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Con relación al artículo publicado el pasado 12 del corriente, en el que se informa que unos 170 deudores hipotecarios en unidades reajustables (UR) presentaron ante la Justicia medidas preparatorias para solicitar información al Banco Hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda, y en el que se explicita que se trata de deudores “cuyos contratos pasaron a ser administrados por la ANV, a través de fideicomisos estructurados como parte del proceso de reestructura del Banco Hipotecario”, deseamos hacer constar que la gran mayoría somos en realidad clientes y deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.
A los efectos de arrojar más luz sobre la situación, propongo al lector tomar nota de que en la actualidad somos 25.000 los deudores en Unidades Reajustables. Se ha informado que alrededor de 3.000 integrantes de este colectivo fueron trasladados oportunamente a la Agencia Nacional de Vivienda por la aplicación de criterios que aún no han sido debidamente establecidos.
Es decir que la gran mayoría continúa siendo deudora del BHU, entre quienes nos incluimos.
En ambos casos, la población que involucra está integrada por trabajadores activos —muchos de los cuales hoy son jubilados— quienes en su oportunidad, al carecer de los ingresos necesarios para adquirir una vivienda por compra directa, debimos acudir al Banco Hipotecario para acceder al préstamo de carácter social que entonces se ofrecía.
Como miles de deudores a lo largo de estos años hemos intentado dialogar con el banco, no para tener una situación más conveniente, sino para terminar con lo que la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (IDDHH), luego de estudiar el caso y a través de una vehemente fundamentación jurídica, calificó como “irritante injusticia”.
El diálogo que ha sido y será la herramienta de excelencia para acceder a los cambios que vuelvan justa nuestra situación, se agotó en el tiempo. Un tiempo que ya resulta demasiado prolongado en tanto no se ha llegado a una razonable solución que atienda el problema real, lo cual explica que nuestra problemática se haya ido agravando al punto que en la actualidad, vivimos una situación desesperante.
Es lógico entonces que, al no ser atendido, nuestro plateo terminara en el ámbito al que pertenece: el de la Justicia. En este sentido, la semana pasada se enviaron medidas preparatorias, en las que se piden documentos e información que tanto el BHU como la ANV, tendrán que responder. Todas ellas serán útiles para formalizar la demanda a que aludimos.
Con esto el camino judicial ya está iniciado. Es allí donde pediremos que se respeten nuestros contratos, de buena fe, sin abusos. Y es que esta demanda no aspira a quitas, rebajas o tratamientos especiales. Nuestra intención es devolver lo que nos dieron y cumplir con lo pactado oportunamente.
El problema es, justamente, que en las actuales condiciones, estamos devolviendo muchísimo más.
Sin otro particular, saludamos al Sr. Director con nuestra mayor consideración.
