Los cromañón, viven

En julio de 2003, una reforma del Código Penal estableció por la ley 17.677 penas de entre 6 y 24 meses de prisión para quienes protagonicen “actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual”.

Considerar los cursos como un lavado de cerebro solo significa una cosa: “nadie va a cambiar mi forma de pensar”. En otros medios, Prates justificó la prohibición de que bailaran juntas dos mujeres porque los niños pueden preguntar qué hacen dos señoras bailando y reivindicó su decisión en una “defensa de las buenas costumbres”.

Si a esos antecedentes le sumamos que dijo desconocer la existencia de una ley “que privilegiara a las parejas del mismo sexo” —en suma, que sin la ley las mujeres son menos que los hombres—, está todo dicho: sale, baila y regresa a la caverna.

Una semana después, en un comunicado, Prates y Otero dicen que todo “fue un mal entendido” y que no tuvieron la intención de “invalidar derechos”. ¡Cómo creerles! Nada de disculpas, retractación, ni admitir asistir a los cursos o que permitirán que bailen parejas del mismo sexo.

Algunos consideran que estos hechos no debieron tener relieve, que son secundarios y generan escándalos sin sentido. Esos mismos dicen lo contrario cuando alguien les rompe el vidrio del auto para robarles, los rapiña o estafa. Son tan delitos estos como el que presuntamente cometió Prates, y ningún afectado haría la vista gorda a un robo, una rapiña o una estafa.

Otros sostienen que son personas mayores a quienes no se les puede exigir cambios rápidos. Prates tiene 73 años. Cuando se aprobó la ley 17.677 tenía 62 y los movimientos por la diversidad más de 20 años. ¿Cuántos años tienen los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle, Luis A. Lacalle, José Mujica y el actual, Tabaré Vázquez? Más que Prates.

No comentaré opiniones sin fundamento sobre la cultura tanguera porque lo hizo con erudición la semana pasada en Búsqueda Antonio Pippo en una columna que con elocuencia tituló “La estupidez humana”.

Esa retrógrada estupidez generó un gran revuelo popular con repercusión en el Estado. Ni los jueces ni los fiscales penales que estaban de turno intervinieron para citar a Prates y a Otero e indagarlos por su violación a la ley. En otros casos los magistrados utilizan la “alarma pública” para justificar sus decisiones.

El hecho fue un llamado de atención a todos los ciudadanos para que tomen conciencia de la importancia de la diversidad en una sociedad democrática. En todos los sectores son frecuentes la mofa y los actos de violencia moral o física, de odio o desprecio contra una o más personas por el color de su piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual, como dice la ley. El domingo 22, en la Plaza Fabini, centenares de personas bailaron con personas del mismo sexo marcando el camino.

Veremos qué sucede a partir del 11 de abril cuando termine el plazo de suspensión con que la IM sancionó a “Yunta Brava” para utilizar la Plaza Fabini. Parece razonable mantener el espacio para continuar con la divulgación del tango. Lo que también parece claro es que Prates y Otero no sigan como concesionarios. Si quieren organizar peñas tangueras con discriminación que las hagan en su caverna con el resto de los homínidos.