La cifra negra del crimen

No hay vuelta que darle. Sin esos elementos iniciales que deben ser aportados por la policía, el fiscal y el juez no podrán iniciar una investigación. No importa si se trata del hurto de una gallina o de un homicidio, por tomar dos puntas de un abanico delictivo.

La joven argentina de 15 años, Lola Chomnalez, asesinada en Barra de Valizas el 28 de diciembre pasado, se ha convertido en bandera de la lucha contra la delincuencia impune a través de las expresiones públicas de sus familiares.

No es el primero ni el único caso que genera esas manifestaciones. Desde hace años, familiares de otros muertos por homicidio también se han expresado públicamente con similar reclamo: justicia. Y tienen razón. Pero no consideran que solo se logrará encarcelar a alguien si antes una investigación policial habilita la intervención judicial. Hasta ahora, la ineficiencia ha sido palmaria. La policía es, según la ley, auxiliar de la justicia, aunque el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pretenda a veces colocarse por encima para que los jueces decidan a su gusto. Cuando no ocurre, les atribuye responsabilidad o se queja en la Corte.

A través de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), los padres de Lola manifestaron desde Buenos Aires su “desolación” ante el estancamiento en la investigación: “clamamos claridad y justicia, por Lola y por todas las personas asesinadas salvajemente para que tengan voz y presencia a través de la nuestra. Justicia ya”.

Este caso, de mayor impacto público que otros homicidios, con algunos medios sembrando falsas expectativas, no es el único, ni el más antiguo, ni los familiares tienen el patrimonio del dolor. Decenas de familias se desgarran desde hace años ante la impunidad. Pero algunas cosas son políticamente correctas y otras no lo son.

La aplastante ineficacia policial surge de los datos oficiales que hace dos semanas publicó en “El País” Eduardo Barreneche sin que, pese a su gravedad, se le prestara la debida atención social o política. Tal vez porque el bosque de la inseguridad y de los homicidios ha crecido tanto que impide ver algunos árboles.

Desde 2011 la ineficacia ha ido en aumento. Ese año no fueron esclarecidos el 28% de los homicidios, en 2012 la impunidad llegó a 31%, en 2013 se ubicó en 43% y en 2014, con un récord de 262 homicidios, 46% de las muertes no fueron aclaradas. La Fundación Propuestas (Fundapro), vinculada al Partido Colorado, ha sostenido que el año pasado se cometieron 275 homicidios, un número mayor que el oficial. Representa una tasa de 8,3 cada 100 mil habitantes.

En los primeros tres meses de 2015 los asesinatos sin aclarar llegaron a 47%. La inflación parece incontenible.

Para quitarle revoluciones a la inseguridad, especialmente a su máxima expresión, el homicidio, Bonomi sostiene que muchos asesinatos no se aclaran porque son ajustes de cuentas. Como si porque los cometen delincuentes y los muertos son también delincuentes, se justificaran los magros resultados, como lo ha señalado en diversas conferencias la ex fiscal y profesora de derecho penal, Beatriz Scapusio.

La situación es dramática. Si a los homicidios sin aclarar le añadimos los desaparecidos, la angustia estruja los corazones. Aunque haya aparecido con vida la médica Milvana Salomone, quedan decenas en el limbo, en el mundo entre los vivos y los muertos.

En 2004, el Ministerio del Interior creó el “Registro y Búsqueda de Personas Ausentes” ([email protected]). Esos “ausentes” (pese al eufemismo, tan desaparecidos como otros), totalizan decenas de personas de diferentes edades, sexo y condición económica. Tal vez algunas se hartaron de sus parejas o familias y huyeron. También pueden haber sido asesinadas sin que aparecieran sus cadáveres. No se sabe. No han sido ubicadas.

Ahora Bonomi comparecerá ante la Comisión de Seguridad del Senado donde le pedirán explicaciones sobre recientes secuestros. Está muy bien. Pero los homicidios sin aclarar y los “ausentes” (en los que nada tienen que ver los “ajustes de cuentas”), debido al tiempo transcurrido y a su número, parecen ser temas de mayor importancia.

El ruido público que provocan algunos hechos coyunturales, su proyección mediática por encima de otros o el desinterés político van sepultando los dramas de muchos.

Los datos sobre los delitos nunca aclarados constituyen lo que los especialistas definen como “cifra negra de la criminalidad” (término acuñado por el fiscal japonés Shigema Oba) y dejan en evidencia la turbiedad global de los datos, la ineficacia para aclarar delitos y la orfandad de la sociedad.

Así estamos.