Caja de profesionales atribuye al Poder Ejecutivo hacer un “‘lock-out’ institucional”

El presidente preguntó a los representantes del Poder Ejecutivo si estaba calculado cuántas personas de menores ingresos pagarían el timbre profesional de $ 170 aprobado por la caja para generar recursos destinados a su financiamiento. “No, no hay forma de calcularlo”, respondió Pablo Aguirregaray, uno de los dos delegados del Ejecutivo en la institución. Ante una segunda pregunta de Pérez, sobre cuánto dinero implicaría para esas familias concurrir a una consulta médica, el mismo director respondió: “No hay forma de hacerlo”, y explicó que, en el momento de una visita al médico, no se le pregunta a la persona si pertenece al grupo de ingresos bajos.

Rodríguez Bas objetó que, aunque se trata de “un recurso legal reglamentario”, implica que “muchos asuntos importantes no puedan ser resueltos por la caja y sí derivados al Ministerio de Trabajo”. Según sostuvo, “esta modalidad de comportamiento es una violación a la democracia” y constituye “una actitud que, objetivamente, lleva a reducir la independencia de esta institución”.

También advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, puede provocar esta dinámica dentro del organismo. “Los comportamientos de este tipo llevan a una sucesión de violencia correlativa, situación que seguramente nos desagradará”, afirmó.

Por su parte, Iglesias respondió que una de las expresiones de Rodríguez Bas, “si no es una amenaza, se parece mucho”, mientras que Alejandro Haro llegó a plantear que dejaría de asistir al directorio si se consolidaba una dinámica en la cual “la mayoría queda en desventaja” por la posición de los dos directores representantes del Ejecutivo.

El presidente de la CJPPU también dejó constancia de su malestar en la sesión. “A propósito, luego de la reunión con el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, el martes 4 de agosto, nos fuimos ‘con agua entre las manos’”, expresó, y agregó que “se ha creado un lock-out institucional mediante decretazos y resoluciones que postergan la autonomía de la caja”.

Sin embargo, en diálogo con Búsqueda, Pérez buscó separar el enfrentamiento institucional con el Ejecutivo de la relación cotidiana con los dos directores designados por el gobierno. El vínculo con ellos es “excelente”, afirmó.

Sostuvo que las diferencias no impiden que el directorio encuentre acuerdos en buena parte de los asuntos que trata. “La mayor parte, o por no decir casi la unanimidad de las decisiones, se toman en consenso”, dijo, y calificó de “excelente” el trato con los dos representantes del Ejecutivo. “Uno cuando habla, que es lo que les dice a ellos, no habla con respecto a la persona director, sino a la institución a la cual está representando”, aclaró.

La caja reclama avances sobre otras medidas discutidas para su reforma. En particular, el informe de la Comisión de Expertos de mayo pasado establece que “se prevé una asistencia específica para los primeros años de vigencia de la Ley 20.410”, lo que implicó una partida de $ 665 millones en 2025, una cifra equivalente en 2026 y hasta $ 332 millones en 2027. Según Pérez, esos recursos forman parte de las medidas que la institución espera que se instrumenten, pero hasta ahora no le fueron otorgados. “Lo que nosotros necesitamos es agilidad en los trámites”, sostuvo.