Atentamente
Eduardo Balcárcel
Héctor Luisi
Sr. Director:
A los 93 años, en su casona de Washington, falleció Héctor Luisi, abogado, profesor, ex ministro de Relaciones Exteriores, dos veces embajador de la República en los Estados Unidos y, por encima de todo, un ciudadano de la democracia, un republicano de vieja estirpe.
Nació en 1919, en una familia cultora de las ideas más liberales de la época, se recibió de abogado en 1944 en nuestra Facultad y luego en la Universidad de Cambridge en Derecho Comparado. Como ocurría habitualmente en la época, ejerció por muchos años el profesorado en Secundaria, como una contribución a la enseñanza pública más que como un modo de vida. En un Instituto Vásquez Acevedo ejemplar, entonces una pequeña Sorbona, enseñó Introducción al Derecho junto a Eduardo Jiménez de Aréchaga, Eduardo Vaz Ferreira, Enrique Véscovi y Santiago Rompani, nombres que de por sí definen aquel momento de nuestra educación.
Se especializó en el derecho aeronáutico y ejerció la profesión con reconocido brillo. Cuando el general Gestido, de quien era amigo, se incorporó a la vida política le pidió su colaboración y cumplió a su lado un destacado rol. No le aceptó ser su candidato a la Vicepresidencia, pensando que su amistad le inhibía. Le acompañó en cambio como ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció para ocupar por algún tiempo la banca del Senado para la que había sido electo. Poco después, en 1969, es nombrado embajador en Washington, cargo al que renuncia al producirse el golpe de Estado. Desde entonces se quedó a vivir en la capital norteamericana, atraído por sus hijos que allí tenían su actividad. En 1985, al restaurarse la democracia, tuvimos el honor de volverlo a designar en esa representación, que ejerció naturalmente con su reconocida solvencia y señorío.
Ciudadano representativo de un Uruguay democrático que respetaba la cultura y miraba siempre hacia lo mejor, Luisi fue un gran abogado y a la vez un ejemplar ciudadano. Cultivaba un estilo muy británico, tanto en el vestir como en el pensar; su clásica pipa acompañaba una conversación siempre inteligente, en la que irrumpían criterios muy personales y de gran originalidad. Honró así a nuestro país, adentro y afuera de fronteras. Formó, además, una hermosa familia, con una gran señora, Blanca Grosso, ya fallecida, y dos hijos a quienes deja el legado de una intransferible personalidad.
Julio María Sanguinetti
Marihuana (I)
Sr. Director:
La legalización del cannabis. El proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana o cannabis, que está en vías de ser aprobado por nuestro país, ofrece aspectos negativos tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, que estimamos conveniente examinar.
En el ámbito interno son destacables las siguientes consideraciones:
a) Está en contradicción con la opinión pública mayoritaria ya que todas las encuestas indican que más del 60% de los ciudadanos uruguayos no está de acuerdo con esta iniciativa.
b) Es inoportuno porque su puesta en funcionamiento va a incidir principalmente en el gobierno que resulte electo en las próximas elecciones, que puede o no compartir el criterio que ha inspirado la normativa que examinamos.
c) Constituye un experimento que puede generar consecuencias muy negativas y que no ha merecido el estudio previo indispensable para su puesta en vigencia. Los integrantes de la sociedad uruguaya son observados como si fueran cobayos en un laboratorio por la comunidad internacional. Creo que los uruguayos no nos merecemos cumplir ese rol. Cuando en países del primer mundo aquellos que intentaron, tímidamente, establecer sistemas de legalización del cannabis, como lo va a hacer el Uruguay, ahora están revisando lo acordado en esta materia en el pasado, parece muy aventurado el imponerlo en nuestro querido país.
En el ámbito internacional, las dificultades y complicaciones que ofrece son variadas y, en algunos casos, pueden ser sorprendentes.
En primer lugar, va a implicar una abierta y flagrante violación de la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 y la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988, ratificada por nuestro país el 10 de marzo de 1995.
En el año 2011, cuando fui entrevistado por un periodista del diario “El País” sobre este tema, manifesté que era imperioso, si el gobierno estaba dispuesto a continuar con un proyecto de esta naturaleza, denunciar las citadas convenciones, conforme a lo que establece el artículo 46 de la Convención de 1961 y el artículo 30 de la de 1988.
No se ha procedido así y, entonces, muchos aspectos del proyecto de ley de referencia contradicen esos tratados, que obligan, entre otras cosas, a las partes a tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la entrega, etc., de una serie de estupefacientes entre los cuales se encuentra la planta de cannabis.
