Ese es el diagnóstico que comparten las cinco principales gremiales empresariales del país (la Asociación y Federación Rural, las cámaras de Industrias, Mercantil de Productos del País, y la de Comercio y Servicios) y que consta en un documento que presentarán hoy jueves 8 en la Sala Movie del Montevideo Shopping. Otras 17 instituciones —Asociación de Bancos Privados, de Promotores Privados de la Construcción, de Broadcasters, de la Micro y Pequeña Empresa, la Cámara de Armadores Pesqueros, de la Construcción, de la Industria Frigorífica, del Transporte, de la Alimentación, de Empresas Suministradoras de Personal, de Turismo, de Almaceneros Minoristas, Baristas Autoservicistas y Afines, el Centro de Navegación, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre y la Liga de la Construcción— adhieren al documento, titulado “Aportes para una agenda de mejora. La competitividad y el desarrollo de Uruguay”.
Las cámaras y asociaciones empresariales señalan que tras una década de crecimiento, Uruguay entró desde 2012 en una nueva fase del ciclo económico donde “salieron a luz un conjunto de problemas que comprometen el nivel alcanzado y dan una señal clara de las limitantes para repetir” la performance del último decenio. Diagnostican esta situación como de “pérdida de competitividad”.
Para analizar dicho tema desglosan el índice de Competitividad Global que realiza el Foro Económico Mundial y en cuyo ranking Uruguay retrocedió 11 lugares en 2012, ubicándose en el puesto 74º de un total de 144 países. Destacan que con esa posición, Uruguay sólo supera en la región a Argentina, que ocupa el lugar 94º.
Además, analizan los precios y costos relevantes a la hora de competir en Uruguay y los contrastan con los de Chile, Brasil y Argentina. De eso surge, por ejemplo, que la energía es más cara, tanto sea para consumo industrial o residencial, y lo mismo ocurre con el fuel oil, la nafta y el gas oil.
El costo de transportar 28 toneladas por carretera en una distancia cercana a 200 kilómetros en Uruguay casi duplica el que se paga en Brasil por el mismo recorrido (U$S 840 contra U$S 428).
“Producir en Uruguay tiene en la actualidad la dificultad de pagar sumas superiores a las de otros países por insumos y otros componentes del valor agregado. Por lo tanto hay una sumatoria de elementos que explican las dificultades para colocar la producción de nuestro país en condiciones de libre comercio en forma sostenible”, afirman los empresarios.
Y añaden: “la visión general del problema de la competitividad de la economía uruguaya desnuda dificultades en varias áreas sensibles, y en aquellas donde se producen mejoras, (se observa) un ritmo de progreso por debajo de lo que hacen otros países, por lo que es difícil salir de una posición mediocre en el comparativo internacional”.
Atraso cambiario
Luego profundizan en el análisis de la competitividad medida por el tipo de cambio real (TCR), que relaciona la evolución de la cotización del dólar y la inflación en Uruguay y otros países con relevancia como socios comerciales.
Sobre ese punto, las gremiales empresariales sostienen que en los últimos dos años la economía “ingresó en una zona de peligro para el sector productivo, con una apreciación real que supera el 20%”. Agregan que “hay consenso” en dimensionar en ese orden la magnitud del “atraso”.
La caída del TCR que estima el Banco Central fue “persistente en los últimos diez años” y alcanzó un “nivel tan bajo que se puede comparar con el imperante poco antes de la devaluación de 1982, y 20% por debajo del nivel posterior a la devaluación de Brasil en 1999”, advierten.
Puntualmente con Brasil, la caída en el último año en el TCR bilateral fue de 17% a mayo de 2013. Con Argentina, Uruguay está 5% más caro según el tipo de cambio oficial, pero 63% si se tiene en cuenta el valor del dólar paralelo o “blue”.
“Esta realidad pone en primer lugar de la escena otras políticas macroeconómicas diferentes a la monetaria como mecanismo para que el TCR se incremente. La política salarial debe contemplar el aumento de la productividad de la mano de obra para que los incrementos en los salarios reales no se trasladen a los costos de los bienes y servicios no transables. La política del gasto público tiene que atenuarse en momentos de expansión de la economía y no exacerbar el costo de la mano de obra”, afirman en el documento.
Hay que “tomar conciencia” del desequilibrio, “actuar en el corto plazo para evitar que se agrave, o se presenten fuertes oscilaciones, y en el mediano plazo para lograr un nivel de equilibrio compatible con la mejora del salario real”, reclaman.
