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Si yo fuera el presidente no compraría el avión. Es comprarse un lío. Es más, es comprarse un montón de líos: en los que ya está metido y los que van a venir.
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Hay todo un proceso muy forzado, casi marginal y hasta chavista, para viabilizar la compra.
Ahora, una vez comprado, si finalmente se concreta, todo el mundo va a estar atento al avión.
Un avión veterano de 38 años, manoseado (“El País” dice que tuvo 11 dueños anteriores) y que viene acompañado de un hermano menor para desguazar llegado el caso, lo que nos dice que no hay repuestos en plaza. Pienso que sería aconsejable tener un mecánico tornero a la orden.
El precio es lo de menos. No estoy de acuerdo con esa vinculación con el “tarifazo”. Creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Además, ¿un millón de dólares qué son al lado de los 800 millones de Ancap? Si a estos millones los hubiéramos invertido en aviones, todos volando taparían el sol, como las mangas de langostas. Solo con los 30 millones de Pluna tendríamos una flota aérea que metería miedo.
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El avión va a estar sometido al escrutinio público: quién sube y quién queda abajo (en los aviones comerciales no hay discriminación; hay que comprar el pasaje y ya está). Si el presidente, por ejemplo, invita a un periodista de un medio, ¿qué pasa con el resto? Y todos no caben. Lo mismo con los enfermos que —dicen— habrá de trasladar: ¿quiénes y por qué? Habrá que aclarar todo. A dónde va y a qué va. De dónde viene y quiénes vienen. Es meterse en líos sin necesidad.
La pregunta es si el avión se necesita. A Mujica no le podemos preguntar porque un día dijo que no y al otro que sí. (Como que abusa de aquello de “hoy te digo una cosa y mañana te digo la otra”). Cabe señalar, sin embargo, que este mismo avión le fue ofrecido a Mujica cuando era presidente e incluso, si mis datos no fallan, lo utilizó en un viaje oficial a Perú. No sé si prestado, alquilado o para prueba. Lo cierto es que no lo compró y, en cambio, sí compró dos helicópteros.
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Danilo Astori justificó la compra y la insistencia presidencial: “Hay oportunidades en que se necesita realizar un gasto y si hay fundamentos, creo que la decisión es la correcta”.
Pero Astori ha perdido credibilidad. En estos días ha circulado por las redes sociales una intervención suya en el Parlamento de abril de 1995, la cual se enmarcaría en algo así como que en la oposición te digo una cosa y en el gobierno hago la otra. El hoy ministro de Economía y entonces senador, dijo textualmente: “Quisiera que el Uruguay dejara de integrar esa categoría en la que no sé si habrá otros países en el mundo, en realidad no sé si existen otros países que cobran impuesto a la renta a quienes viven de un salario o de una pasividad”.
La oposición ha criticado duramente la compra. Un miembro del Tribunal de Cuentas dijo que nunca había visto una licitación tan dirigida como esta. Leí y oí criticas de dirigentes de todos los partidos: Blanco, Colorado e Independiente. No vi ni leí nada del Partido de la Gente. Por lo que sé y me han dicho, Novick no ha hablado sobre este tema. ¿Por qué? Sería bueno conocer su opinión sobre esta compra dispuesta por el presidente Vázquez.
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Pero todo lo dicho pierde importancia frente al hecho de si la compra es legal o ilegal. Esto es lo primero, lo que vale y lo serio. El Tribunal de Cuentas ha dicho que no se ajusta a los procedimientos legales vigentes. No dijo que no se compre o que sí se compre el avión, sino que se limitó, por dos veces, a cuestionar la legalidad del proceso de compra. Ayer miércoles 18 se reunió otra vez pero no trató el tema. Lo hará la semana próxima y se estima que esta tercera vez autorizará la operación. Será un Tribunal con nueva composición —renunció el miembro del Frente Amplio que votó por el rechazo del pedido presidencial— y parece que su sustituto tiene otra “visión” del problema. Todo muy feo. Huele a chavismo o a madurismo, que es peor y es grave.
Dos veces se rechaza la venta por ilegal y la Presidencia recurre a una fiscal de gobierno, designada por el presidente, esta hace un informe cuestionando la decisión del Tribunal de Cuentas y en función de eso se vuelve a mandar un pedido, coincidente con el cambio de un “ministro rebelde”. ¿Dónde se ha visto? A partir de ahora, cualquier organismo podrá apelar a sus departamentos legales para cuestionar las decisiones del Tribunal de Cuentas. Además, uno piensa que los miembros del Tribunal actúan con criterio técnico y con autonomía profesional e independiente de intereses y mandatos partidarios. Parece que desde ahora el Tribunal de Cuentas actuará como el Parlamento, donde la mayoría oficialista se opone a todo lo que sea negativo para la imagen y los intereses de la coalición gobernante.
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Evo Morales, el presidente de Bolivia, dice que él decide las cosas como él quiere y luego ordena a los abogados que se encarguen de encajarlas en el sistema jurídico.
En Venezuela, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que responde a Nicolás Maduro, ha declarado nulas las decisiones de la Asamblea General, sin ninguna facultad constitucional ni de ningún otro tipo. Maduro viola la Constitución e informa al STJ y no a la Asamblea Legislativa. Todo ilegal.
Son ejemplos de cosas que pasan y que no sería bueno que pasaran en Uruguay.
Veamos lo que hace el Tribunal de Cuentas la semana próxima. Se afirma que con nuevo integrante cambiará sus dictámenes previos. Ojalá que no. Que no tomemos por ese camino. Además, seguro que le ahorrarán muchos dolores de cabeza al presidente.
