Chapuzas para nuevos ministros

Quedó en evidencia que si no se asume que las designaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) son una cuestión de Estado, de seguridad jurídica al margen de intereses partidarios, cofradías o venganzas, y que lo que se debe considerar es la calidad, habrá que imitar a los guardas: “Cerrá y vamos”. O darle la razón a Petinatti: “Nos fuimos a la mierda”.

La vacante en la Corte por el cese de Jorge Ruibal debía definirse el 4 de setiembre. Según el artículo 236 de la Constitución, la Asamblea General designará por dos tercios de votos a los titulares de ambos organismos y si a los 90 días de la vacante (ese día se cumplían) no hay acuerdo, ingresa “automáticamente” el ministro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones.

El más antiguo es Eduardo Vázquez Cruz, a quien le siguen Eduardo Turell, Beatriz Fiorentino, Elena Martínez, Selva Klett y Bernadette Minvielle.

Cuando el martes 1º se había acordado designar a Martínez en la Corte, en el bazar legislativo irrumpió el torpe elefante del presidente Vázquez. La diputada del MPP Susana Pereyra les hizo saber a los legisladores oficialistas que estaba en contra y que les pidió que dejaran transcurrir el plazo para designar por antigüedad. Mientras, el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, discutía con el ex presidente José Mujica con el mismo objetivo. Si acataban ascendería Vázquez Cruz. Pero el acuerdo estaba cerrado.

El pacto también habilitó a que Alicia Castro, impulsada por el Frente Amplio, llegara al TCA en sustitución de Ricardo Harriague. Pero el 26 de noviembre, cuando cese en la Corte Jorge Larrieux, ella irá en su lugar. Un enroque para conformar. Por el acuerdo, cuando el 10 de noviembre cese Mariela Sasson en el TCA, ese cargo lo ocupará Vázquez Cruz y todos contentos. O casi. Lo que parece definitivo es que se terminaron los ascensos por antigüedad y que sigue vigente —aunque el presidente haya afirmado lo contrario para rebatir a Mujica— que lo político (y lo amistoso) está por encima de lo jurídico.

Fuentes de todos los partidos me comentaron que durante las negociaciones la decisión estuvo rodeada de una ola de susurros y chismes nunca expuestos formalmente. Nada sobre la calidad jurídica.

“Vázquez Cruz es masón, fue presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay y tiene apoyo porque Elena Martínez es de la oposición gremial y está vinculado a círculos íntimos del presidente. Por eso lo quiere Vázquez”, afirmaban algunos.

“Es incomprensible que el oficialismo se empeñe en que Castro —a la cola de la lista de antigüedades— termine en la Corte cuando en la dictadura ingresó como personal de confianza del decano interventor de la Facultad de Derecho justo cuando en su despacho se destituía a los docentes demócratas”, argumentaron otros.

“Cómo pretenden que Martínez vaya a la Corte si en 2012, cuando la propusieron para el TCA, lo rechazó porque dijo que es partidaria de respetar las antigüedades y está en el cuarto lugar”, señalaron legisladores oficialistas. “Elena Martínez, la esposa del senador (Ope) Pasquet, no desea pasar por encima de sus compañeros del Poder Judicial con más antigüedad”, consignó entonces el senador colorado Pedro Bordaberry en Twitter. Los jueces consideran que el TCA tiene menos jerarquía que la Corte.

Nada discutieron sobre la calidad e idoneidad de los magistrados. Se centraron en el análisis político sobre los candidatos y sobre sus calificaciones o descalificaciones.

Para terminar esos intríngulis debería reglarse la forma de designar sin que quede librada exclusivamente a la decisión arbitraria de los legisladores. En 2012, cuando Pasquet era senador, sugirió que los interesados en esos cargos se presentaran con antecedentes y se realizaran consultas al Colegio de Abogados y a los institutos universitarios y se analizara la calidad jurídica de los candidatos y su comportamiento. No alcanza con las antigüedades; hay que considerar las especialidades, dijo.

Algo similar pero más amplio propone un proyecto del Colegio de Abogados: ante una vacante hacer un llamado público abierto, que los postulantes presenten trabajos académicos y que también tengan la misma posibilidad los abogados que no sean jueces y los fiscales. Asimismo propuso que comparezcan ante un tribunal examinador como en los países en serio. ¿O todo debe definirse entre cuatro paredes con intereses personales y reproches?

Mientras en este terreno se siga jugando en la “B” jamás vamos a disputar el título en primera división, porque lo político (y los otros intereses o revanchas) sigue por encima de lo jurídico.

No es necesario que nadie lo admita o lo niegue. Los hechos son tercos.