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Quiero agradecer a usted la republicana oportunidad de unir mi voz a la de muchos marinos y civiles vinculados al quehacer marítimo para expresar nuestra más profunda preocupación ante la posibilidad de que, sin estudios profesionales y abarcativos de la incidencia que los impactos perjudiciales a la formación naval y marítima en nuestro país, puede acarrear la venta de los predios correspondientes al área Miramar de la Escuela Naval.
Habiendo egresado de dicho instituto, en el año 1986 y 1987, fui becado para cursar un máster en Ciencias en Seguridad Marítima, en la World Maritime University (WMU), en Malmoe, Suecia, siendo el primer egresado uruguayo de dicha universidad internacional, creada en 1983, con los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Esas circunstancias nos permitieron desarrollar en nuestro país, dentro del ámbito de competencias de la Armada y con la colaboración de oficiales de la Prefectura Nacional Naval, el Sistema Nacional de Control de Derrames de Hidrocarburos, que fuera aprobado por Ley No 16.688 del 29/12/1994. Dentro de dicho sistema se desarrolló e implementó el Plan Nacional de Contingencia ante Derrames de Hidrocarburos, con planes locales, regionales y a escala nacional.
Es así que a fines de 1996 y principios de 1997 nuestro país se vio afectado por dos incidentes de importante impacto en nuestro ecosistema fluvial y marítimo. Nos referimos al hundimiento del B/T Litoral, en el kilómetro 12 del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, que afectara a toda la costa del departamento de Colonia y a la varadura del B/T San Jorge, el 8 de febrero de 1997. Con respecto a este último y por haber sido en el inicio de Carnaval, en plena temporada turística, la prensa transmitía: “Pocas cosas son tan descorazonadoras como una marea negra afectando las costas balnearias y su fauna marina”. Los medios internacionales daban noticia del desastre y difundían imágenes impactantes de la forma en que se vio afectada toda la costa desde Punta del Este hasta José |Ignacio y la isla de Lobos.
Estas circunstancias motivaron la presencia de expertos internacionales de diversas partes, como representantes de ITOPF (International Tanker Owners Polution Federation), quienes supervisaron todas las operaciones y los medios empleados, que habilitaron posteriormente el cobro de todos los costos incurridos en las tareas de control y mitigación del derrame. Otros expertos de Canadá y de Naciones Unidas (tres expertos de la NOAA) también asistieron a las operaciones dejando plasmadas sus impresiones sobre lo actuado por las autoridades uruguayas en sus respectivos informes. El experto Mr. Gary Sergy, mánager de Environmental Technology Centre de Canadá, expresaba: “El trabajo de las autoridades fue admirable, habiéndose adoptado las decisiones y acciones apropiadas con respecto al derrame”. Por su parte los expertos de la NOAA en su informe del 28 de febrero de 1997 decían: “La agencia de respuesta ha realizado una tarea digna de elogio y tomado las decisiones y acciones apropiadas para responder al derrame del petróleo del B/T San Jorge y con relación a las tareas de protección y limpieza de playas y aplicación de dispersantes” (Sres. Edwin Levine, Alan Mearns y Thomas R. Loughlin).
Finalmente, y tal vez lo más importante, con referencia a la forma y el éxito con que se enfrentó esta situación de verdadero desastre, deseamos destacar las palabras del entonces presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, que pronunciara en ocasión de su visita y primera videoconferencia desde la base Artigas en la Antártida: “Destaco especialmente a la Armada Nacional. Todo estaba pensado y preparado para que en la eventualidad de que ocurriera un episodio de estos se cumplieran los planes. Se tenía al personal entrenado, y sobre todo se pudo operar con la eficiencia con que se ha actuado. Si eso no está previsto, si eso no está estudiado, si el personal no está preparado, no se pueden hacer operaciones de este tipo y esto no se podría haber realizado”.
Recordamos con orgullo todos esos mensajes y resaltamos que, cuando se habla del personal interviniente, de las autoridades y de la agencia, se está referenciando a un número importante de marinos y personal del quehacer marítimo, navales y civiles, la mayoría que nos formamos o pasamos en diversas etapas de nuestra formación por la Escuela Naval, sus aulas, sus gabinetes, su simulador de navegaciones y situaciones, sus lugares de formación intelectual y física. Seguramente todos quienes participamos de esos eventos deseamos con firmeza y compromiso que esa preparación del personal continúe en su mayor nivel, permitiendo que las diferentes misiones que se deben cumplir para el país cuenten con la excelencia que se ha venido alcanzando hasta ahora en la preparación y adiestramiento de su personal. Seguramente también por ello 16 instituciones del quehacer marítimo nacional han adherido al pedido de no vender los predios de la Escuela Naval.
Es por ello que reiteramos nuestra preocupación por los destinos del Polo de Formación Marítima de excelencia que se viene desarrollando en el área Miramar.
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