Del motor al pedal judicial

Los corrillos políticos consideran “altamente probable” un acuerdo que debe incluir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), cuyos ministros se designan por el mismo mecanismo que los de la Corte. Pero nadie se atreve a confirmar si será antes o después de esta vacante. Cuando se trata del Poder Judicial la burocracia del Poder Legislativo supera cualquier cálculo. Desde el 1º de marzo tuvieron tiempo para preverlo, pero el Frente Amplio priorizó los reñideros de gallos a la atención a un poder del Estado. Recién ahora designó una comisión integrada con las senadoras Lucía Topolansky, Mónica Xavier y Constanza Moreira para negociar.

Igual certeza hay sobre los más antiguos. A Vázquez Cruz lo siguen, con sus correspondientes fechas de nacimiento —de las cuales se desprende su eventual permanencia en el cargo—, Eduardo Turell (12/10/50), Beatriz Fiorentino (25/3/47), Elena Martínez (19/9/55) y Selva Klett (1/4/56). Nada ata a la Asamblea General a mantener ese orden. Pueden votar a cualquier magistrado fuera de esa lista. Algunos legisladores ya analizan otros nombres.

La Constitución establece que los jueces no son los únicos habilitados. También pueden ser designados los fiscales con ocho años de antigüedad y los abogados con diez años de ejercicio. Sin embargo, son opciones improbables debido al lobby de los magistrados, de sus allegados, de corporaciones paralelas, y a que al gobierno no le interesa abrir un nuevo frente en el Poder Judicial que se añada al enfrentamiento por el aumento salarial.

Si los partidos asumieran un compromiso serio y responsable significaría un gran paso para la democracia: transparencia en el sistema, respeto por la voluntad del codificador, que en la Carta ubicó el acuerdo político en primer lugar (salvo que los reformistas también quieran cambiarlo), posibilidad de análisis de los candidatos mediante consultas a especialistas, interrogatorios personales a los candidatos y que el ascenso no quede librado solo a la antigüedad, que suele denominarse “la escala del burro”, aunque la mayoría no lo sea.

En 2013, el gremio de los jueces dijo que otro mecanismo sería un menoscabo a la carrera. Fue ante un proyecto del Colegio de Abogados del Uruguay para designar a los ministros de ambas corporaciones. Los dirigentes del gremio, Rolando Vomero y Alberto Reyes, dijeron a los senadores que el sistema de ascenso de los jueces tiene todas las garantías y que ese proyecto, aún a estudio, es un lobby para ubicar abogados sin realizar la carrera judicial.

La filosofía de los codificadores fue que esos magistrados, quienes en última instancia dirimen los conflictos jurisdiccionales, fueran prioritariamente acordados a través de los representantes de la ciudadanía: la Asamblea General.

Los jueces, cuyo corporativismo está blindado, han resistido los cambios y se aferran a la cooptación. Desde hace décadas, con una computadora en una mano y la lista de las antigüedades de sus colegas en la otra, esperan el momento de ascender a las cúpulas.

Dentro de ese panorama alguien ha reivindicado las designaciones como una cuestión de género. ¡Déjense de demagogias! Se trata de idoneidad y capacidad. ¿Alguien protestó porque la comisión negociadora del oficialismo esté integrada por tres mujeres?

Aquel acuerdo político de 2012 pareció marcar un camino firme, pero no fue así. Los legisladores pasaron del vigoroso motor que anunciaron, a circular a pedal. Desde entonces llegaron por antigüedad Felipe Hounie a la Corte y José Echeveste al TCA.

El acuerdo de hace tres años fue favorecido por una coyuntura especial: había cuatro vacantes en los dos organismos y se añadía la venia para el nuevo fiscal de Corte, Jorge Díaz. Para todos hubo unanimidad.

Hoy no es muy diferente. Durante esta administración, entre el mes que viene y 2017 también habrá cuatro vacantes. Debe añadirse la de Tobía en 2020, que se producirá dos semanas después de que asuma el próximo presidente.

Hace rato que la mesa está servida. Solo hay que darle al pedal.