Basándose en informes de la sumariante y de la División Jurídica, el CFE resolvió el miércoles 5 de agosto autorizar a la División Financiero Contable que devuelva los medios sueldos retenidos a Claudio Rama y a Nelson Simatovich, quien se desempeñó como asistente académico y también fue sumariado. Resolvió también que se archive el expediente, puesto que ninguno de los dos sigue cumpliendo funciones en el CFE.
La denuncia fue presentada ante la Comisión Bipartita Asesora sobre Acoso Laboral por 11 funcionarios del IPES y, tras recoger testimonios y prueba documental, la instructora del sumario concluyó que ambos cometieron falta administrativa grave. En el caso de Rama, para la sumariante quedó probada la solicitud de tareas contrarias a la normativa vigente, como la redacción de resoluciones, cuya competencia es privativa del Consejo. Esto “habría sido advertido por parte de la Secretaría Administrativa”, expresa la resolución del CFE a la que accedió Búsqueda. Agrega que estas tareas “no solo exceden el rol de la Secretaría Administrativa, sino que no se encuentra previsto en la normativa vigente”.
También se lo responsabiliza del retiro de tareas a funcionarios cuando eran “inherentes al cargo”, lo que, consigna la sumariante, fue reconocido por Rama, quien expresó que, en los nuevos proyectos emprendidos por la dirección, se ocupó en forma personal.
“El estilo de dirección” de Rama revela, según la instructora del sumario, “un desconocimiento de la normativa institucional y de las competencias inherentes a los funcionarios a su cargo”. Este desconocimiento “lesiona” los derechos de los funcionarios denunciantes, quienes sintieron que se invisibilizó su rol funcional. Además, planteó que los partes mensuales “no registraron en forma fiel su actividad funcional”, lo que configuró “una irregularidad administrativa”.
La instructora halló “prácticas de exclusión funcional respecto de determinados funcionarios, delegación irregular de funciones, asignación de roles no previstos normativamente y la omisión reiterada en el registro de inasistencias y licencias al amparo del Estatuto del Funcionario Docente”.
Por otra parte, Simatovich “habría manifestado en distintas oportunidades y principalmente frente a personas externas a la institución” —según los testimonios recogidos por la sumariante— desempeñar el cargo de “subdirector”, “autoridad” o de “el equipo de dirección”, sin que conste en las actuaciones una designación formal de tal jerarquía o función. Atribuirse un cargo o jerarquía no formalmente conferida es “incompatible” con los principios de “corrección funcional, buena fe y probidad” previstos en el Estatuto del Funcionario Docente, acota la resolución. La falta grave que cometió se sustenta en que “Simatovich desplegó, de manera reiterada y sostenida en el tiempo, conductas consistentes en exigencias indebidas y presión funcional hacia funcionarios administrativos del IPES y trabajadores tercerizados de seguridad, así como hacia terceros vinculados al instituto”.
A pesar de las faltas graves de Rama y Simatovich, el CFE resolvió devolverle los haberes retenidos porque ninguno de los dos sigue siendo funcionario del subsistema. La resolución del miércoles 5 lleva la firma del presidente del CFE, Walter Fernández Val, y del secretario general del consejo, Edison Torres.
De todas maneras, el consejo dispuso la “anotación” en el legajo funcional de los implicados y el desarchivo de las actuaciones ante un eventual reintegro.
Alegatos
Rama presentó un recurso de revocación y jerárquico contra parte de esta resolución, porque “no toma en cuenta la totalidad de los hechos (...), sino tan solo los que la Administración entiende le resultan favorables a su accionar”. El exdirector señala “inconsistencias, inexactitudes y falacias”.
Según el exjerarca, la administración actuó en este caso “por mero capricho, voluntad personal o sin una razón lógica”, por lo que “se incurrió en una ilicitud por interdicción de la arbitrariedad”.
Claudio Rama, exdirector del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores.
Javier Calvelo / AdhocFotos
Rama asume que le solicitó a una secretaria “un borrador para una resolución de la Dirección del IPES para la realización de tareas puntuales de dos funcionarios de mantenimiento correspondiente a trasladar una biblioteca y pintar un aula”. Alega que es “totalmente falso” que esté probada “la solicitud de tareas contrarias a la normativa vigente como ser la redacción de resoluciones, cuya competencia es privativa del Consejo”, ya que la dirección puede solicitar tareas urgentes a los funcionarios de mantenimiento. Estas tareas se realizaron “a través de instrucciones verbales, y tampoco se requirió la consulta a los funcionarios que la realizaron”.
