Bonomi vs. Garcé, una clave

Sin profundidad, Vázquez destacó presuntas virtudes de Bonomi como combatiente contra el delito. Añadió una cuota de nepotismo proyectando indirectamente a su hermano Jorge, el subsecretario, a quien ha llevado de la mano desde 2005. Su propuesta ocurrió mientras continuaban los robos, las rapiñas y los asesinatos. Esa habitual escenografía se completó con tres hechos atípicos: un grupo de asaltantes copó y robó el Casino Carrasco, los residentes de la Ciudad de la Costa tiemblan tras la violación de una adolescente alemana de intercambio que residía en esa zona y un hombre fue ejecutado de seis balazos en el barrio Casabó y le prendieron fuego a su cadáver.

La semana pasada, el candidato blanco Luis Lacalle Pou salió a marcar la diferencia y anunció a su equipo de seguridad encabezado por el ex comisionado parlamentario de Cárceles, Álvaro Garcé. Nadie lo confirmó pero si el nacionalista resulta electo, Garcé será su ministro del Interior.

Las diferencias académicas, de experiencia profesional y conocimientos legales y culturales entre Garcé y Bonomi son tan abismales como las que hay entre el río Negro y el arroyo Miguelete.

Los antecedentes de Bonomi como escudo de la seguridad y la vida de los uruguayos se basan en su experiencia actual y en la adquirida del otro lado del mostrador en los años 60, en haber cursado enseñanza secundaria, en el asesoramiento de algunos policías —más militantes partidarios que profesionales—, algún año en la Facultad de Veterinaria y breves incursiones como empresario.

El abanico de Garcé es amplio. Abogado, defensor de oficio del Poder Judicial en el interior, profesor de Filosofía, autor de trabajos sobre derechos humanos, profesor en la Escuela Nacional de Policía (conoce muchos brotes uniformados) y, desde 2005, con el respaldo de todos los partidos, fue en dos períodos comisionado parlamentario de Cárceles. A diferencia de Bonomi, no tiene brechas para el cuestionamiento. A sus conocimientos de base le ha incorporado un posgrado informal por su vínculo con presos y familiares y el del Ministerio (de quien dependen las cárceles). Se añade que seguramente no agredirá al Poder Judicial como lo han hecho Bonomi y alguno de sus dependientes. Quienes por su discurso y buenos modales imaginen a Garcé como un académico pasivo, desconocen la energía de sus 47 años y la autoridad con la que ha desempeñado esas funciones.

Cualquiera sea el ministro será necesario avanzar en el inalienable derecho a la rehabilitación del recluso y en el deber del Estado de proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Habrá que establecer una verticalidad inconmovible en la estructura policial y desarticular grupúsculos tan peligrosos en la interna como los del narcotráfico afuera. Hay que depurar y convencer a los funcionarios de involucrarse en la protección del ciudadano. La prevención es importante, pero también la represión, un vocablo que algunos han convertido en peyorativo pese a que significa controlar, frenar, templar y moderar.

Como lo declaró Garcé en “El País”, parece fundamental instrumentar una ley de emergencia en materia de seguridad. Sea cual sea el ministro se deberán aumentar los salarios de los funcionarios, tener más y mejores cárceles, más personal, infraestructura, tecnología y capacitación. No será sencillo. Pero si en la administración Vázquez de 2005 se votó con algarabía una ley de descongestionamiento carcelario y libertades, con más razón se impone una ley de emergencia sobre seguridad. Es un asunto de Estado en el que quienes deben ganar son los 3,4 millones de habitantes y no el interés partidario.