Cabildo Abierto e Identidad Soberana presentaron sus propios informes en los que concluyen que Cardama actuó de manera fraudulenta en detrimento del Estado.
Delito de estafa
Tras un proceso de licitación frustrado y meses de negociación, el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó en diciembre de 2023 un acuerdo con Cardama para que construyera dos OPV. Para que el contrato se hiciera efectivo, la empresa tenía 45 días para constituir dos garantías, una de fiel cumplimiento y otra de reembolso. Al astillero, sin embargo, le tomó 11 meses cumplir ese requisito.
En octubre de 2025, la administración de Yamandú Orsi anunció que había detectado un posible fraude al Estado porque una de las garantías era falsa y había sido emitida por una empresa “de papel” con domicilio en Londres llamada EuroCommerce Bank. Defensa presentó una denuncia penal —que ya va por su cuarta ampliación— y el gobierno resolvió en febrero rescindir el contrato.
Presidente Yamandú Orsi y prosecretario Jorge Díaz durante el anuncio de la rescisión del contrato con Cardama.
La investigadora parlamentaria comenzó su trabajo días después de la rescisión.
Desde que surgió la información de que la garantía era falsa, surgieron nuevos datos sobre el proceso de obtención del aval por parte de Cardama, que presentó otras propuestas de origen dudoso.
Al hecho de que era una empresa “de papel”, se sumó que el astillero envió un acta notarial española que daba validez a una firma en el documento que también resultó falsa. Además, Cardama adujo que ese aval le fue facilitado por dos empresas intermediarias, una de ellas dedicada a la venta de pallets y otra que tiene un empleado y oficina en un cowork.
El informe del Frente Amplio enumera una sucesión de acciones de Cardama que demostrarían su intención de engañar al Estado uruguayo con las dos garantías. Sostiene que, además del problema de EuroCommerce Bank y sus falsedades, “el documento presentado como garantía de reembolso de Redbridge Insurance Company Ltd. era un borrador sin eficacia jurídica, distinto de la póliza contractual real”.
“Estos hechos presentan apariencia de los delitos de falsificación o alteración de documento público y de uso de documento público o privado falso”, dice el informe. “Fueron además el instrumento directo para obtener del Estado uruguayo desembolsos por más de €16.000.000 durante la administración anterior”, agrega. A eso se sumaron después pagos registrados durante el actual gobierno “bajo el mecanismo bancario irrevocable, lo que configura la apariencia del delito de estafa” agravada en perjuicio del Estado.
Abuso de funciones
El informe del Frente Amplio asegura que Francisco Cardama SA “es el principal responsable de las maniobras descriptas”. Sin embargo, añade, “la consumación del fraude y la magnitud del daño causado al patrimonio público no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que lo hizo”.
“La eventual determinación de si esa intervención fue concertada con la empresa o constituyó una negligencia grave en el cumplimiento de deberes esenciales corresponde establecerla a la Justicia Penal”, dice el informe.
Entre las conductas que sugiere analizar menciona un proceso de contratación “sin fundamentación suficiente y con trato preferente a un oferente” y “el otorgamiento de prórrogas por mandato verbal, la omisión de cursar la declaración de no entrada en vigor del contrato cuando los plazos estaban largamente vencidos y la aceptación de garantías sin control alguno de autenticidad o solvencia, conductas que posibilitaron el fraude”.
Sobre estos puntos, en el informe describe al detalle los intercambios entre Delpiazzo Abogados, convocado para asesorar en la contratación del astillero, y autoridades de Defensa sobre los problemas con la documentación que presentaba Cardama. Añade que el estudio nunca aprobó la garantía y que el Estado no llevó adelante los controles necesarios para detectar problemas, algo que le había sugerido el Banco Central.
El jueves 20, el astillero envió por escrito respuestas a preguntas que le había enviado la comisión. En ellas, además de cuestionar la rescisión del contrato, Cardama responsabilizó al gobierno anterior por no detectar la garantía falsa que él había presentado. “Llegamos a esta situación en buena medida porque el Estado uruguayo era el que iba a controlar que estuviera bien la garantía”, escribió.
Los legisladores frenteamplistas cuestionaron que el primer pago al astillero, que dependía de la aceptación de las garantías, fue autorizado por Castaingdebat sin tener los documentos originales en su poder.
El oficialismo también puso foco en que varias decisiones se tomaron en el marco de un calendario político complejo. Las garantías fueron aceptadas después del balotaje que ganó el Frente Amplio y hubo un pago a Cardama apenas dos días antes del cambio de gobierno. Esa transferencia, dice, se dio sin controlar la documentación que certificaba que el astillero había cumplido con el hito que exigía el contrato para habilitar el pago.
Hizo énfasis en que el comandante Wilson tuvo un papel clave en la autorización de pagar justo antes de que Orsi asumiera la Presidencia. “El segundo pago se aprobó el mismo día en que se recibió la documentación, sin traducir, sin apostillar, sin control del Jefe de Proyecto, apenas dos días antes de que asumiera el nuevo gobierno”, describe.