Al refutar el segundo punto que conduce a la consideración de falta grave —se invisibilizó el rol de funcionarios—, Rama dice que es “aún más surreal”. Recordó que dirigió el canal estatal y explica que él llevó adelante la instalación de un estudio de radio y televisión, en coordinación con el director de Eventos del IPES y funcionarios de mantenimiento. “Esas tareas no estaban en capacidad” de otro trabajador determinado, por lo que el personal de mantenimiento solía hacerlas a solicitud de Eventos. “La gestión general estuvo a mi cargo, ya que como ex director del Canal 5 y como especialista en educación a distancia (con título universitario de Especialista en Telemática a Informática de la Educación a Distancia), tengo las capacidades, cosa que el funcionario” aludido “carece”.
La instructora del sumario “reconoce expresamente que la dirección está en capacidad de asumir tareas directamente”, pero considera “fuera de lugar” que esto invisibilice a un funcionario “que no solo no tiene las competencias, sino que además nunca ha participado en tareas vinculadas a aspectos de grabación, transmisión, insonorización que siempre han estado a cargo del área de Eventos y en este caso bajo supervisión de la dirección, por el conocimiento, la complejidad y el manejo de la caja chica para las compras requeridas”, añade Rama.
El exdirector del IPES alegó que no pudo acceder al expediente, por lo que no se pudo defender durante el proceso, y solicitó la citación de cinco personas.
Rama dijo a Búsqueda que la semana pasada rechazaron sus observaciones, pero que insistirá en la solicitud de testigos. “Es surreal que alguien diga que le pedí hacer una resolución del CFE” a una secretaria y “otro que lo invisibilizo porque se le pidió a los electricistas que encaren una tarea”.
“Sin haber podido probar ningún acoso”, por lo que fue denunciado, “me señalan de cosas que no estaban en la causa de la separación” del cargo, expresó, e insistió en que el proceso fue “irregular”, porque no pudo “responder”.
Razones “políticas”
Rama ha estado vinculado durante décadas al Partido Colorado y considera que hay razones políticas tras este proceso en su contra. En octubre de 2025, el Comité Ejecutivo Nacional de esa colectividad lo recibió para escuchar sus alegatos. Y este reclamo motivó un pedido de informes del senador Tabaré Viera a la ANEP y una comparecencia de las autoridades del CFE ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes promovida por el diputado colorado Felipe Schipani.
Rama dice que las actuales autoridades de la educación “desguasaron” lo que impulsó desde el IPES, como una ordenanza sobre posgrados. El exdirector entiende que en el fondo fue separado del cargo porque se negó a firmar títulos de posgrado de sociología que no habían sido autorizados por la Universidad de la República (Udelar). Sostiene que trabajó desde el IPES para “que los posgrados fueran de la ANEP y no de la Udelar”, pero no pudo. Hoy denuncia que “el aparato de posgrados del IPES es un aparato de transferencia de plata a la Udelar”, que “se reparten ellos mismos los cursos y son programas que no tienen los controles de calidad”. En contrapartida, promovió posgrados propios del IPES, con lo que, plantea, las autoridades están en contra.
También lamenta que la ANEP haya firmado en diciembre de 2025 un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina para implementar una maestría en formación docente, lo que tiene un costo de US$ 71.500 para el Estado. Rama dice que “se desconectó” al mismo tiempo un posgrado similar que estaba a cargo del IPES.
Por último, señala que “un equipo sindical” fue el que “organizó” las denuncias en su contra.
Además, explica por qué no firmaba a diario, una irregularidad, según la instructora del sumario. “Los directores en general en la ANEP trabajan sin firmar la planilla. Van y vienen y tienen su horario libre. Y no hay una resolución de la ANEP que prohíba, sino que hay muchos directores que firman y otros que no firman. Efectivamente, yo no firmaba. Y muchas de las tareas que hacía no eran dentro del IPES, sino que estaba en el CFE o en otras actividades de trabajo”. Rama se queja de que lo “miden” con la vara de “la presencialidad”, cuando el expediente era por “otra cosa”: acoso laboral.
La Justicia determinó el 4 de junio que se le devuelvan los haberes retenidos. El martes 1 le devolvieron, pero solo “parte“ de lo que corresponde. Acotó que aún resta que le devuelvan los medios sueldos correspondientes al último trimestre de 2025.
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