La mayoría de las personas llevan sus celulares encendidos. Entonces, utilizarlo con fines administrativos es una forma de lograr que un mensaje llegue de forma inmediata a cualquier lugar.
Esta “es una ventaja muy importante frente al computador. Aunque transporte conmigo la laptop no tengo la misma disponibilidad”, comentó Viega.
Otra ventaja del gobierno móvil es que los celulares no se comparten; entonces el gobierno va a poder enviar mensajes 100% personalizados.
“En realidad el gobierno móvil es una cortesía de la administración electrónica”, dijo Viega.
Los países más desarrollados han comenzado hace ya más de una década a desarrollar el gobierno electrónico (egovernment) y en la actualidad se encuentran en diferentes etapas de instalación del gobierno móvil, como una segunda etapa del egovernment. Sin embargo, Uruguay recién está dando sus primeros pasos y por eso los especialistas del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) coincidieron en que el país debe pensar ya en aplicar desde el principio el gobierno electrónico y el gobierno móvil a la vez.
“Hay que aprovechar hoy y ya plantearnos que las dos cosas sean paralelas”, opinó Viega. Es el momento de analizar la aplicación de un gobierno que tenga el componente electrónico y el móvil a la vez, para que “uno se ayude con el otro”. Esto para el ciudadano será un beneficio, porque no deberá primero adaptarse al gobierno electrónico y luego adaptarse nuevamente cuando llegue el gobierno móvil, porque ya hoy se puede avanzar en los dos temas a la vez para “no someter al ciudadano a otro cambio”.
Además, plantear los dos temas desde el principio seguramente ayude a bajar los costos de inversión.
“Debemos dar un paso más en el gobierno electrónico. El gobierno móvil es su extensión natural de la administración electrónica. Hay una gran penetración de tecnología móvil y el celular es la vedette. Esta tecnología es de evolución rápida e inevitable”, señaló Viega.
Desafíos jurídicos.
Instalar un gobierno móvil requiere hacer un uso correcto del dispositivo celular. La administración tiene que respetar los derechos individuales (consagrados en la ley 18.331 de protección de datos personales) y el previo consentimiento informado del ciudadano.
La privacidad, la seguridad y la accesibilidad son los desafíos jurídicos.
El BPS ha creado un sistema para sus usuarios que, mediante la activación de una clave que se le envía a su correo electrónico, luego en la web del organismo la persona debe activar su cuenta electrónica.
“Son formas de asegurar que el gobierno interactúa con el usuario correcto”, informó Jimena Hernández, integrante del grupo de jurisprudencia del Instituto de Derecho Informático e integrante del equipo de trabajo de Agesic .
“Para la sociedad la seguridad es un desafío y una preocupación, pero hoy existe la posibilidad de firmar electrónicamente en un celular, puedo autenticarte con mi huella digital”, señaló Viega. Hay algunos dispositivos móviles para Adnroid que autentican a través de la huella (que es una firma electrónica avalada por la ley 18.600) y también a través de la imagen del rostro y de la voz.
“Se ha trabajado en mejorar el acceso a Internet pero no en la accesibilidad”, mencionó Viega. Trabajar en accesibilidad quiere decir que todas las personas, sin importar su condición, puedan acceder a los servicios on line.
“La accesibilidad sigue siendo una materia pendiente en el país”, opinó la abogada. Es que para solucionarlo las páginas web del gobierno, ministerios e intendencias deberían estar adaptadas por ejemplo a personas ciegas o sordas.
Proyecto de ley.
Varios de los especialistas del Instituto de Derecho Informático, en calidad de asesores para la Agesic (la Agencia de Gobierno Electrónico), participaron junto con la Agencia de Gobierno Electrónico en la elaboración del anteproyecto de ley de administración electrónica que el gobierno prevé enviar al Parlamento este año.
Viega explicó que la administración electrónica en Uruguay necesita un marco jurídico y que el texto preparado está basado en la ley española (11/2007). También se ha tomado como referencia la experiencia del País Vasco, ya que tiene una población similar a la uruguaya y es un “buen símil” de estudio.
Para instalar de manera efectiva la administración electrónica, la docente del Derecho Informático y asesora del Parlamento Ana Brian comentó que se deben tomar en cuenta tres ejes básicos en la necesidad de normas: la firma electrónica, la protección de datos y el documento electrónico —como qué es original y qué no, su digitalización, fecha de vencimiento.
“Tenemos bases jurídicas para dar este paso y pensar en una administración electrónica con un carácter general”, opinó Viega.
Más eficiente.
El paso hacia el gobierno electrónico y el gobierno móvil parte de una premisa: mejorar la eficiencia del Estado y hacer que el ciudadano acceda a él de forma sencilla. Apunta a eliminar también trámites que hoy existen y no son necesarios. Estos son los que consisten en que el ciudadano realice una gestión para conseguir una información oficial para luego llevarla a otra dependencia del Estado para poder realizar allí otro trámite. Este es el ejemplo del certificado de buena conducta necesario para sacar el pasaporte. Los especialistas en derecho coinciden en que el ciudadano no debería estar en el medio de un trámite que debería hacerse dentro del propio Estado.
El gobierno electrónico sirve para que “el ciudadano deje de ser el cadete del Estado”, comentó Viega.
La docente Brian señaló que “el ciudadano ha de sentir que lo que se está haciendo en materia de gobierno electrónico le hace bien, no lo limita, lo ayuda y colabora en el ejercicio de los derechos ciudadanos. En la planificación estratégica el enfoque en el ciudadano a veces se descuida”.
“Hay que rever qué información se le pide al ciudadano, menos es más”, dijo Hernández, quien aseguró que a veces el gobierno pide más información de la que necesita.
Algunos ejemplos de buenas prácticas en Uruguay son los sistemas de ventanillas únicas con plataformas electrónicas, como el de ingreso de funcionarios al Estado, y el de comercio exterior en Aduana.
Aún resta un camino largo por recorrer. UTE tiene uno de los mejores mecanismos de implementación electrónica para dar servicios; no obstante, realizado el trámite para la instalación de energía eléctrica hay que calcular poder disponer de dos días para estar en el domicilio y esperar a que vengan a colocar la electricidad. “Tenemos todo el esfuerzo para que las prestaciones sean rápidas y eficaces, ante el ciudadano no se luce, no existe, no se está dando la atención que corresponde cuando se trata de gobierno electrónico”, opinó Brian.
Barreras.
Existen barreras para aplicar las estrategias de administración electrónica, informó Hernández. Estas son, en primer lugar, la brecha digital. La formación sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que hoy tienen los funcionarios públicos es una preocupación. Pero el conocimiento de las TIC también incluye a los ciudadanos.
Brian comentó que se han implementado mecanismos para que las declaraciones juradas a la DGI se hagan vía Internet, por ejemplo para los jubilados, pero el gobierno debe también contemplar que la población necesita tener conocimiento técnico para hacerlo.
En el País Vasco se crearon proyectos de gobierno en pequeños municipios que abarcaban a menos de cien personas.
“Tenemos que mirar para el costado para no inventar la rueda y también innovar para las dimensiones de nuestro país, las características de nuestra población, qué es lo que necesitamos para llegar a la administración electrónica; es un campo nuevo y fértil, tenemos que aprovecharlo”, dijo Viega.
Hernández detalló que son también barreras la seguridad y privacidad, la interoperabilidad —la capacidad de los diferentes sistemas de información existentes en los distintos organismos del Estado para compartir sus datos— y la participación ciudadana, que permitan, por ejemplo, hacer sugerencias o reclamos de forma sencilla.
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