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    Caja de profesionales: las cuatro recomendaciones acordadas para su nueva reforma

    La Comisión de Expertos en Seguridad Social, conformada por el Poder Ejecutivo y directores de la entidad paraestatal, presentó su documento final con diagnósticos y medidas para darle sostenibilidad financiera

    Concluyendo un trabajo que comenzó en noviembre del año pasado, la Comisión de Expertos en Seguridad Social, integrada por miembros del Poder Ejecutivo y directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), emitió este viernes 29 un documento final que contiene diagnósticos y recomendaciones para una mejor sostenibilidad financiera de la caja.

    En 2025, esa institución paraestatal precisó de una ley de salvataje (20.410) para poder cumplir con sus obligaciones de pago de pasividades, que incluyó aumentos de la tasa de aportación tanto para activos como pasivos, transferencias directas del Estado y nuevas escalas de sueldos fictos, entre otras medidas. Según sintetiza el documento de la comisión, a ese episodio le antecedió —más allá del envejecimiento poblacional y cambios en el mercado de trabajo— resultados operativos negativos desde 2013, un “alto desbalance” entre el valor de los aportes y el de las jubilaciones y una caída del peso relativo de los ingresos por timbres profesionales.

    Tras la reforma, el último resultado del ejercicio del año pasado de la CJPPU expresó un déficit de $ 1.247 millones, equivalentes a US$ 31,9 millones.

    Antes de presentar las “orientaciones compartidas” entre todos los integrantes de la comisión, el texto da cuenta de las propuestas propias del directorio de la CJPPU y de las agremiaciones de afiliados consultadas, habiendo sido varias de ellas descartadas por el Ejecutivo. Entre otras, fue dejado de lado el planteo de que los profesionales dependientes aporten obligatoriamente, que la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) abonado por pasivos profesionales se destine a financiar la caja y que se incremente el valor de los timbres profesionales.

    Informe Comision de Expertos CJPPU - Mayo 2026

    Las recomendaciones

    Siempre para el caso de los profesionales que realizan ejercicio libre de la profesión (facturan como independientes), se entendió “procedente” que comiencen a aportar a la CJPPU un “conjunto de profesiones que actualmente no se encuentran amparadas en su ámbito de aplicación”. Eso “supone un avance desde un punto de vista de equidad horizontal, al establecer un tratamiento idéntico para situaciones análogas” y “contribuye a desincentivar mecanismos de contratación que generan menos garantías para los trabajadores”, concordó la comisión.

    Otro aspecto relacionado tiene que ver con los incumplimientos por parte de profesionales que deberían aportar a la caja, pero se registran como empresa unipersonal en el Banco de Previsión Social (BPS). Para mejorar la fiscalización, se acordó conveniente promover un proyecto para modificar el artículo 13 de la Ley 20.410, permitiendo que la institución cruce información con organismos recaudadores del Estado, como el mismo BPS y la Dirección General Impositiva.

    En otro orden, y en línea con la Ley 20.410 que mandató al Ejecutivo a estudiar un nuevo régimen de aportación para activos que establezca la tasa sobre honorarios íntegros en lugar de sueldos fictos, la comisión creyó conveniente “flexibilizar la carrera de categorías”. La idea sería eliminar la obligatoriedad de mantenerse al menos tres años en una categoría de aportación para poder moverse a otra, habilitando el ascenso o descenso tras un año de permanencia.

    A su vez, se podría implementar un esquema aparte para los profesionales que aportan en otro sistema, como el BPS, que tengan ingresos reales anuales menores al sueldo ficto más bajo (1ª categoría). Allí, el aporte a la CJPPU “se realizaría en base a lo facturado”, y para que puedan acceder a una jubilación profesional “se podría establecer un aporte mínimo anual a definir”. Eso significaría “avanzar en una primera experiencia de aportación en base a honorarios reales, que favorezca un análisis más profundo de las respuestas comportamentales de los afiliados y de los impactos esperados de un cambio más amplio hacia facturación en base a honorarios reales”.

    Finalmente, se buscará mejorar la recaudación por concepto de timbres profesionales prevista en el artículo 71 de la Ley 17.738, acelerando el proceso de implementación de timbre digitales “e incorporando otros mecanismos que aseguren el cobro del gravamen cuando corresponde su aplicación”.

    La comisión también manejó medidas “vinculadas a la gestión del organismo” para las que no se precisa reformar el sistema, y que fueron trasladadas al directorio de la CJPPU para su discusión.

    El documento final será entregado a la Presidencia de la República, que deberá decidir si procede con las recomendaciones.