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El presidente argentino Mauricio Macri tomó la palabra durante el encuentro del Mercosur celebrado el lunes 21 en Asunción (Paraguay) e instó a Venezuela a asegurar la “liberación de los presos políticos”, señalando que “no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto”.
Macri también felicitó a las autoridades venezolanas por aceptar los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre y pidió a los miembros de la oposición —quienes consiguieron un triunfo abrumador— que actuaran con prudencia.
La reacción inmediata —y clásica— de la canciller venezolana fue acusar a Macri de injerencia en los asuntos de Venezuela y de defender la “violencia política”. La canciller sostuvo, además, que Venezuela es un “modelo en el mundo” en materia de derechos humanos.
Sin embargo, es un error hablar de injerencia en los asuntos internos de un Estado cuando está en juego la defensa de derechos de carácter universal. Refugiarse en la soberanía como excusa para evitar el escrutinio internacional por violaciones de derechos humanos es una táctica vergonzosa, típica de regímenes autoritarios que tienen algo que ocultar.
En los últimos años, la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado gravemente. Se ha detenido arbitrariamente a políticos de oposición que luego fueron procesados y condenados por cargos que respondieron a motivaciones políticas, y a varios se les prohibió postularse a cargos públicos en las elecciones legislativas de diciembre. El gobierno ha actuado contra medios de comunicación, periodistas independientes y ciudadanos de a pie críticos del gobierno; y ha hostigado a defensores de derechos humanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente, golpeado y torturado a manifestantes mayormente pacíficos, y no han rendido cuentas por estos hechos.
La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional saliente tiene planeado cubrir al menos una docena de vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia antes de dejar el cargo a principios de enero, lo cual aseguraría la continuidad de un Tribunal Supremo chavista por muchos años más. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo en 2004 —cuando se incrementó la cantidad de magistrados de 20 a 32 y se designó a incondicionales del gobierno de Hugo Chávez para cubrir las vacantes— el Poder Judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno.
Ante este panorama sombrío, lo que Macri les está pidiendo a los demás mandatarios del Mercosur no es ningún favor, ya que todos los países miembros han reconocido a través de acuerdos regionales que la protección de los derechos humanos y la “plena vigencia de las instituciones democráticas” son claves para la integración regional. Sería en el mejor interés de todos los venezolanos que las declaraciones de Macri encontraran eco en otros líderes y que estos instaran al gobierno de Maduro a poner fin al avasallamiento de la independencia judicial y las libertades fundamentales.
(*) El autor es Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch
