Laboratorios objetan compras del Estado de fármacos asiáticos

“Nuestra posición no es solicitar proteccionismos sino incentivos a la inversión en tecnología, mano de obra, etcétera”, declaró.

La directora ejecutiva de la UCA, Solange Nogués, dijo a Búsqueda que entre los criterios de compra predomina “el precio” y que “es muy poco lo que se adjudica por otra razón”.

Consultada sobre si las adjudicaciones son en su mayoría a productos importados dijo: “No lo medimos, no lo podemos mirar desde ese punto de vista. Para nosotros todo medicamento que está habilitado, que tiene registro del Ministerio de Salud Pública (MSP) para ser comercializado y cotiza, puede ser comprado por el Estado”. El objetivo de la oficina es “comprar en la mejor condición de calidad y precio”, reafirmó.

Según un informe de la UCA, del último llamado de medicamentos realizado, hubo 3.396 ofertas del total de ítems licitados, de las cuales 2.007 correspondieron a productos nacionales y 1.389 a productos importados, pero no detalla cuáles fueron aceptadas. Un pequeño porcentaje de las propuestas (entre 2% y 8%) correspondió a fábricas nacionales y empresas de reducido porte beneficiadas por regímenes promocionales. Hasta el momento la UCA adjudicó compras por unos U$S 63 millones, se desprende del informe.

Un grupo de laboratorios interpuso en marzo un recurso de revocación de un reciente llamado cuestionando aspectos formales.

La ALN sostiene que, para las licitaciones públicas, “no puede ser lo mismo producir en el país que importar”. Y reclama que el marco normativo que se consensuó en un ámbito tripartito en la órbita del MIEM se materialice a fin de incentivar a la industria nacional, que “soporta la presencia de actores externos” en el mercado local y al mismo tiempo enfrenta “trabas” para exportar en los mercados regionales.

Según las fuentes de Industria, “algunos actores entienden que el gobierno no establece exigencias adecuadas para las importaciones de medicamentos, en particular dado que no se inspeccionan los laboratorios de origen (...), práctica habitual en Argentina y Brasil”. 

En el Parlamento, directivos de la ALN plantearon  que es necesario fortalecer el sistema regulatorio y el “contralor de los productos importados”. Propusieron, además, que se inspeccionen las plantas en el exterior “con el mismo criterio y rigor que se aplica a las instalaciones industriales radicadas en el país”.

Acerca del control de calidad de los medicamentos, Martínez bregó por la “estricta aplicación de un decreto de 2007 relativo a los productos importados y “particularmente en la adjudicación en una licitación pública”. Esa norma “existe y el MSP la está aplicando”, aunque opinó que el control “se puede hacer con mayor rigor”.

Nogués dijo que eso no está dentro de los cometidos y facultades de la UCA.

Programa “Farma”.

En ese marco, el MIEM planteó en marzo ante el Ministerio de Economía la idea de crear, mediante un decreto, un mecanismo preferencial para los fabricantes nacionales de medicamentos en las adquisiciones públicas.

En el texto redactado por el MIEM se considera a la industria farmacéutica “estratégica” para el “desarrollo tecnológico” del país y propone crear un subprograma que beneficie al sector, reservando un porcentaje del mercado de las adquisiciones estatales. Para acogerse al mismo los laboratorios deberán acreditar el carácter nacional de su producción (35% de integración local)  y estar realizando o haber finalizado un proceso de mejora de gestión. Ese último punto constituye la “contrapartida” y consiste en que la empresa acredite tener o esté en proceso de conseguir la certificación OMS 2003 o tenga la norma ISO-9001 o su equivalente vigente.

Según las fuentes oficiales, la exigencia de estas buenas prácticas de fabricación podría constituirse en una ventaja competitiva para el acceso a mercados más exigentes.

Este subprograma se enmarcaría, en la ley Nº 18.362 de 2008, que creó el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo y bajo la cual se delineó la “reserva de mercado” de 10% para las pequeñas y medianas empresas, además de márgenes de preferencia en el precio cuando compiten con compañías extranjeras para ser proveedoras del Estado. El borrador del decreto para el sector “Farma” establece que las empresas que cumplan con los requisitos podrán presentarse a la contratación pública “invocando explícitamente el mecanismo de reserva de mercado para aquellas compras cuyo monto por ítem en cada llamado no supere en una vez y media” la cifra máxima fijada para la licitación común. 

Pero agrega que esa preferencia no se aplicará cuando el mejor precio que se amparara bajo el mecanismo de reserva de mercado “supere en un 16%” el precio unitario más bajo presentado por otro cotizante. Las fuentes del MIEM explicaron que eso se estableció “para que la reserva no garantice al nacional que le puede vender al Estado a cualquier precio”.

La ALN defiende la puesta en práctica de esta normativa, ya que afirma que va en línea con lo que hacen otros países de la región. Como ejemplo, señala que en Paraguay rige una protección en las compras estatales que va del 20% al 40% según los rubros y en Ecuador el mercado está prácticamente cerrado, ya que se puede vender “todo aquello que no sea producido por su industria nacional” y en Brasil se practica una política “de instalación” favoreciendo las inversiones y “mirando con simpatía” que los participantes del sector se asienten en ese último país.

En Uruguay, la industria farmacéutica la componen más de 40 empresas (entre laboratorios de multinacionales y fabricantes nacionales) que emplean a unos 3.000 trabajadores y exportan algo más de U$S 50 millones al año.