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Las recientes declaraciones públicas del presidente del BROU dirigidas al fiscal Juan Gómez (“la estrategia del fiscal se cae a pedazos”) fueron hartamente desafortunadas. Es una falta de respeto dirigirse a un fiscal en esos términos, siendo el único fin que persigue la justicia, sea quien sea el indagado. Quizás Fernando Calloia no entienda que el Ministerio Público y Fiscal persigue la defensa de la sociedad en su conjunto y ningún interés propio. Sus palabras representan una ofensa a toda la magistratura y a la sociedad en su conjunto ya que vivimos en Estado democrático de derecho.
Una vez conocido el fallo por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia, no haciendo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Fernando Calloia sobre el pedido de procesamiento por un delito de abuso innominado de funciones, el Dr. Gonzalo Fernández, abogado defensor del presidente del BROU, presentó un escrito solicitando la desacumulación de los expedientes y de esta manera retrasar más la sentencia de la jueza Adriana de los Santos. Si se hace lugar a la petición de la defensa, se presentarían dos cartas firmadas, una por la Embajada de Venezuela y otra por el empresario argentino Carlos Molinari, en las cuales se afirmaría que nunca se realizaron gestiones en el banco con el fin de conseguir el aval para participar de la subasta de los aviones.
De esta forma se lograría probar que el único interesado en la subasta fue la empresa Cosmo, representada en el remate por el “caballero de la derecha” y que por ende no se perjudicó a ningún postor, lo que a su entender lo eximiría del delito por el cual tiene pedido de procesamiento. Es insólito que el presidente del BROU vierta tales declaraciones y no lo haga su representante legal, quien no atiende los teléfonos a la prensa. Más inaudito aún es que estando a mediados de marzo de 2014, permanezca en su cargo.
De la vista fiscal se desprende que no existió puja en el mencionado remate y que el único autorizado, ya que contaba con el aval —requisito excluyente para ofertar por las aeronaves— era la empresa Cosmo. También se desprende claramente que Fernando Lorenzo en su carácter de ministro de Economía operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Y, por su parte, Fernando Calloia, aceptando esta situación irregular, instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval.
El delito de abuso de funciones es regulado por el Código Penal y establece: “cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares”.
Quizás Calloia, en su calidad de economista y experto en otorgar avales en tiempo récord, no logre comprender el daño que le causó a la Administración. Si hubiese existido puja, el escribano público Pablo Seitún no hubiese sido procesado por el delito de certificación falsa por funcionario público, ya que labró acta dejando sentado que existió puja. Si no existían oferentes al momento del remate, ¿por qué no se pospuso para otra fecha en vez de otorgar un aval bancario a una empresa desconocida sin ningún tipo de garantías? Hay que recalcar que el primer remate que se iba a celebrar en el tercer piso del Aeropuerto de Carrasco había sido suspendido por falta de oferentes. ¿Por qué no se suspendió nuevamente?
Independientemente de si Calloia logra probar que la empresa Cosmo fue la única interesada en el remate y no se perjudicó a ningún postor, el delito está claramente consumado por la forma en que se procedió y porque el daño a la Administración es altamente calificado. De su declaración surge que un aval por ese monto lleva normalmente un estudio de Directorio de entre treinta y noventa días. El aval a Cosmo se dio en menos de tres horas y, de hecho, la investigación por el otorgamiento del mismo fue de oficio y no por denuncia de parte, lo que afirma más aún que no hubo puja. El tipo penal por el cual recae su pedido de procesamiento es ajustado a derecho. Lamentablemente es Calloia quien se cae a pedazos, independientemente de su periplo judicial; se cae a pedazos frente a la sociedad por su arbitrariedad en la gestión del aval, en un tema tan delicado, que será la mancha negra de la década, por lo que significó el cierre de nuestra única e histórica aerolínea de bandera.
Es increíble el circo que se armó en torno al remate, a tal punto que el representante de Cosmo llegó a la subasta sobre la hora y un guardia de seguridad no lo quería dejar pasar cuando él era el único que podía ofertar con un aval irregular. El resto del público que se encontraba dentro del recinto era puro relleno y hasta me animo a decir que algunos eran cómplices de la estratagema montada.
Sería conveniente que Calloia se diera un baño de humildad y procediera de la misma manera que lo hizo el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Calloia, antes que presidente del BROU, es ciudadano y tiene todo el derecho de defenderse y probar su inocencia si hubiera lugar, pero deje su cargo en el banco estatal, que tan galardonado ha sido y dele paso a un presidente que al menos no confiera un aval en tres horas. También tenga la dignidad que tuvo su compañero y hágase cargo de pagar de su bolsillo los honorarios profesionales al Dr. Gonzalo Fernández.
Por otro lado quiero resaltar que las declaraciones públicas de Calloia apuntando al fiscal de la causa, Dr. Juan Bautista Gómez, así como las mencionadas por el director de una agencia de noticias uruguaya, no hacen más que agraviar públicamente al fiscal Gómez y alentar un descreimiento en la Administración de Justicia fomentando una falsa presunción de que el Dr. Gómez obedece a fines ajenos a los que su cargo le compete.
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