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    N° 1999 - 13 al 19 de Diciembre de 2018

    , regenerado3

    A esta altura, la gestión del ministro Eduardo Bonomi parece haber superado, largamente, todo lo tolerable. En los últimos días, si algo más era necesario, ha sumado varios desaciertos mayúsculos, de esos que no solo afectan el grado de eficiencia de una gestión, sino que representan, fundamentalmente, una patética muestra de atropello oficial a los ciudadanos y una injustificable falta de respeto hacia los principios y valores esenciales que deben enmarcar la actuación de un ministro de Estado.

    No es ya solo cuestión de que la gestión Bonomi nos regale estadísticas dramáticas e impactantes, que ponen de manifiesto que el grado de inseguridad y violencia en nuestro país supera cualquier comparación histórica propia y también —además— cualquier comparación que se quiera realizar con países de la región. Ahora se trata —lamentablemente— de un ministro del Interior que empuja a manifestantes, miente descaradamente, justifica después sus empujones invocando que primero lo rozaron o desplazaron, se ocupa de escrachar públicamente —en función de sus antecedente penales— a personas que participaban en la protesta, manda a no reprimir a revoltosos que realizaron desmanes en el centro de Montevideo protestando contra la cumbre del G-20 en un país vecino y actúa en forma poca clara y precisa, durante largos días, con relación a la verdadera razón de la muerte de un recluso, ocurrida el 10 de octubre pasado, que durante días figuró como muerto por una puñalada y resulta que murió en realidad a causa de disparos con balas de goma y patadas que recibió de los guardias.

    El primer episodio se dio en el norte del país, cuando jerarcas del gobierno participaban de la inauguración de la reparada Ruta 30. Para asombro de quienes seguían el acto por televisión, en determinado momento se advierte que Bonomi se para dando la espala a tres personas que pretendían desplegar una pancarta y los empieza a empujar, para atrás, con toda su humanidad posterior y, básicamente, con su propio trasero. Minutos después, cuando en medio del asombro y la vergüenza generalizada fue consultado por el episodio, optó en primera instancia por negarlo, o sea lisa y llanamente por mentir, pero después, cuando advirtió que existían filmaciones que lo ponían en evidencia, pasó a reconocer sus empujones —o sea su agresión— pero pretendió justificarse remarcando que primero fue desplazado por los propios manifestantes. Aún cuando otro video de difusión posterior mostró que efectivamente el ministro fue rozado y desplazado levemente por los manifestantes, es tan patético ver y sentir como un ministro del Interior puede mentir sin descaro —hasta que debe sucumbir ante las filmaciones— como apreciar que, ese mismo ministro, que tiene en sus manos todo el manejo de la Policía del país, puede pretender justificar su injustificable agresión por un simple empujón previo.

    Sin que existiera reacción alguna de los agredidos, los guardias de seguridad que acompañan siempre en buen número al presidente y a sus ministros en sus respectivos desplazamientos redujeron rápidamente a los manifestantes y los llevaron detenidos. Claramente se asistía a un acto violatorio de la Constitución de la República y tantas otras normas y principios que amparan la libertad de expresión y hasta la protesta ciudadana, por lo que horas después el Ministerio del Interior se vio obligado a “aclarar” que la actuación de sus funcionarios se debió a que reconocieron a uno de los manifestantes como una persona con antecedentes, por lo que actuaron con premura para evitar que el peligroso sujeto optara por agredir al jerarca.

    Quedó en clara evidencia —enseguida— que toda la trama y el relato solo pudieron ser montados después de los hechos, ya que nadie puede asumir que los guardias reconocieron tan rápidamente —en apenas segundos— a una persona con antecedentes del año 2011, pero al margen de ello y de lo mucho que eso representa, lo peor de todo, porque ya las mentiras a esta altura no sorprenden, es que el gobierno frentista, por segunda vez en pocos años, utiliza el deplorable recurso de violar normas y principios esenciales para escrachar públicamente a una persona, que además ya está en libertad, por el solo hecho de protestar, pacíficamente, por la gestión del gobierno. Es difícil imaginar una actitud más fascista y totalitaria que esta, donde el Estado utiliza sus registros, legalmente reservados, para “vengarse” de quien se anima a “criticarlo” en público, emitiendo para ello un comunicado oficial. También hay que remarcar, con un dejo de dolor y preocupación, que tan impactante como ese atropello es el silencio indecoroso de muchos jerarcas del Frente Amplio y de los capitostes del movimiento sindical que miraron para el costado y nada o muy poco hicieron. Resulta, a su vez, una gran paradoja que algunos, que no tienen antecedentes formales por los asesinatos y otros varios delitos graves que cometieron en función de la generosa amnistía que se les otorgó en su momento, pretendan que quien tiene un antecedente por homicidio del año 2011, pero está ya gozando de la libertad, no pueda participar en un acto de protesta, cuando ellos mismos, que hoy ocupan cargos relevantes en el gobierno, cometieron delitos igual de graves.

    La no actuación de la Policía por orden directa de Bonomi en ocasión de los desmanes ocurridos en las protestas contra la reunión del G-20, merece a mi juicio estar en esta lista de claudicaciones graves del ministro, porque todo hace suponer —con bastante lógica-—que su orden no respondió a un simple error de cálculo —sea grave o no— sino a su condicionamiento ideológico ante cumbres de este tipo. De esa forma, Bonomi habría puesto en riesgo real y serio a los ciudadanos de Montevideo y a sus bienes, para ser coherente con su forma de pensar y sentir política, dejando a sus “compañeros” en libertad de acción.

    Las inexplicables contradicciones que se dieron con relación al preso que, finalmente, no fue muerto por otro recluso, sino por los propios guardias ocupados de su custodia, amén de ser otra muestra de la cámara de torturas que son nuestras cárceles después de 13 años de gobierno frentista, donde se violan sistemáticamente derechos humanos que la izquierda dice priorizar, ponen de manifiesto —una vez más— verdades que se ocultan o maquillan sin mucho esfuerzo.

    Frente a este prontuario de Bonomi, estamos hoy a pocas horas de que se vuelva a plantear una moción de censura en su contra. Debería estar claro para todos que un ministro del Interior que agrede a manifestantes, miente descaradamente y promueve escraches a ciudadanos violando obligaciones indiscutibles de reserva, debería ser —finalmente— apartado de su cargo. Como tantas veces ha pasado con la mayoría oficialista, nada podrá ocurrir si todos sus legisladores se amparan, cómodamente, en la disciplina partidaria, dejando de lado otros principios mucho más trascedentes y esenciales. Parecería que ha llegado la hora de jugarse la ropa y ganarse el respeto de la gente, no por “proteger” siempre al compañero, sino por defender nuestros más sagrados valores democráticos y republicanos. Apelo a que esos frentistas, que sin duda sienten esos valores, asuman su defensa y actúen en consecuencia.

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