Caja de profesionales relativiza mejora de sus finanzas señalada por el gobierno y espera asistencia extra

Señaló que las proyecciones actuales no muestran la necesidad de otorgar recursos adicionales en el corto plazo, una facultad dada al Ejecutivo en la misma norma (por hasta US$ 16 millones en 2026 y unos US$ 8 millones en 2027). “Este grado de discrecionalidad tenía que ver también con contemplar la incertidumbre que todos teníamos en torno al impacto que la ley podía llegar a tener, una vez aprobada; en particular en cuanto al comportamiento de los afiliados” en materia de declaración de ejercicio y en las bajas de categoría, explicó el jerarca ministerial.

Según el subsecretario, se prevé para la CJPPU un resultado operativo de $ 229 millones en 2026, mientras que para 2027 se proyecta un resultado de $ 50 millones.

Pérez cuestionó esa interpretación. “Si diera superávit de $ 229 millones, no necesitaríamos la partida (adicional) de $ 665 millones que estamos pidiendo para pagar las jubilaciones”, afirmó.

Reconoció que los ingresos de la CJPPU evolucionaron mejor de lo previsto, principalmente por el aumento de los aportes de los profesionales activos. La ley elevó progresivamente la tasa de aportación, que pasó a 20,5% en 2026, subirá a 21,5% en 2027 y a 22,5% en 2028. También estableció un pago obligatorio para los pasivos de entre 2% y 5%, según el nivel de ingresos.

Sin embargo, el presidente señaló que esa mejora no alcanza para revertir la dinámica de los egresos.

“Lo que dijo Vallcorba es media parte de la realidad. La administración de la caja en este período está siendo, consideramos, mejor. Están entrando mejores ingresos, pero los egresos superan a los ingresos. Y los ingresos que están entrando son finitos”, sostuvo.

Según Pérez, los egresos continúan aumentando debido al crecimiento de la cantidad de jubilaciones. A eso se suma la incertidumbre sobre el comportamiento de los afiliados, un aspecto que también había sido identificado por el Poder Ejecutivo durante la discusión de la reforma.

Quienes deben aportar a la CJPPU son quienes realizan ejercicio libre e independiente —facturando de manera autónoma, individual, en sociedad o cooperativa— como profesionales de carreras comprendidas en el sistema.

Uno de los principales riesgos analizados durante el proceso legislativo para la aprobación de la Ley 20.410 era que el aumento de los aportes produjera una mayor cantidad de declaraciones de no ejercicio o bajas de categoría.

Pérez coincidió en que la evolución de los aportes dependerá del comportamiento de los afiliados. “Si se declaran los ejercicios, si se baja de categoría, si se congela, si sigue aportando o si se jubila una cantidad mayor, a partir de eso se ve cuáles son los resultados, eso se va viendo mes a mes”, afirmó.

Medidas pendientes y timbres

Más allá de la discrepancia sobre la situación financiera de la caja, su presidente señaló que continúa esperando definiciones por parte del Poder Ejecutivo sobre varias de las medidas que quedaron planteadas en la ley de salvataje y en las recomendaciones del documento de la Comisión de Expertos en Seguridad Social publicado en mayo pasado.

Entre los temas pendientes, mencionó la situación de las empresas unipersonales de profesionales adheridos al Banco de Previsión Social, la incorporación de otras profesiones al sistema y la partida de $ 665 millones prevista en la Ley 20.410. “En cada reunión de directorio preguntamos a los representantes del Ejecutivo, hace meses, y no hemos tenido respuestas de nada”, lamentó Pérez.

El único avance concreto que él identifica hasta el momento es la implementación del timbre digital, una de las medidas que depende directamente de la caja. Se trata de la sustitución progresiva de los timbres físicos por modalidades digitales, con el objetivo de mejorar los ingresos y los mecanismos de control.

El sistema se encuentra en etapa de prueba. Según explicó, la versión programada ya ingresó al proceso de revisión y será tratado en la sesión de directorio de hoy, jueves 13, para avanzar en su demostración.

Un reciente punto de tensión entre la caja y el Poder Ejecutivo fue por los timbres médicos. El directorio de la institución había resuelto que, desde el 1 de agosto, comenzaría a cobrar $ 170 por consulta, como una medida para aumentar la recaudación y contar con una fuente adicional de recursos para la CJPPU. Sin embargo, la medida fue rechazada por la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el PIT-CNT, y posteriormente el Poder Ejecutivo firmó un decreto para frenar su aplicación.