• Cotizaciones
    viernes 20 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Pactar con las organizaciones criminales para bajar los homicidios es un error porque les da “mucho más poder”

    Las negociaciones con las bandas tienen implicancias complicadas para la democracia, y al concentrarse en los efectos “visibles” de sus conductas criminales, como los asesinatos, pasan por alto la violencia cotidiana que sufren los vecinos de los barrios en los que operan, advierte Inés Fynn

    El politólogo Daniel Chasquetti no tiene dudas sobre cuál es el camino para reducir el número de homicidios: “No hay otra forma de resolver esto que negociando con los jefes de las bandas” que controlan el narcotráfico local. “Se necesita un pacto”, dijo el 27 de octubre durante el programa Lado B, de TV Ciudad, en el que oficia de panelista.

    La idea de negociar con las organizaciones criminales está lejos de cosechar unanimidades. Inés Fynn, académica dedicada a investigar temas de seguridad, entiende que algunos piensen que esa puede ser la única salida, incluso en un país como Uruguay, pero avanzar por ahí es un error. La lista de razones es tan extensa como contundente.

    Doctora en Ciencia Política, Fynn ha trabajado junto con otros colegas la operativa de las bandas criminales y su impacto en los barrios. De hecho, su artículo Commitments of Silence: Reciprocity Networks and Criminal Organizations in Montevideo recibió varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencia Política Carlos Real de Azúa en categoría Artículos en 2025.

    Pactar con esos grupos, además de ser una claudicación del Estado problemática para la democracia, busca reducir la violencia “visible” y no el “poder” de las bandas criminales ni el mercado ilegal que manejan, dice Fynn. La supuesta solución mantiene de rehenes a los vecinos que sufren la coerción del crimen organizado a cambio de una reducción de los homicidios, cuya cifra podría romper un récord en Uruguay y es un dolor de cabeza para cualquier gobierno. “Buena parte de la violencia de estos grupos no se expresa en homicidios ni otras cosas de visibilidad, sino que pasa mucho más por abajo del radar de la opinión pública: amenazas, intimidaciones, restricciones de la movilidad” de aquellos que viven en los barrios más complicados.

    A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

    —El politólogo Daniel Chasquetti dijo en un programa de televisión que la única solución para bajar los homicidios es “pactar” con los grupos criminales, porque tienen un poder fáctico que el Estado debe reconocer. ¿Qué le parece la idea?

    —Entiendo en el fondo cuáles son los argumentos a favor de la negociación y en algún momento la consideré una alternativa. Pero antes de pararse de un lado o del otro del debate es importante comprender por qué esto podría ser una alternativa, por qué terminamos hablando de negociar sí o negociar no, sobre todo en un país como Uruguay, donde uno pensaría que era poco probable llegar a esta conversación.

    En primer lugar, este es un fenómeno que no va a desaparecer en el corto plazo porque, independientemente de determinadas cosas que pueden hacer los Estados, esto es un fenómeno que responde a lógicas que los trascienden. Es un fenómeno internacional y que vino para quedarse. Por otro lado, hay distintas alternativas de respuesta del Estado, que todas tienen limitaciones, y que frustran bastante a los tomadores de decisión. Por un lado está la clásica respuesta represiva, que ya sabemos que en muchos casos, si no todos, lo que hace es contribuir a espirales de violencia: fragmenta las organizaciones, aumenta la competencia y eventualmente también lo que hace es meter líderes de estos grupos adentro de la cárcel y los fortalece, porque los grupos criminales siguen operando dentro de las cárceles…

    —¿Como pasó con el Primer Comando de la Capital (PCC) en Brasil?

    —Exacto. Esa es una alternativa que durante mucho tiempo fue la predominante, pero que ya hemos aprendido que no da los resultados esperados. Por otro lado, hay gente que plantea un camino de legalización, de regulación de algunos mercados. Eventualmente, lo que podés hacer con eso es reducir los espacios de los mercados ilegales, pero tampoco los elimina del todo. Considerando que son mercados transnacionales, una solución de este tipo implicaría un acuerdo que va más allá de lo que hace un Estado nacional.

    —Uruguay siguió el camino de la regulación para el mercado de la marihuana.

    —Si bien ha aumentado la cantidad de consumidores que recurren al mercado legal, no desaparecen los mercados ilegales. En un paper que nos acaban de publicar, con Rosario Queirolo, Verónica Pérez, Lucía Tiscornia y Emiliano Tealde, mostramos que en realidad donde tenés presencia de grupos criminales las probabilidades de que la gente se pase al mercado legal son muchísimo menores que en barrios que son muy similares en una serie de otras variables y características socioeconómicas, pero que no tienen presencia en grupo. Al final la regulación y la legalización de ciertos mercados son una política que, si tiene éxito, es en algunos sectores de la sociedad, pero no donde operan algunos de estos grupos. Entonces, la legalización de los mercados, para que funcione, tendría que tener detrás un acuerdo transnacional y ni siquiera así la evidencia sugiere que eso funcionaría en toda la sociedad.

