tipo, pero tampoco va a haber una avalancha de recursos como mucha gente cree”, dijo a Búsqueda una alta fuente del Poder Judicial.
Explicó que para que la SCJ considere las posibles acciones de inconstitucionalidad debe demostrarse que se tiene un interés “directo, personal y legítimo”, como plantea la Constitución. “Es difícil que por vía de acción eso alguien lo pueda demostrar”, sostuvo uno de los informantes. Como ejemplo mencionó que si las cámaras empresariales presentan un recurso por esta vía, la misma puede ser rechazada, ya que les resultará complicado probar que tienen un interés “personal” y no “gremial o corporativo”.
La fuente indicó que “los procesos que pueden prosperar son aquellos presentados por vía de excepción”, que se plantea como defensa en el marco de un juicio cuando la norma sea aplicada. En este caso, cuando un empleador pueda ser procesado por un juez por esta norma, su abogado puede presentar el recurso, lo que suspende el proceso hasta que la SCJ decida.
“Quiere decir que falta mucho tiempo para pronunciarse en algún caso concreto todavía”, comentó ese informante.
“Si es mala, la iremos mejorando con el tiempo”, comentó ayer miércoles el presidente José Mujica sobre la cuestionada ley.
“Meter preso”.
Representantes del empresariado reconocieron a Búsqueda que aún no definieron una estrategia a seguir ahora que la ley está aprobada.
El presidente de la Cámara de Industrias, Javier Carrau, cuestionó que “varios senadores” habían dicho que no iban a votar el proyecto, pero luego “todos levantaron la manito”.
Informó que las distintas gremiales procurarán informes de los abogados constitucionalistas a fin de asesorarse y difundirlos “a todos los asociados” para evaluar los pasos legales a seguir.
Para el titular de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui, es “gravísimo” que la ley “no tenga ni una palabra sobre prevención” e interpretó que “entonces el objetivo es otro, es meter preso a algún empresario”.
Desde el sindicato de la construcción (Sunca), uno de los principales promotores de esta norma, su secretario general, Oscar Andrade, ratificó en una entrevista con Búsqueda su convicción de que es constitucional y dijo que se espera que haya una demanda al año “como mucho”. (Más información en páginas 12 y 13)
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