Obviamente, no se da cumplimiento a esas obligaciones internacionales con el proyecto de ley de referencia lo que implica desprestigio para un país que ha sido siempre respetuoso del Derecho Internacional.
En segundo lugar, el gobierno, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Macarena Gelman, ha sostenido que el Derecho Internacional se supraordena, subordina o es de mayor jerarquía que el Derecho Interno. En otras palabras, para el gobierno, cuando hay contradicción entre una norma internacional y una interna, habría que aplicar la internacional.
En este caso, obviamente, va a sostener otra tesis.
En tercer lugar, los funcionarios públicos y las personas privadas que, en el marco de la ley que se va a sancionar, desarrollen las actividades tipificadas como delitos por la Convención de Viena de 1988, corren el riesgo, cuando se encuentren en el exterior, de ser juzgados y condenados conforme a la legislación del país en que se encuentren.
En efecto, el inciso b) del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención de 1988, permite a los Estados parte declararse competentes para juzgar los delitos mencionados cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado en que se cometieron esos delitos no solicite la extradición.
En cuarto y último lugar, menudo favor se le hace a la posición uruguaya en el juicio que le ha promovido Philip Morris, donde reclama una indemnización de dos mil millones de dólares a la República Oriental del Uruguay, con esta ley. Obviamente, esa multinacional va a alegar que nuestro gobierno persigue el consumo del tabaco por un lado y por otro, legaliza el de marihuana...
Edison González Lapeyre
CI 662.864-2
Marihuana (II)
Sr. Director:
En la edición del 01/08/2013, en la sección Cartas al Director de Búsqueda, el señor Pablo Galain Palermo, desde Freiburg (Alemania), hace algunas apreciaciones sobre lo que expresé el 25/07 en la misma sección. Está equivocado.
Se intentó advertir, como es deber de todo uruguayo, el peligro que representa para las instituciones democráticas republicanas (Constitución art. 82) la existencia de algunos rumores que son consecuencia de la falta de transparencia con que se maneja el partido mayoritario y puse como ejemplo lo que ocurre con motivo del proyecto relativo a la marihuana. Señalé que esos rumores son consecuencia de que no se sabe quién ha pagado una costosa propaganda que hace o ha hecho la apología de la marihuana “resaltando presuntas virtudes de la droga pero sin señalar ninguno de sus defectos y peligros que han llevado a prohibir y penalizar su producción y comercio”. Nadie puede dudar que eso crea suspicacias porque no hay ni puede haber persona o empresa que comercialice legalmente ese producto y financie su propaganda. La gente se pregunta si son los traficantes los que pagan.
Expresé sí, que existe la duda de si se ha investigado o no esa situación que aparentemente está encuadrada en lo que establece el artículo 34 del decreto ley 14.294, en la redacción dada por el artículo 3 de la ley 17.016, cuando dice que el que “promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con la pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría”. También la gente se pregunta si se ha estudiado si esa conducta no podría ser considerada complicidad o coautoría respecto al tráfico de drogas. Todo ello porque esa propaganda ha estimulado o “estimula el consumo, hace crecer la demanda y en consecuencia aumenta la venta y el precio, lo que únicamente beneficia a quienes la fabrican, la distribuyen y la venden, todas actividades delictivas castigadas por la ley”.
Nunca dije “que el gobierno uruguayo hace apología al consumo de marihuana” ni que “pone en tela de juicio que con el proyecto de legalización del cannabis el gobierno uruguayo hace el juego al narcotráfico (o incluso que estaría recibiendo financiación de él como contraprestación por la apología del consumo)”.
Todo lo contrario. Informé objetivamente de uno de los rumores existentes con la intención de que se informara lo que puede suponerse se ha hecho en la materia.
Estamos de acuerdo con el señor Galain Palermo en que el consumo no está penado como tampoco está penado envenenarse o suicidarse, tomar alcohol o fumar, pero sí, en algunos casos, determinadas conductas que contribuyen al daño de los seres humanos, en este caso, la fabricación, el transporte y la venta de determinadas drogas. Las leyes están vigentes y hay que cumplirlas nos parezcan acertadas o no, hasta que sean cambiadas, si lo son. No es válido el argumento fascista de que el fin justifica los medios, que pone en peligro los derechos humanos garantizados por nuestra Constitución y puede llevar a la existencia de un Estado autoritario o dictatorial que funcione fuera de las normas que garantizan esos derechos y determinan las obligaciones del mismo. Esas leyes son un desarrollo de la norma constitucional que dice que “el Estado combatirá por medio de la ley y de las convenciones internacionales, los vicios sociales” (Art. 46) y la que establece su obligación de procurar “el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país” (Art. 44).
