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Los puntos de referencia, esos que permiten tener una perspectiva más amplia, se han ido diluyendo en todos los terrenos junto con el derrumbe educativo general y la pérdida de la cultura de varios gobernantes. Se opina sin fundamento, impulsando peligrosas reacciones ciudadanas, y se expone al Estado. Ocurrió con la saliente ministra de Salud Pública, Susana Muñiz.
Es preocupante que hayan pasado inadvertidas sus impertinentes opiniones sobre el futuro laboral de los llamados “enfermeros asesinos” tras ser absueltos por la jueza penal Dolores Sánchez, que no tuvo pruebas para condenarlos. Quedaron en libertad. Habían sido procesados con prisión en marzo de 2012 por el juez Rolando Vomero a pedido del fiscal Diego Pérez.
Para condenar se requiere mucho más. Las denuncias no pasaron de ser un “rumor”, dice Sánchez. “Nadie los vio efectuar ningún procedimiento inusual, ni dar muerte a paciente alguno; (…) los decesos, a pesar de que para algunos testigos no eran esperables, se contradicen con las conclusiones de la Junta Médica, la que subraya que todas las muertes eran esperables debido al estado crítico de los enfermos; (…) se necesita más que una sospecha para condenar, se necesita más que una probabilidad, se necesita la certeza de la existencia del hecho delictivo y de la culpabilidad del o de los encausados; la condena solo será legítima cuando las pruebas la hagan inevitable, cuando no haya más remedio”.
La fiscal Mónica Ferrero apeló y un Tribunal de Apelaciones decidirá si absuelve o condena. Este caso —aunque no es el único— es un ejemplo contundente de lo injusto y obsoleto del sistema procesal vigente. Para la mayoría de la sociedad y de los medios, se invierte la presunción de inocencia. A algunos les basta con fuentes policiales o con los procesamientos para transformar la presunción de inocencia en condena. El nuevo Código del Proceso Penal que regirá desde 2017 deberá dar vuelta esta página. Es la idea, pero sin una profunda campaña educativa es imposible que el ciudadano asuma el principio de inocencia, y que por más que griten clamando venganza, el Estado debe demostrar fehacientemente la responsabilidad penal del investigado. Será cometido ineludible del Poder Judicial y del Ministerio Público y, por su trascendencia, también del Poder Ejecutivo. Educar e informar es lo más difícil de este cambio.
Pero así debe ser. No en vano hace ya 225 años Voltaire sostenía que “es preferible exponerse a absolver a un culpable que castigar a un inocente”. En Uruguay, casi 60% de los presos no tienen condena y varios son inocentes.
Sin embargo, para la sociedad (las ruedas de boliche y los payadores de siempre) los “enfermeros asesinos”, los “despiadados exterminadores”, los “ángeles de la muerte”, fueron culpables de entrada. Contribuyó el gobierno. Cuando estalló el caso, el ex ministro de Salud Pública Jorge Venegas se mostró “consternado y preocupado” por una cuestión “que no tiene antecedentes en el país” (dio por demostrada la culpabilidad). El subsecretario Leonel Briozzo consideró “dramático” comprobar la existencia de “asesinos”. Y como le pareció poco, añadió: “una cosa es la mala praxis, pero esto es un crimen”. Condenados y sepultados por dos gobernantes cuando el proceso comenzaba.
Se pueden admitir esas opiniones de algunas personas por ignorancia de las normas, consternación, conmoción o los fundamentos del juez que procesa. Fuera del sistema de Justicia nadie le presta atención al proceso ni al principio de inocencia. ¿Por qué no advertir “presunto” responsable o “eventual” autor, y explicarlo? Es que la masa espera adjetivos contundentes con la complicidad irresponsable de las redes sociales.
Sin considerarlo, Muñiz dijo que pese a la absolución “sería aconsejable para todo el mundo” que los enfermeros “no trabajaran más en el ámbito de la salud”. Aunque aclaró que eso lo deben decidir ellos mismos, tiró el misil “aconsejando”. ¿Quién se cree que es para aconsejar? No es una opinión del montón. Es la ministra de Salud.
Ni siquiera esperó la sentencia del Tribunal de Apelaciones que podría dejar sin efecto la absolución y avalar su tesis. Si se confirma la absolución y los enfermeros quisieran trabajar, ¿quién les daría trabajo luego de esa imprudente intervención de Muñiz? No importa si quieren seguir en el sistema de salud o no. Si fueran inocentes, desde el punto de vista social, excomulgados.
También fue absuelto la semana pasada por un tribunal el ex intendente de Treinta y Tres Gerardo Amaral, que había sido procesado sin prisión por abuso de funciones.
Cualquier persona absuelta que haya estado encarcelada puede reclamar que el Estado lo indemnice según el artículo 4º de la ley 15.859. Las indemnizaciones han tenido un tope de U$S 40 por cada día de prisión. Eventualmente los enfermeros también podrían demandar al Estado (Venegas, Briozzo y Muñiz) por sus imputaciones. Aunque siempre se paga con nuestros impuestos.
El proceso no termina con la sentencia de un tribunal. Luego de ese fallo, queda otra etapa a la que no siempre se recurre: la casación ante la Suprema Corte de Justicia. Solo entonces es definitivo. Lo demuestra el caso del ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, procesado en abril de 2014 sin prisión. Por mayoría, un tribunal lo absolvió del delito de abuso de funciones. Ahora, en casación, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dice que cometió el delito. Veremos qué dice la Suprema Corte.
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