    Otra alternativa posible son las políticas como el plan Más Barrio, un tipo de intervenciones que apuntan a transformar condiciones que podrían favorecer el fortalecimiento de organizaciones criminales. Son intervenciones integrales, que van desde infraestructura, recuperación de espacios públicos, generación de cohesión social, etcétera. Son importantes y me parece que por ahí hay un camino interesante y algo de evidencia que sugiere que al menos alcanza resultados cercanos a los esperados de reducir la violencia, eventualmente a reducir el crimen. El problema de ese tipo de intervenciones es que son soluciones de muy largo plazo. Y no solo es eso, sino que requieren transformarse en políticas de Estado y que sean inversiones sostenidas administración tras administración. Obviamente, los gobiernos tienen la presión de reducir homicidios, violencia, etcétera, y se juegan la elección últimamente, en parte, con temas asociados a la seguridad, mientras que este tipo de intervenciones tienen resultados de muy largo plazo y por lo tanto no sirven electoralmente, por decirlo de alguna manera. En este contexto me parece entendible que la negociación con estos grupos aparezca como una alternativa muy atractiva, porque potencialmente podrías reducir niveles de violencia en un plazo relativamente más corto.

    —¿Cómo juega el ejemplo de El Salvador, donde un medio dice que hubo una negociación, pero también un fuerte control policial, que parece tener resultados no vistos en otro lado?

    —La condición de alcance de estas discusiones, al menos en mi opinión, es un contexto democrático y donde hay cierto respeto de derechos humanos; entonces, me parece que El Salvador está por fuera de esa discusión, porque sabemos cómo se han dado esos procesos de encarcelamiento masivo, cuáles son esas condiciones.

    —¿Hay algún caso que sí pueda entrar en la conversación?

    —Un caso interesante para pensar esto es el caso de México. Hay un libro que es superinteresante de Guillermo Trejo y Sandra Ley sobre México que ayuda a pensar un poco esto. Muestra que durante el período de hegemonía del PRI (Partido Revolucionario Institucional) había como ciertas redes informales de protección del Estado que permitían que organizaciones criminales pudieran operar. Existían ciertos pactos o acuerdos o negociaciones, y eso en gran medida permitió que estos grupos criminales operaran con niveles relativamente bajos de violencia. ¿Qué pasa con la alternancia política? Esto empieza a desarticularse. Empiezan a darse naturalmente cambios en autoridades políticas, directores de Policía, en autoridades judiciales, etcétera, lo que genera cierta incertidumbre sobre qué grupos son los que van a contar con protección estatal y cuáles no. Y lo que pasa ahí es que empieza a haber una escalada de violencia impresionante, esa es la explicación que le dan estos autores a lo que sufrió México posperíodo del PRI.

    —Decía que entiende por qué la discusión sobre negociar con los narcos existe. ¿Por qué no recorrer ese camino?

    —Es importante poner sobre la mesa cuáles son todos los riesgos que están en juego si es que se toma ese camino. Lo más importante de todo es entender que en realidad negociar con estos grupos persigue únicamente el objetivo de reducir la violencia, pero no reducir su poder. Por el contrario, este tipo de negociaciones lo que hace es darles mucho más poder. Les estás dando una vía directa para negociar con el Estado y empezar a demandarle, y esa es una canilla que después es difícil de cerrar. Estás reduciendo la violencia, pero estás protegiendo el funcionamiento de estos grupos y por lo tanto el mercado ilegal.

    —¿A qué se refiere?

    —Si tenés un acuerdo que consiste en que estos grupos reduzcan la violencia a cambio de una menor persecución o una menor intervención del Estado, básicamente lo que están haciendo los Estados es proteger a estos grupos, ¿no? Me parece importante poner sobre la mesa que no toda la violencia de estos grupos es visible. Acá lo que se está debatiendo son principalmente homicidios o violencia muy visible, desalojos masivos; es ese tipo de cosas que después saltan en la opinión pública, saltan en la prensa, pero sabemos que en Montevideo y en ciudades del interior hay un montón de grupos criminales que operan en barrios y que no necesariamente están involucrados en homicidios de manera permanente o que no están en prensa, pero que son muy violentos con la gente que vive en esos barrios. De hecho, buena parte de la violencia de estos grupos no se expresa en homicidios ni otras cosas de visibilidad, sino que pasa mucho más por abajo del radar de la opinión pública: amenazas, intimidaciones, restricciones de la movilidad. O sea, gente que no puede salir de su casa a determinadas horas, no puede pasar por determinados pasajes, calles, no mandan a sus hijos a la escuela. En fin, una serie de costos que son muy violentos para la gente que vive en estos barrios, que no están necesariamente asociados con violencia visible que luego el Estado puede decir que redujo. Cuando pensamos en una negociación dejamos por fuera una dimensión bastante importante del problema, y es qué es lo que hacen estos grupos con los vecinos, con las comunidades de los barrios donde viven.