Dice bien el señor Galain Palermo que hoy está permitido consumir pero no adquirir (diría mejor, venderle al consumidor, obviamente para protegerlo). Guste o no, hoy es así: la ley está vigente y las autoridades deben hacerla cumplir como lo están haciendo hoy, decomisando cantidades muy grandes de droga.
Nunca se dijo que el proyecto hiciera la apología de la marihuana sino que quienes lo han hecho son aquellos que han realizado la campaña publicitaria; tampoco que el proyecto favorecerá el tráfico de marihuana.
Lo que afirmé sí, y es una opinión personal, es que el Poder Ejecutivo como ejecutor de lo que establecen las Constitución y las leyes, está en la obligación de contrarrestar esa propaganda a favor de la marihuana haciendo conocer la otra campana: cuáles son los perjuicios que la droga produce en el ser humano, según la opinión de los científicos, y evitar que los jóvenes se dejen convencer por esa unilateral falsa información. Con ello claramente pondría fin a las suspicacias y derrotaría a los rumores.
Cuando hay oficinas creadas para combatir el narcotráfico que patrocinan un proyecto que permite al Estado practicar la misma conducta que hoy es considerada delito y que lo seguirá siendo si la practica otro que no sea el Estado, parece urgente que se acabe esa pasividad para terminar de una vez con los rumores. Si se aprueba la ley, ella no podrá aplicarse hasta 2015 o 2016 por no existir fondos presupuestales para ponerla en funcionamiento. Mientras tanto seguirá la apología de la droga y el daño aumentará al crecer el consumo, beneficiando, aunque no se quiera, a los traficantes.
El señor Galain Palermo dice que existe otro escenario mucho más racional “para explicar por qué corresponde financiar la propaganda para el nuevo proyecto”; la OEA “ha exigido a los países de la región un camino alternativo para combatir el problema de las drogas en las Américas”. Parece bien que se busquen otros caminos que sean efectivos. Lo que aquí se procura es combatir los rumores que perjudican la institucionalidad y verificar si esa propaganda no constituye delito. La Constitución y las leyes están vigentes y un deseo de la OEA no está reconocido en nuestro derecho como una forma de declarar su inaplicabilidad. Las autoridades gubernamentales deben cumplirlas mientras estén vigentes y derrotar así al rumor.
Javier Barrios Anza
Marihuana (III)
Sr. Director:
Administración Nacional de Narcóticos del Estado (ANNE). Esta es la movida que se viene. Una oficina pública con directores, secretarios, porteros, choferes, mesa de entrada, pinches, becarios, guardias de seguridad, dos veintidós, quizás campesinos cultivadores de marihuana, controladores de calidad, distribuidores, controladores de lo que fuma cada uruguayo que fume en blanco.
Que la gente fuma es un hecho. Que el consumo no esta penado es una realidad. Que se pueda fumar y consumir sin ningún riesgo penal parece ser un camino discutible pero razonable. Siempre hay fundamentalismos de los dos lados. Están los que piensan que hay que liberar hasta la cocaína y están los que comparan fumar marihuana con comer con mucha sal. Ni tanto ni tan poco.
Pero acá se está yendo mas allá. Se esta yendo hacia un Estado distribuidor de marihuana. Un Estado que no distribuye Valium, ni morfina; elige esta droga para distribución propia y nos fija un máximo de 480 gramos por año. Chupate esta mandarina. ¿Por qué esa cantidad y no menos? Vaya a saber uno.
Lamento profundamente que los impuestos que pagamos los trabajadores uruguayos vía IRPF y el IVA que pagan los pobres cuando compran fideos o arroz vaya a crear una burocracia estatal que busca controlar la calidad de una droga que cada uno podría producir en su propia casa y con la calidad que su dedicación alcance. Los pobres y los trabajadores de este país, fumen o no, van a financiar los vicios de gente libre que elige qué fumar.
Es una pena tremenda que en la Cámara todos quienes están en contra expongan argumentos fundamentalistas y no haya nadie que se ocupe de defender la libertad de las personas pero también de defender la plata de los contribuyentes, que es para eso que los parlamentarios desde el origen de los parlamentos están.
