Corrupción: el peligro de no invertir

Sin embargo, nadie mete el bisturí a fondo. Lo demostró la reciente Cumbre de las Américas, un ámbito idóneo para discutirlo. Tengo claro que esa pretensión es ingenua; nadie hace striptease en una iglesia en la que muchos fieles comulgan el mismo credo. Entonces, pour la galerie, optan por lo formal: peroratas huecas, abrazos, sonrisas de implantes dentales y evitar pisar los callos del vecino. Transitan por lo políticamente correcto y aplauden la espectacularidad de las candilejas fotográficas que poco o nada significan para ese problema.

Uruguay y Chile resultaron los mejor calificados, aunque la medición se hizo antes de los sucesos de fraude fiscal y financiamiento ilegal de partidos que involucran a dirigentes políticos oficialistas y opositores y al hijo de la presidenta chilena Michelle Bachelet.

Estas cumbres comenzaron en 1994. En estos veintiún años los países han reiterado su compromiso de luchar contra la corrupción aunque sin exigir o tomar medidas concretas. Por el contrario, algunos gobiernos —tomemos como ejemplo, para nada arbitrario, a Venezuela y Argentina— conspiran contra las investigaciones, apoyan a los corruptos y desconocen (o violan) la independencia judicial. Consecuentemente, le toman el pelo al resto.

En 1996 la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción que en Uruguay se tradujo en 1998 en normas para combatirla a través de la ley 17.060, lo que es muy claro en su título: “Normas referidas al uso indebido del poder público (Corrupción)”.

El tiempo transcurre y algunas marcas se pierden. Pasan a admitirse, arriba y abajo, violaciones de toma y daca, y corruptelas (una forma de no llamarlas corrupción) que la sociedad admite como “normales” y se fomenta una cultura de la criminalidad, una ideología de la corrupción. Se ha acentuado en algunos casos graves (Pluna, Asse, intendencias, sindicatos) con el respaldo a varios de los investigados de sectores políticos o sindicales que descalifican a la justicia.

Es lo contrario al aserto del prócer colombiano José Galán: “Ni un paso atrás, siempre adelante”; traducido al lenguaje del presidente Tabaré Vázquez: “Al que meta la mano en la lata, se la cortamos”.

La privilegiada ubicación que TI le otorga a Uruguay —con lo de Chile queda en solitario como ejemplo— obliga a seguir adelante, a no perder las marcas y a aceitar los mecanismos para dotar al Estado de instrumentos idóneos y afilados para amputarles las manos y algo más a quienes metan la mano en la lata.

Uruguay no tiene tribunales especializados para la investigación exclusiva de los delitos que la ley 17.060 tipifica para los funcionarios que hagan un uso indebido del poder público: “cohecho”, “fraude”, “conjunción de interés público y privado”, “abuso de funciones”, “revelación de secretos”, “tráfico de influencias” y “utilización indebida de información privilegiada”.

Los investiga, claro está, pero dentro de un cambalache discepoliano; una mezcolanza con otros delitos. Cualquier investigación sobre la ley 17.060 —salvo que sean inferiores a U$S 20.000— es competencia de los jueces y fiscales especializados del Crimen Organizado, cuyos despachos están desbordados. Es que la ley que los creó los hizo competentes, además, para delitos de terrorismo, tributarios, quiebra fraudulenta, insolvencia societaria fraudulenta, tráfico de armas, lavado de activos, prostitución infantil, tráfico de personas y narcotráfico. Todos en franco crecimiento.

El cúmulo de trabajo dificulta que esos magistrados puedan atender esos asuntos con la celeridad necesaria, lo cual conspira contra el propio sistema. Carecen de especialistas asignados solo para a esas sedes. En ese tipo de delitos jueces y fiscales requieren la experticia (la prueba pericial) en diversas áreas relacionadas con la ciencia jurídica que les permita codificar o decodificar cada asunto con certeza.

Cuando un país como Uruguay goza de esa ubicación destacada debe acentuar ese control a través de la creación de un juzgado exclusivo para los hechos corruptos de la ley 17.060 y/o fortalecer o ampliar los dos actuales del Crimen Organizado. Además, debe abrirse a más recursos para la Auditoría Interna de la Nación, el Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Alguien puede hacer un razonamiento simplista: “¿Para qué invertir en algo que funciona?”. Es al revés. Lo importante es asegurarse de que siga funcionando bien. Es inevitable una justicia eficiente e implementar políticas complementarias: educar en la honradez, fomentar la transparencia y hacer campañas de sensibilización. No alcanza con las leyes sino que estas y su aplicación deben satisfacer rápidamente el requerimiento social.