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Penalizar el uso de drogas es criminalizar a sus adictos. La prohibición genera el negocio ilegal y éste el crimen organizado. Los adictos criminalizados son puestos en manos del crimen organizado y juntos expanden el narcotráfico. Penalizar a los adictos es quitarles el derecho a ser tratados como pacientes y ciudadanos a educar. Penalizar a los adictos dota al crimen organizado de una enorme base social de apoyo que utiliza para intentar corromper nuestras instituciones democráticas.
Se sostiene demasiado a menudo que la economía liberal propone una solución: la liberalización de las drogas. Nada que ver. La economía liberal es inconcebible sin un ciudadano libre e independiente en sus juicios. Adicto significa esclavo y uno muy particular: aquel que habiendo sido hombre libre quedó esclavo de otro por deudas. El adicto se vuelve esclavo del traficante, con o sin penalización. Si la sociedad decide abandonar la política de prohibición, no existe ningún fundamento para liberalizar. Muy por el contrario, se trataría de establecer una fuerte regulación. Y para regular se debe tener prudencia: no existe ningún fundamento científico para regular con base en la idea de que legalizar la marihuana alejará a nuestra juventud del flagelo de la pasta base.
Aparte de la prohibición, otros tres tipos de instrumentos se podrían aplicar —teóricamente— para combatir bienes no deseados: impuestos, restricciones y producción estatal. Los impuestos específicos buscan desincentivar el consumo y volcar lo recaudado a salud y educación para combatir el flagelo. Las restricciones de espacio liberan áreas públicas donde se prohíbe el consumo: como es el caso del tabaco. A veces, estos dos instrumentos regulatorios se acompañan por la producción directa por parte del Estado: como ha sido el caso de Ancap y los alcoholes. Pero precisamente esta experiencia muestra que las razones que la motivaron —garantía de calidad por razones de salud— son muy difíciles de mantener a lo largo del tiempo, sin que se aliente una producción estatal/comercial que termine ampliando el consumo. La prohibición es un instrumento necesario en determinadas circunstancias y para determinado tipo de bienes no deseados, y no se debe renunciar a su aplicación de modo genérico. Nadie querrá legalizar la droga krokodil que devora literalmente a sus adictos.
No existe una razón económica para preferir uno u otro tipo de instrumento. En todo caso, técnicas de análisis costo-beneficio permiten comparar entre los instrumentos y concluir en lo obvio: que la prohibición no solo no redujo la demanda ni la oferta de drogas, sino que generó a la sociedad una serie de costos que están resultando insoportables: inseguridad ciudadana y alta exposición de las instituciones democráticas a la corrupción. En síntesis, debilitamiento del espacio y la institucionalidad públicos.
En el mundo, el narcotráfico amenaza la seguridad de todos y beneficia a muy pocos que viven en territorios “liberados”, que en realidad son pequeños y vulnerables. Es una decisión política postergada a nivel mundial atacar a este enemigo en su madriguera. El resto del narcotráfico se distribuye en una enorme cantidad de delincuentes en cada país, que domina a su vez a una inmensa masa de adictos. De acuerdo con las Naciones Unidas, el tráfico de drogas equivale a un 8,5% del PBI Mundial: 615.000 millones de dólares para el 2012, lo que equivale a 12 veces el PBI del Uruguay. La ganancia que genera queda en manos de los pocos dueños del negocio y éstos la usan para comprar privilegios a través de la corrupción de nuestras instituciones con el propósito, en primerísimo lugar, de evitar ser detenidos y seguir captando el mayor beneficio posible. Y si son detenidos, para soportar la cárcel con privilegios y salir cuanto antes. Mientras se ríen de nuestras instituciones, invierten para que no se modifique de ningún modo el estatus ilegal de su exitosa profesión.
El narcotráfico amenaza a nuestra nación, a su territorio, a su institucionalidad y a su población. La guerra al narcotráfico es un asunto de defensa de la nación: militar y policial.
El país se encamina a una guerra al narcotráfico internacional. La frontera deberá ser invulnerable. No alcanzará con atrapar a un X% de los narcotraficantes que ingresan droga al Uruguay. Se debe apuntar a eliminar todo intento de violación de frontera; de lo contrario, se pierde la guerra. La mejor tecnología será imprescindible, la inversión en radares militares de última generación es una prioridad.
Según datos oficiales, 650.305 uruguayos han consumido marihuana, 201.594 cocaína y 35.767 pasta base. Esta es la enorme base social del narcotráfico en el Uruguay y las cifras muestran el impacto que tendrá la regulación que eliminará el mercado ilegal de marihuana. Habrá represalias. La despenalización del tráfico de marihuana iniciará una guerra al narcotráfico con un fuerte golpe, pero la cocaína aún mantendrá buena parte del negocio ilícito y exigirá la definición de una siguiente política específica: ¿el Estado producirá cocaína? Lejos de la imagen de un paraíso de drogas, el Uruguay camina a posicionarse como un país que toma acciones directas en contra del narcotráfico y la corrupción que éste promueve. Tomemos conciencia.
A largo plazo, la despenalización podría permitir —bajo adecuadas condiciones de regulación— que la sociedad aprenda a manejar el flagelo de las drogas, como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. En las actuales circunstancias, mantener la prohibición convierte a los consumidores en criminales y desincentiva el desarrollo de comportamientos responsables. Pero en cualquier escenario de política es imprescindible que el Estado realice una profunda y sostenida campaña de concientización sobre los riesgos asociados al consumo de drogas con instrumentos pertinentes para todo tramo de edad y condiciones sociales y educativas: las tempranas edades de inicio que se observan en el consumo de marihuana y de allí a otras drogas así lo exigen. Ya se está haciendo en el caso del tabaco y el alcohol. ¿Qué nos está deteniendo en el caso de las drogas?