Por otro lado, los que dicen defender la libertad de los ciudadanos dicen que no están para elegir por la gente, pero son los mismos que dieron vuelta la decisión que la mayoría de los ciudadanos tomó junto con las elecciones. Decisión que en lo personal lamenté pero respeto como demócrata. No pasa lo mismo en el Parlamento uruguayo.
Estamos en manos de cualquier gente. El gobierno está desorientado. Creemos que desde Uruguay vamos a inventar cómo tratar este asunto. Vanidad o estupidez. La oposición, usando argumentos llenos de miedo y ninguno con un solo argumento pragmático.
Para los que pagamos estos errores, no va a quedar otro camino que empezar a fumar o tratar de conseguir laburo para nosotros o nuestros familiares en la ANNE. Es la única forma que vamos a tener de sacar un beneficio de esta tontería. Si no fumas porro, al menos que te paguen un sueldo, y no que seas vos, el nabo de siempre, que le paga los vicios al resto, bajo la mirada compasiva y progresista de los gobiernos que reparten lo que no les cuesta nada ganar y de la oposición que no sabe buscar los argumentos necesarios para dar vuelta y dejar a los soldados de la mayoría automática como lo que son: escribas de un gobierno atolondrado.
El mensaje es el siguiente: vos plantá margaritas en tu balcón que la gilada banca el experimento de la marihuana estatal. Festejen uruguayos o al menos sigan pagando impuestos, porque no hay nadie que les defienda la plata. Fumar o reventar.
Rodrigo Vera Canedo
CI 2.619.436-4
Marihuana (IV)
Sr. Director:
Función parlamentaria (o) partidaria. Constitución de la República, Art. 90: “Para ser Representante se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal con cinco años de ejercicio y, en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad”.
En la oportunidad intentaré referirme a la actitud asumida por el electo diputado por el Frente Amplio, Darío Pérez, doctor en Medicina, en relación a la votación del proyecto de ley sobre la habilitación del autocultivo y la venta de cannabis (marihuana).
Es importante señalar que los requisitos necesarios para ser representante los encontramos en el Art. 90 de la Constitución; la fuerza política oficia de vehículo y la representación la otorga la ciudadanía con su voto democrático.
Dada la importancia del tema y eventuales consecuencias de incertidumbre para la sociedad, considero cuestionable que una persona a la cual la ciudadanía le confió democráticamente su representación, desestimando sus convicciones y argumentaciones, acompañe con su voto la aprobación de un proyecto de ley que le ofrece, según sus propias manifestaciones, serios reparos.
El legislador terminó apoyando lo que la fuerza partidaria entiende hay que acompañar y postergó a la ciudadanía electora. Tan es así que reconoció lo nefasto de lo aprobado —con gruesa calificación— y hasta manifestó que juntaría firmas para derogar lo que él mismo apoyó: si no fuera que el proyecto aprobado refiere a la problemática de la salud y en mayor grado a los adolescentes, dicha actitud ocuparía el anecdotario parlamentario como una jocosidad más. Pero la cosa es muy seria.
A nuestro entender, la actitud en “reversa” del parlamentario carece de firme fundamentación, pues lo que vaya a pasar una vez vigente la ley es de resultado incierto, es “probar” y esperar (o “rezar”). Nada garantiza que la normativa, una vez aprobada, favorecerá a la sociedad; lo cual sería más probable si se atendiera, con énfasis similar, a temas como la seguridad, la educación, la vivienda y/o la salud.
Además, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), organismo imprescindible para el proyecto, no cuenta con financiación presupuestaria para los controles de calidad, la fiscalización del mercado y el reparto de licencias. Es decir, contar con los recursos necesarios dependerá de una determinada asignación.
Por más que se le dé vueltas, la “voltereta” del diputado “rebelde” no tiene mucho asidero. Lejos del mínimo cuestionamiento personal, tengo derecho a dudar de las dudas que el legislador decía tener para decidir su voto.
Finalmente estimo necesario expresar: la actitud del diputado Pérez en la instancia parlamentaria, sumada a las recientes declaraciones del Sr. Calzada de la Junta Nacional de Drogas respecto a fijar el precio de venta del gramo de marihuana tomando como referencia ¡el del mercado negro!, en clara competencia por el consumo, y la intención gubernamental de impulsar un referéndum si es aprobada la ley, son todos elementos contradictorios, al menos para quien escribe, que golpean duramente la confianza ciudadana en mi calidad de elector.