El informe advierte sobre la “ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones esenciales para la protección de recursos públicos”.
Por eso, sostiene que la Fiscalía debería analizar si alguna de esas conductas puede ser considerada como “abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”, “la omisión contumacial de los deberes del cargo”, “la falsificación ideológica por funcionario público”, “u otras que el titular de la acción penal estime configuradas”.
El fiscal Gilberto Rodríguez, que ocupa la Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno mientras no se designa a un titular, ya definió que García, Castaingdebat, Galó y Martínez sean citados como indagados. Representantes del estudio Delpiazzo ya declararon como testigos.
El informe de la coalición republicana
La oposición acusa al Frente Amplio en su informe de no haber tenido voluntad política real de conseguir OPV cuando fue gobierno (2010-2020), pese a que había habido un consenso sobre su importancia.
Uno de los ejes centrales del documento de la coalición republicana es la defensa de la elección del astillero Cardama. Sostiene que la adjudicación a ese astillero no fue impugnada por nadie.
“Previo exigencias superiores a las requeridas por la normativa vigente para garantizar la construcción de las OPV: la participación de una de las principales clasificadoras del mundo, Lloyd’s Register, para la aprobación de los hitos de construcción; la presencia de representantes del Estado en las instalaciones del astillero para el seguimiento de la construcción y de la habitabilidad de las embarcaciones; pagos por carta de crédito sujetos al cumplimiento de hitos; garantías de fiel cumplimiento y de anticipo financiero inicial que, pese a no ser obligatorias, igualmente se requirieron; e indemnizaciones por demora”, describe.
En cuando a la constitución de las garantías, el informe dice que “en todo momento” el gobierno contó con el “asesoramiento del Estudio Delpiazzo”, el cual “nunca advirtió sobre la existencia de indicios de que la documentación presentada fuera falsa”.
La oposición defiende la decisión de los entonces ministros de otorgar las prórrogas al astillero para que consiguiera los avales. “Las prórrogas otorgadas al astillero respondieron a una decisión de buena fe orientada a preservar un contrato largamente esperado, con el proveedor y las garantías ya en proceso de aprobación”, dice.
La oposición sostiene que la documentación aportada por Delpiazzo Abogados “permite concluir que la actuación del gobierno de la Coalición Republicana se ajustó en todas sus etapas al marco legal y normativo vigente, con debida diligencia jurídica y técnica”. Subraya, además, que “la documentación compulsada y las declaraciones en las comparecencias permiten afirmar que no existen hechos de corrupción en los que estén vinculados funcionarios públicos”.
La “mala fe”
El tercer capítulo del informe de la oposición sostiene que durante el actual período de gobierno “en relación con la ejecución y rescisión del contrato, se verifican presuntas irregularidades e indicios de mala fe que podrían ocasionar graves perjuicios para el Estado”.
La oposición sostiene que el gobierno desde antes de asumir ya tenía la decisión de rescindir el acuerdo. Dice que “comisarios políticos” del gobierno —en referencia a Rojas y Marsiglia— comenzaron una pesquisa en abril para obtener información del contrato y detectar irregularidades. Esas actuaciones, afirma el documento, fueron ilegales.
Hubo “falta de liderazgo en la toma de decisiones y escasa consideración del interés general, en la medida en que no se evaluaron las consecuencias económicas de una eventual rescisión ni se resguardó lo ya invertido por el Estado”, agrega. Tras desistir de una demanda que había presentado en Uruguay, Cardama inició un arbitraje contra el Estado por la rescisión. “El gobierno llevó al país, de manera irresponsable, a una contienda internacional que ya arroja importantes erogaciones en honorarios de asesores jurídicos internacionales, por cifras que pueden resultar millonarias“, critica la oposición.
El informe recomienda enviar de manera urgente las actuaciones de la comisión al fiscal del caso.
La posición de Cabildo y de Salle
El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, presentó un informe a la investigadora de una carilla en el que dice que “es importante” señalar que se logró que “todos los responsables admitieran que la entrega de garantías de fiel cumplimiento del contrato son falsas”.
Perrone sostiene que la elección de Cardama para construir las dos patrullas “no fue correcta” y que la Armada admitió que no tiene preparación para ese tipo de procedimientos. “Las responsabilidades serán dictaminadas por la Justicia y apoyamos enviar toda la investigación a Fiscalía”, asegura.
El diputado por Identidad Soberana Gustavo Salle también presentó un informe en minoría. Sostiene que Cardama desplegó una maniobra fraudulenta “maniobras defraudatoria contra el Estado uruguayo”. Cuestiona que el Estado uruguayo “no ejerció ni un solo control de los que estaba obligado a ejercer” y que ese incumplimiento fue tanto del gobierno de Orsi como de Luis Lacalle Pou.
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