    Por otra parte, estos son equilibrios inestables, muy frágiles, porque las organizaciones criminales —sobre todo en Montevideo y en algunos departamentos del interior— no son tan cohesionadas. Hay algunas que sí tienen liderazgos estables, que pueden eventualmente tener cierta capacidad de garantizar que se cumpla con lo pactado, pero muchos de estos grupos tienen niveles de organización muy precarios. Ponele que un líder se compromete a reducir la violencia, ¿pero qué pasa cuando es desplazado por otro o es asesinado por un grupo rival?, ¿qué pasa cuando aparece otro grupo quizás de jóvenes que no participaron de la negociación? En Uruguay no tenemos grandes cárteles que controlen, no estamos hablando del PCC u organizaciones de esa magnitud que tengan el control de varias organizaciones más pequeñas. Entonces, la estructura que tiene el mercado y cómo funcionan las organizaciones criminales también es una variable importante a tener en cuenta. ¿Cuántas organizaciones hay en los distintos barrios? ¿Cuáles son? ¿Con quién vas a pactar y con quién no? ¿Y qué pasa con quién no?

    —¿El Estado se vuelve árbitro de esta disputa?

    —Exacto. La negociación no es neutral. Además, estos acuerdos pueden generar cierta dependencia entre el Estado y estas organizaciones que después es difícil de sostener en el tiempo. Puede pasar que se instale esta idea de que “ah, bueno, si yo me pongo violento, entonces el Estado va a negociar”. La violencia se vuelve una herramienta de negociación, y una vez que empezás es muy difícil poner un límite de lo tolerable. Crea incentivo para que las organizaciones criminales puedan eventualmente querer ir empujando esa línea y, si vos no aceptás o no cedés, te puede explotar la violencia de nuevo.

    —Que decidan abrir la llave de la violencia para que el Estado se siente a negociar otras condiciones…

    —Exacto. Eso es complicado. Una negociación, en definitiva, puede terminar contribuyendo a reducir la violencia en un momento, pero ese equilibrio es difícil de sostener. Más allá de todos estos problemas, hay implicancias también para la democracia y para el funcionamiento del sistema. Negociar no es solo una estrategia de seguridad pública eventualmente orientada a reducir homicidios. Estás hablando de que ciertas organizaciones que ejercen poder a través de la violencia o amenaza tengan capacidad para condicionar decisiones del Estado. Y eso tiene un montón de implicancias que son muy problemáticas para una democracia y el Estado de derecho. Si hay ciertas organizaciones que tienen un tratamiento diferenciado a cambio de reducir la violencia, entonces hay un montón de preguntas que aparecen sobre igualdad ante la ley, aplicación del derecho, la aplicación de normas, etcétera. También tiene implicancias para la legitimidad del Estado, porque una negociación reconoce de facto a organizaciones criminales y cede parte de su autoridad frente a ellas.

    —Al negociar con criminales, ¿esto no puede abrir margen a la corrupción?

    —Hay un tema de rendición de cuentas, porque estas negociaciones se dan tras bambalinas, de manera informal. No es que va a aparecer una resolución diciendo que a partir de ahora vamos a negociar de esta manera con los grupos criminales. Eso también es un problema en cuestiones básicas de la democracia como el control de los ciudadanos sobre las concesiones que puede hacer el Estado y qué compromisos asume.

    —¿Cuán grave es la situación actual del crimen organizado en Uruguay?

    —En Montevideo hay grupos criminales operando y también en departamentos del interior. En las investigaciones que llevamos adelante con mis colegas Veronica Pérez y Lucía Tiscornia vemos que en muchos casos estos grupos criminales, como mencionaba antes, realizan una serie de actividades que condicionan la vida de estas personas, que muchas veces son muy violentas y visibles, y muchas otras veces, si bien tienen un trasfondo violento, no son una violencia tan visible o muchas veces son algunas actividades que tienen un trasfondo violento, pero no es una violencia explícita: por ejemplo, pagar por cierto servicio, como la luz, el agua o contribuir para actividades que se realizan en el barrio. Entonces, sí es cierto que realizan este tipo de actividades, pero a diferencia de lo que sucede en otros casos de la región no observamos que haya esquemas de gobernanza criminal complejos.

    La gobernanza criminal es un concepto que se desarrolló hace no tanto, que básicamente apunta a reglas que pueden ser implícitas o explícitas que establecen grupos criminales en los territorios donde operan. La gobernanza criminal puede ser más o menos compleja. Cuando es menos compleja, en realidad la gobernanza criminal, argumentamos, está constreñida a la regulación de los mercados ilícitos y tiene como ciertas externalidades negativas en el control del comportamiento, pero no trasciende a otras dimensiones de la vida como pueden ser dimensiones políticas, sociales, etcétera. En algunos contextos donde estos grupos criminales operan en el territorio y la gobernanza criminal llega a controlar actores políticos, hay secuestros de dirigentes sociales. En Uruguay el crimen organizado existe, vino para quedarse, pero a diferencia de lo que sucede en otros casos tiene una presencia bastante más constreñida al control de los mercados ilícitos y que no trasciende hacia otras esferas de la vida política, social, económica.