Casaravilla no se presentó a declarar en investigación interna de UTE, lo que motivó un recurso de revocación contra el proceso

El Directorio hizo lugar a la recomendación y les inició un sumario a cargo del abogado Enrique Machado, que además tendría bajo su cargo la profundización de la investigación que inició Richino.

Ante esta situación, el abogado de los tres funcionarios sumariados, Daniel Ochs, presente en la toma de testimonios, planteó su queja por entender que no existe procedimiento que dispense a los integrantes del Directorio de la comparecencia personal cuando testifican y le solicitó a Machado que se volviera a fijar una fecha para la comparecencia de Casaravilla.

“Donde manda capitán no manda marinero”, fue la respuesta de Machado, según el testimonio de Ochs que figura en el recurso de revocación presentado por el abogado el 24 de julio, al que accedió Búsqueda.

Capitanes y marineros.

“Resulta punto incuestionable que por más presidente del Directorio que sea el ingeniero Casaravilla, él está gravado, como todos los funcionarios de UTE sin excepción, por el mismo deber jurídico, moral y político de colaborar con la Instrucción —lo más ampliamente posible— en la procuración efectiva de la verdad material”, sostiene Ochs.

El abogado cita el artículo 36 de procedimientos disciplinarios, que dispone “la suspensión inmediata del funcionario inasistente decidida de plano por el propio instructor”.

“Es claro además que el símil justificatorio ensayado por el Señor Instructor, que puede ser comprendido y asumido desde diversos puntos de vista extra jurídicos, resulta ser jurídicamente de franco rechazo”, añadió.

Para Ochs, ni Casaravilla “es un ‘capitán’ (que pueda hacer valer, legítimamente, su status jerárquico para entorpecer la averiguación de los hechos debatidos en el asunto)” ni el instructor Machado es un “marinero” en tanto “agente que, válidamente, pueda ser receptor de órdenes e imposiciones de jerarca alguno”.

“Esto surge con limpia claridad del principio conforme el cual los instructores de cualesquier asunto que instruye la administración pública se deben a la legalidad objetiva y, para tal fin, el Derecho los rodea o blinda de la llamada ‘autonomía técnica’”, agregó en el documento.

Ochs argumenta que el instructor, basado en el artículo 31 del Reglamento de Procedimiento, tiene como competencia “la admisión o rechazo de una prueba”, lo cual “definitivamente cierra la puerta a cualquier argumento que pretenda postular la legitimidad de una orden dada por el testigo-funcionario al Instructor en punto a que prescinda del medio probatorio ya aceptado y ordenado”.

“Si la norma dice que tal atribución competencial incumbe a determinado agente está diciendo, a fortiori, que dicha competencia no puede ser mermada o sustraída o ‘comunicada’ a ningún otro funcionario, aun y cuando ostente grado jerárquico más encumbrado que el del Instructor”, añadió.

Así las cosas, Ochs solicitó en nombre de sus tres defendidos el “recurso de revocación y jerárquico”.

Crimen organizado.

Varios gerentes de UTE declararon en la investigación, y “El Observador” accedió a los testimonios de decenas de ellos, quienes “apuntaron a los integrantes del Directorio”, dado que los mandos medios “coincidieron en señalar que una licitación millonaria no pudo realizarse sin el control de la superioridad”.

Así, revelaron que Tacuabé Cabrera, gerente de Generación Térmica y superior inmediato de los tres indagados, confesó que “en este tipo de compras se exige los máximos niveles de autorización”, mientras que su jefe, el gerente de Generación, Oscar Ferreño, dijo al respecto: “Los tres sumariados no pueden hacer contrataciones por su cuenta y la ‘línea’ (sus jerarcas) debe autorizar la realización de compras”.

El gerente general de UTE también testificó en ese sentido, según el documento al que accedió Búsqueda. Consultado sobre si resultaba verosímil que se haya tramitado una contratación de millones de dólares por parte de los sumariados sin el control de la superioridad, Pombo contestó que “hasta perfeccionarse el contrato es imposible que se realice sin la intervención de la superioridad, que es mucho más que el control”.

Durante la ejecución del contrato, dijo, “es la Dirección de Obra la que juega un papel importante”.

Mientras la investigación interna sigue su curso, existe otro proceso corriendo en paralelo en la Justicia en manos de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, desde que en abril Casaravilla presentó una denuncia penal que motivó la investigación interna en UTE.