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Caja de profesionales presentó recurso ante Tribunal de lo Contencioso para acceder a datos de Aduanas
La institución paraestatal pretende obtener información sobre las importaciones de artículos médicos para controlar el pago de timbres profesionales; la Dirección de Aduanas entiende que prima el “secreto tributario”
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).
Luego de una pausa durante la semana de Carnaval, este viernes 27 retomará su actividad la Comisión de Expertos que discute reformas estructurales para la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). El nuevo presidente de la institución, Andrés Pérez, dijo a Búsqueda que ya se está “en las instancias finales” de la fase de recolección de insumos y de las audiencias con los gremios de afiliados, por lo que próximamente se comenzarán a discutir propuestas con los delegados del Ejecutivo. “Los tiempos apremian”, advirtió.
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La CJPPU es una entidad paraestatal con finanzas deficitarias (el equivalente a unos US$ 7 millones mensuales antes de la aprobación de esa ley). Los números del balance del 2025 todavía no están cerrados.
Información aduanera
Una semana después de asumir funciones, el nuevo Directorio de la CJPPU se apuró a presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) relativo al artículo 13 de la Ley 20.410, sobre el intercambio de información interinstitucional. Varios exdirectores lo habían vinculado con un cúmulo de aparentes “errores de redacción” en esa Ley que los animaron a mantener reuniones con senadores y diputados para generar correcciones en un nuevo proyecto legislativo.
En una carta que enviaron en ese momento al Ministerio de Economía —y que no recibió objeciones— fundamentaron que el artículo hace que la caja tenga “extremadamente limitada la posibilidad de intercambio de información con otros organismos”, lo que complica, entre otros temas, el cruzamiento de datos con la Dirección Nacional de Aduanas para fiscalizar las importaciones de mercaderías que deben pagar timbre profesional.
Según Pérez, el año pasado la CJPPU recibió una resolución de Aduanas que aludía al secreto tributario y negaba información a la que “necesita acceder", contenida en los Documentos Únicos Aduaneros y el sistema informático LUCIA. Por esto, antes de que cerrara la ventana de tiempo para oponerse, presentaron ante el TCA una acción de nulidad.
El artículo 71 de la Ley 17.738, que regula la estructura orgánica de la CJPPU, establece un gravamen del 2% sobre el valor CIF (por sus siglas en inglés de costo, seguro y flete) a la importación de instrumental médico y del 10% para material odontológico, cuyo pago “será controlado por Aduanas”. Desde la caja, sin embargo, se interpreta que la entidad paraestatal también “tiene que controlar” esos timbres. “Si no sabemos de primera mano cuáles son las cosas que se importan, no sabemos cuáles son los timbres que tendríamos que cobrar. Nos guiamos por la información que nos dan, sin tener la certeza de que es la correcta. Los servicios jurídicos consideran que la caja tiene derecho a conocer esos datos”, argumentó el nuevo presidente de la institución.
Los exdirectores llegaron a una “promesa” de una solución junto con los actores políticos en forma de “una nueva ley que permitiese que el artículo 13 fuera de mayor amplitud de aplicación”, señaló Pérez. Y explicó: “(Sin embargo), no tuvimos contacto de ningún legislador ni de parte de ninguna delegación del Ejecutivo de que esto se estaba tratando (en el Parlamento). Entonces, antes de quedarnos con la promesa, preferimos activar el mecanismo del TCA”.
Directores ausentes
Por una falta de “interlocutores”, el aviso de la demanda en el TCA se trasladó al gobierno durante la última sesión de la Comisión de Expertos. Según informó Pérez, los suplentes de los dos directores designados por el Ejecutivo —reemplazantes, hasta que se hagan los nombramientos definitivos, de los que renunciaron tras la polémica por la aprobación de partidas— “no están concurriendo al directorio”.
El presidente de la CJPPU aseguró no conocer la causa de las ausencias de los suplentes, dado que la institución no mantuvo “contacto ninguno” con ellos. “Capaz que no quieren ir honorarios”, hipotetizó. Agregó que, en su última sesión, la gestión anterior notificó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que nombrara nuevos delegados en 30 días, plazo que habría vencido este domingo 22.
“¿Qué pasa que demoran tanto en este momento tan álgido? Los procedimientos formales que tenemos para intercambiar con ellos son en la comisión. Si los delegados del Ejecutivo estuvieran, tendríamos otra periodicidad de comunicación que no tenemos al día de hoy”, reclamó Pérez.
