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En marzo una afloración de algas en la cuenca del río Santa Lucía afectó el abastecimiento de agua de Montevideo y la zona metropolitana. Además de mal olor y mal sabor en el agua que los ciudadanos recibían por sus canillas, las algas trajeron a discusión una vieja debilidad de la OSE: la dependencia exclusiva de la planta de Aguas Corrientes para el suministro de la mitad del país.
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En diciembre de 2011 el presidente de la empresa, Milton Machado, ya había explicitado su intención de buscar una fuente alternativa, ya que un caso puntual como un episodio de contaminación podía dejar sin agua a la zona metropolitana (Búsqueda Nº 1.643). Tras la alarma generada por la afloración de algas, OSE decidió acelerar el proceso y encomendar a Aguasur —empresa de derecho privado de la que OSE es accionista mayoritario—un estudio de consultoría que seleccionara la alternativa más adecuada para asegurar el abastecimiento de agua a esa región (Búsqueda Nº 1713).
El trabajo de Aguasur terminó la semana pasada y fue entregado al presidente de OSE. Machado informó a Búsqueda que la consultoría sugiere la construcción de dos nuevos embalses, con sus respectivas represas, uno en el arroyo Casupá y otro en el arroyo El Soldado (ambos en la cuenca del Santa Lucía), y un by pass desde el arroyo Canelón Grande a la usina de Aguas Corrientes.
El proyecto completo implica una inversión aproximada de U$S 250 millones. Machado dijo que las otras alternativas que se analizaron necesitaban aproximadamente “el doble de dinero”.
Entre otras variantes, Aguasur estudió la posibilidad de tomar como fuente de agua al Río de la Plata o construir embalses en otros ríos, fuera de la cuenca del Santa Lucía, y llevar a través de acueductos el agua a la zona metropolitana. “Además de temas técnicos había una diferencia muy importante de costos”, justificó Machado.
Para el estudio Aguasur conformó un equipo con técnicos de OSE, profesionales uruguayos ajenos a la empresa y un consultor español “con años de experiencia en estos temas”. El análisis se hizo con una proyección al año 2045.
“Regular la cuenca”.
La primera conclusión a la que llegaron los consultores, explicó Machado, es que no existe “un problema de cantidad en el abastecimiento e incluso la calidad del agua que se consigue en la fuente es buena”. Según los especialistas el problema en la cuenca es “la regulación de los caudales”.
“Hoy para regular el agua que viene por la cuenca lo único que tenemos es el embalse de Paso Severino. Entonces se resolvió que era importante poder regular con otros embalses el brazo del Santa Lucía Grande”, precisó Machado.
El by pass proyectado es un canal de aproximadamente 1.500 metros que unirá el Canelón Grande con Aguas Corrientes, salteando el embalse de Paso Pache. El camino, dijo Machado, es una previsión ante posibles problemas que pueda haber en ese curso, dado que “las aguas del Canelón Grande son las que están más complicadas desde el punto de vista ambiental” por la actividad industrial, principalmente de frigoríficos y curtiembres.
El jerarca sostuvo que esas dos represas y el by pass le permitirán a OSE “tener un manejo distinto en posibles afloraciones o problemas de contaminación que pueda haber en la cuenca”.
“Vamos a poder manejar Paso Severino, que está en el Santa Lucía Chico, combinado con los embalses que corresponderían a estos dos afluentes del Santa Lucía Grande y este by pass en el Canelón Grande. Eso te posibilita jugar con tres líneas de fuentes de caudales que te permiten otra forma de regular la cuenca a los efectos de la mejora global. Si tenés un afloramiento de algas en el Paso Severino podés cerrarlo y abrir una de estas dos represas”, ejemplificó.
Más allá de poder tener “un manejo global de la cuenca” que permita otra respuesta en eventos de contaminación, las obras le permitirán a OSE aumentar la cantidad de agua que puede acopiar. A los 75 millones de metros cúbicos que puede almacenar Paso Severino se sumarán 100 millones del embalse Casupá y 25 millones de El Soldado.
Aguasur estima que la represa de Casupá costará cerca de U$S 58 millones y la del soldado U$S 32 millones. También considera que será necesario invertir U$S 60 millones en obras complementarias en la usina de Aguas Corrientes, entre las que prevé la posibilidad de construir una séptima línea de bombeo. Las líneas de abducción, la ampliación de instalaciones y las expropiaciones necesarias completan el plan, que ronda los U$S 250 millones.
“Una señal”.
OSE trasladará el resultado de la consultoría al Poder Ejecutivo porque entienden que es “un proyecto de infraestructura del país” que va más allá de la empresa. De hecho, Machado recordó la preocupación del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por tener una fuente alternativa de abastecimiento de agua.
El martes 12 el presidente de OSE se reunió con el ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, para presentarle los resultados a los que llegó la consultoría. El otro “gran paso” para el proyecto será discutir las posibles líneas de financiamiento con el Ministerio de Economía.
“No sé si la va a tomar este gobierno o el que venga, pero esto termina siendo una decisión política del gobierno”, evaluó.
La búsqueda de una fuente alternativa no fue el único proceso que aceleró en OSE el episodio de las algas. La empresa ya definió que va a construir “los sistemas integrales de saneamiento” en las localidades de San Ramón y Fray Marcos. Además, en las plantas de tratamientos de efluentes que ya tienen en Casupá, Minas, Santa Lucía y Florida agregarán tratamientos para la remoción de fósforo.
OSE también se encamina a resolver una práctica contaminante que arrastra de hace años: la devolución a la cuenca de los lodos que extrae en el proceso de potabilización en la planta de Aguas Corrientes. Machado informó que adjudicaron “un estudio para el manejo de esos lodos”.
“Una empresa va a analizar la composición de esos lodos para ver qué tipo de alternativas de uso pueden llegar a tener y el año que viene ya se define el proyecto de ubicación, disposición y gestión de una planta de tratamiento de lodos”, contó.
Aunque recordó que OSE solo es responsable del 5% de la contaminación de la cuenca del Santa Lucía, con todas estas medidas el organismo pretende dar “una señal desde el Estado”.
