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“Limitaciones para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones”, “falta de seguridad jurídica respecto de su operativa” e “insuficiencia de la capacidad económica”. Estos son algunos de los hallazgos de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) dados a conocer en un informe que analizó la gestión de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), cogestionada entre la Intendencia de Montevideo (IM) y el gobierno nacional.
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El diagnóstico, publicado el martes 7, da cuenta de un panorama poco alentador para la UAM, que luego de un gran comienzo se vio afectada por la baja concurrencia y los crecientes costos para los productores, según informó Montevideo Portal.
El documento afirma que la Unidad se encuentra expuesta a riesgos de carácter legal, financiero y operacional, que de concretarse podrían dar a lugar a “reclamos judiciales, sobrecostos financieros e inadecuada toma de decisiones” e incluso podrían “afectar la continuidad del negocio”.
Entre los señalamientos con nivel de gravedad “alto”, la AIN asegura que desde su inauguración el mercado ejerce atribuciones sin contar con un régimen jurídico que le permita disponer de los predios en los que opera, lo que “determina una falta de seguridad jurídica” respecto al ejercicio de su actividad. Indica, inclusive, que al menos 35% de los contratos celebrados hoy por la UAM referidos al uso de los padrones se encuentran afectados por dicha situación.
Con el objetivo de abordar este problema, la secretaria ejecutiva de la UAM, Adriana Zumarán, se reunió días atrás con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva. Posteriormente, la jerarca explicó en declaraciones a Telemundo que la IM propuso ceder los padrones en comodato por 25 años con una cláusula que implica que la gobernanza no cambie durante ese tiempo. Sin embargo, el informe sostiene que dicha disposición “condiciona la existencia del negocio a situaciones ajenas a la voluntad de la UAM y no controlables por esta”, al tiempo que “vulnera la autonomía” de la Unidad.
Según la auditoría, estos problemas dejan a la institución expuesta a reclamos judiciales de los operadores debido a la concesión de espacios sobre los que no posee derecho para la firma de los contratos. También se corre el riesgo de que los recursos de la UAM se destinen a fines distintos a los previstos y de que haya un cumplimiento ineficiente de los cometidos, entre otros aspectos.
El informe también hace referencia a la capacidad económica de la UAM como un aspecto grave para solucionar. Menciona que el parque agroalimentario hoy “no cuenta con capacidad económica suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras en los plazos acordados”. Este escenario se debe en parte a bonificaciones brindadas a algunos locales, así como a la baja ocupación, y genera que la institución se encuentre expuesta a asumir sobrecostos y a sufrir un deterioro de los servicios prestados a los operadores, agrega.
Otro de los puntos graves señalados por el organismo auditor refiere a la falta de una Unidad de Auditoría Interna, lo que expone a la UAM a riesgos por desconocimiento, así como a desviaciones en la ejecución “sin conocer, sin prevenir y sin detectar” posibles irregularidades.
Y por último, entre los hallazgos de gravedad media, la AIN menciona que la Unidad Agroalimentaria no acreditó que los bienes, derechos y obligaciones de la Comisión Administradora del Mercado Modelo hayan sido recibidos, lo que “no garantiza” que el patrimonio ingresado a la UAM sea el correspondiente. Asimismo, identifica debilidades en las tecnologías de la información utilizadas, las cuales no garantizan la continuidad operativa del negocio.
Consultado por Búsqueda, el presidente de la UAM, Daniel Garín, no quiso hacer declaraciones sobre la situación actual de la Unidad Agroalimentaria.