Gasto e infraestructura
En el documento también se aborda la situación fiscal y los mayores egresos del Estado, en vistas de la proximidad del ciclo electoral. “Como la tendencia al alza en el gasto público supera largamente la capacidad de recaudar, (se) pone en tela de juicio el cumplimiento de déficit estimado por las autoridades para el presente año (2,1% del Producto Bruto Interno), especialmente al ser 2013 y 2014 años preelectorales”, advierten los empresarios.
Las cámaras plantean que, en ese marco, “la estrategia actual de las autoridades debería tener como objetivo central controlar y mejorar la eficiencia del gasto, llevando adelante una política de trazabilidad” de las erogaciones.
Citan una estimación de la Cámara de Comercio y Servicios según la cual si entre 2005 y 2012 se hubiera aplicado una “regla fiscal” de incremento anual del gasto del gobierno central no superior a 3% en términos reales, se hubieran ahorrado U$S 5.900 millones en ese período (unos U$S 733 millones anuales). Con ese dinero se podría haber financiado la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha que impulsa la administración del presidente José Mujica, o mejorar la infraestructura ferroviaria.
Las gremiales empresariales abogan por “implementar una profunda reforma” del Estado que incluya la incorporación de “prácticas de gobierno corporativo” y que se aumente la eficiencia mediante calidad de la educación, la Justicia, la salud y la seguridad ciudadana. Además plantean “ajustar el funcionamiento de las empresas públicas y la fijación de sus precios a un esquema” en que sean “competitivos”. Una propuesta concreta en ese plano es que los entes abran su capital en el mercado bursátil.
A juicio de las gremiales, existe un “sistema de regulación excesivo” sobre las actividades económicas, por lo que es “importante impulsar la desmonopolización de mercados” para lograr la reducción del precio del bien y la mejora en la calidad. Señalan como ejemplo el mercado de los derivados del petróleo, un insumo básico para los sectores productivos que “incide fuertemente en la competitividad” del país. Agregan que además las empresas públicas participan en otras sociedades que compiten con empresas del sector privado.
Según las cámaras, una “parte importante de la pérdida de competitividad radica en la necesidad que tiene el sector privado de cubrir con provisión privada los malos servicios públicos”.
Además, se quejan por lo que consideran es una insuficiente inversión pública en infraestructura y plantean que se promueva la “participación del capital privado de forma sistemática” en ese tipo de emprendimientos, “desarrollando un mercado de capitales doméstico que permita financiar las grandes inversiones, así como impulsando la concreción de proyectos a través de los contratos de participación público-privada”.
En relación a la enseñanza, proponen combinar “políticas que garanticen una mejor educación primaria junto a una mayor rendición de cuentas”, hacer pruebas de egreso de los alumnos y también “evaluaciones a los docentes junto con programas de incentivos y mayor autonomía para las escuelas” a la hora de ejecutar el gasto. Las medidas orientadas a mejorar la distribución del ingreso no encontraron un “sano equilibrio” con la “distribución de capacidades”, lo que “genera incentivos inadecuados para los jóvenes en la etapa formativa”, plantean.
En materia de seguridad pública, afirman que debido a los altos niveles de delincuencia las empresas tienen que asumir mayores costos. Citan cálculos que los cuantifican en 3,1% del Producto, aunque según las gremiales empresariales dichos costos, en particular los intangibles, “pueden ser seriamente subestimados” dadas las “complejas ramificaciones del impacto del crimen”.
Relaciones laborales
Otro aspecto que se aborda en el documento son los vínculos laborales. El empresariado entiende que en los últimos años se introdujeron “enormes rigideces” en esta área, en especial a nivel salarial, y advierte que ello tendrá consecuencias “no deseadas en el empleo” en momentos en que la economía se debilita.
“Es difícil pretender que el TCR aumente sin que exista una caída del salario real”, sostienen.
Proponen perfeccionar el sistema actual, de modo de contribuir a mejorar el clima de negocios. Entre sus iniciativas están: modificar la regulación laboral y las prácticas del Ministerio de Trabajo cumpliendo con las recomendaciones internacionales y derogar el decreto que reglamenta las ocupaciones de los lugares de trabajo, puesto que “viola derechos fundamentales como la propiedad privada, libertad de empresa y de trabajo” de quienes no comparten la medida de conflicto.
En relación a los salarios, plantean que haya instancias tripartitas solo para definir mínimos por categoría y que los aumentos y las condiciones laborales se negocien en forma bipartita.
También proponen la creación de incentivos para que las firmas acuerden en una negociación exclusivamente con los trabajadores pagos por productividad, y que haya “mecanismos ágiles y automáticos para que opere el descuelgue de empresas del convenio de rama usando “indicadores simples”, sin exigir “estados contables o el acuerdo sindical”.
