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Asco, repugnancia, dolor, conmiseración. Esas y otras sensaciones provocan los terribles hechos ocurridos en Rivera que condujeron al procesamiento sin prisión de dos jerarcas del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) imputadas de “Omisión contumacial a los deberes del cargo”, que castiga al funcionario público que omite cumplir con su deber. En este caso se trata de velar por la salud, la integridad y la seguridad de las menores.
Dos niñas de 15 y 13 años se fugaban para prostituirse. No una, diez, cien veces. Cobraban por relaciones sexuales individuales o colectivas, en la calle, en autos o en prostíbulos. Con pasta base y sin ella. La mayor tuvo cuatro embarazos. Una funcionaria le dio una pastilla para interrumpir uno sin decirle para qué era. Ambas están embarazadas y el futuro de sus hijos es dramático. La de 15 años se prostituía junto a su madre, procesada por “Omisión inherente a los deberes de la patria potestad”. Ambas perdieron la virginidad en edad escolar.
El caso concitó la atención pública algunos días. Luego pasó a un segundo plano. Lo desplazaron cuestiones presuntamente importantes, aunque en realidad son balaceras intrascendentes. Es alarmante porque es un tema de fondo. Desnuda una terrible realidad social —que no es nueva ni única y se agrava— salpicada por degradación política y gremial.
Son hechos gravísimos. Tanto como las repugnantes reacciones de directores del INAU y del sindicato de funcionarios. Cuestionaron el fallo sin argumentos jurídicos buscando justificarse ante la opinión pública para defender sus respectivas chacras. Se ubican de espaldas a la moral, la ética y los derechos de las menores. Practican el deporte nacional: la culpa siempre la tiene otro.
Cuestionan que el juez haya ordenado esos procesamientos y no el de los clientes de las menores. Piden empate, como si fuera fútbol. Como excusa argumentan falta de recursos y de personal. Aunque sea cierto, nada los exime de cumplir su función. Si no podían, por dignidad, debieron renunciar.
Como surge de la sentencia del juez Humberto Verri nada tuvo que ver la falta de recursos económicos. Fue un cúmulo de irresponsabilidad, desidia, indiferencia e insensibilidad. No abundaré en detalles porque este espacio es limitado, pero hay que leer el estremecedor relato del juez que coincidió con la fiscal Gabriela López y que fotografía el Uruguay de hoy. (*)
Durante una marcha en Rivera el presidente del gremio y vicepresidente del PIT-CNT, José López, expresó solidaridad, pero no para las víctimas sino para las procesadas. Y como el desatino le pareció poco, anunció un paro de protesta. El mundo al revés: los ciudadanos y las organizaciones públicas y privadas de defensa de los derechos humanos deberían convocar a una marcha para repudiar los hechos. Pero no. Tampoco el gobierno.
Lo de López no es nuevo. En setiembre de 2014 descalificó a un funcionario que denunció malos tratos de empleados a adolescentes infractores y que terminó con el procesamiento en Pando de dos ex directores y cuatro funcionarios. Hubo otros casos con similares actitudes demagógicas de protección cómplice a funcionarios torturadores. Ahora, López y el sindicato enfrentan una denuncia penal por no haber intervenido en una batalla entre internos porque estaban de asamblea.
Patético. La central sindical lo respalda como vicepresidente pese a que transita de la mano de delitos como el de Rivera. Cada vez se parecen más a los argentinos. No solo físicamente.
Sería bueno saber qué piensan ellos/ellas y los jerarcas del INAU cuando miran a sus hijas o nietas, o a las hijas o nietas de sus vecinos y amigos.
El abogado de las funcionarias, Fernando Rosas, dijo en el expediente que la falta de controles “es imputable al propio Estado y al directorio del INAU por no brindar recursos suficientes a la Dirección de Rivera”. También opinó en “El País” que el fallo “busca conformar” a los habitantes de esa ciudad. Apelará. Pero los hechos son porfiados y no cambian.
El responsable siempre es el Estado. Si los gobiernos quieren evitarlo deben elegir funcionarios idóneos y responsables en lugar de cubrir cuotas partidarias con ineptos e irresponsables. Y cuando meten la mano en la lata de la incapacidad o el encubrimiento, hay que cortársela. Eso es peor que robar.
El Anuario de Derecho Civil Nº 43, caso 390, reproduce una sentencia de febrero de 2012 del Tribunal de Apelaciones Civil de 3er. Turno, integrado por Mary Alonso, Julio Chalar y Fernando Cardinal. Condena al INAU (el Estado) y lo obliga a indemnizar a familiares de un menor que se suicidó mientras estaba bajo su custodia en un “Hogar”.
Aunque el de Rivera no es un caso civil, la filosofía y las obligaciones son las mismas: “La responsabilidad del Estado prevista en el art. 24 de la Constitución deriva del ejercicio de la función administrativa que comprende actos y hechos, así como la omisión, pues en definitiva la inactividad configura un hecho. En el concepto de responsabilidad subjetiva del Estado —que sostiene la Sala— se ha de responder cuando el servicio no ha funcionado, ha funcionado mal o tardíamente, e indirectamente cuando se configura falta personal de sus funcionarios, ya sea por violación de una regla de Derecho o por culpa”.
Lo dicho: asco, indignación, dolor, conmiseración. También impotencia y miedo, mucho miedo por lo que se viene.
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