Carlos Nilson
CI 1.157.940-4
La candidatura de Tabaré Vázquez
Sr. Director:
Agradezco tenga bien publicar la resolución de la Lista 800 del Frente Amplio referente al posicionamiento asumido por nuestro sector con referencia a las próximas instancias electorales.
Sin otro particular le saluda muy atentamente,
Humberto Castro
CI 3.095.588-1
Secretario General
Baluarte Progresista
Lista 800
Frente Amplio
Ante los últimos acontecimientos políticos, la Lista 800 en todo el país, representada por las agrupaciones Baluarte Progresista, Movimiento Canario y Aliados-Canelones, Movimiento Bio-Ecologista, Espacio de Participación Frenteamplista, Brazo Libertador-Montevideo (611), Izquierda Democrática-Paysandú (873), Izquierda Avanzada-Tacuarembó (1800), Movimiento Por un Interior Participativo-Salto (619), Acción para los Cambios (San José), Movimiento Cristiano Progresista, Red Uruguaya de Trabajadores y Estudiantes con VIH, Agrupación Independiente FA-Artigas, Propuesta Popular-Flores (8000) y Frenteamplistas Independientes declaran:
Apoyo a Tabaré
1 - Reiterar el respaldo al Cro. Dr. Tabaré Vázquez como candidato a la Presidencia de la República por nuestro Frente Amplio, ya que estamos convencidos, al igual que la inmensa mayoría de los frenteamplistas, que constituye nuestro mayor patrimonio político avalado en su experiencia exitosa de una primera Presidencia de la izquierda uruguaya con los más altos índices de aprobación ciudadana.
Sí a candidaturas múltiples
2 - No nos oponemos a las candidaturas múltiples en la medida que es natural la existencia de otras opciones o preferencias en un Frente Amplio plural, diverso y democrático. Sin embargo, nos preocupan aquellas expresiones que, en lugar de representar esa diversidad, lo hacen con el fundamento de oponerse a nuestra principal figura que, en los hechos, en vez de ampliar nuestra expresión política y electoral, se traduce en la erosión del Frente Amplio en su conjunto.
Elección del vicepresidente
3 - Por lo tanto, entendemos que la presentación de una candidatura alternativa no significa la obligatoriedad de estar representada en la fórmula presidencial de nuestro Frente Amplio para las elecciones nacionales del 2014. Para ello, nos parece necesario expresar que la elección de la candidatura de la Vicepresidencia por el FA, tal como en las últimas elecciones, sea a propuesta del candidato a presidente, que será avalada, según nuestros estatutos, por el Congreso Nacional del Frente Amplio.
No a la polarización
4 - Asimismo, la lista 800 reafirma su compromiso de participar de las próximas instancias electorales y continuar trabajando por la Unidad del Frente Amplio que deberá ser reflejada con una política de alianzas que desestimule la polarización entre sectores, para que el próximo gobierno del Frente Amplio, encabezado por el Cro. Dr. Tabaré Vázquez, tenga el equilibrio necesario entre lo técnico y lo político, continuando con la profundización de los cambios propuestos por nuestro Frente Amplio.
La Iglesia Católica
Sr. Director:
Pongamoslo así. Estoy totalmente de acuerdo con quien firma “Madre” en carta de los lectores de Búsqueda del 1º de agosto.
Pero en Galería de la fecha se despacha contra la Iglesia Católica con estas palabras textuales: anquilosamiento y descrédito, soberbia doctrinaria y alejamiento de su verdadera misión.
La Iglesia Católica no es solo el Papa. Él es la cabeza visible, pero también lo son todas las organizaciones que la integran.
¿Conoce los cotolengos, de hombres y mujeres, las hermanas de la caridad, los vicentinos, los focolares, las monjitas de la madre Teresa, los visitantes de las cárceles, los agustinos, las escuelas salesianas, el Liceo Jubilar, las monjas de la Asunción y muchas más, muchas más, no solo en el Uruguay sino en el mundo entero?
Seres que dejan su tiempo en este mundo por amor a los más necesitados, no unas horas, un día o un año, sino la totalidad de su vida.
Todos son la Iglesia. El pedido de Jesucristo de hace más de 2.000 años: amarás al prójimo como a ti mismo, está presente siempre.
¿Que hay errores? Son seres humanos.
Por eso no juzgue tan severamente a la Iglesia y trate de cumplir: tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, enfermo y me cuidaste, preso y me visitaste, solo y me acompañaste, no sabía y me enseñaste.
Los Papas pasan pero la caridad (el amor) siempre permanecen.
Le saluda con cristiana estima,
Néstor Rebella
CI 847.795-8
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