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Un representante del gobierno de Estados Unidos planteó preocupación por las limitaciones que estableció la administración de Uruguay a la empresa de televisión para abonados DirecTV. El subsecretario de Comercio del país norteamericano, Francisco Sánchez, que estuvo esta semana en Uruguay, trasladó la inquietud al prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y al subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
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Cánepa le respondió que lo que establece el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual —que impone máximos en la cantidad de abonados que pueden tener las empresas— “es algo que existe, una limitación que no es nueva en el mundo”, indicaron fuentes oficiales. La limitación se establece para garantizar la “pluralidad y diversidad de opciones”, ya que en este caso la ley de defensa de la competencia “no es suficiente” y “se necesita una norma específica”, dijo el jerarca.
De hecho, comentó que para elaborar el proyecto “se tomó el modelo norteamericano”, que “tiene leyes más estrictas que las uruguayas”. Mencionó el caso de una ley, generada en Estados Unidos, que impedía que el dueño de una empresa de cable fuera el mismo dueño de una radio y de un diario en el mismo pueblo”. Por lo tanto, “es un tema que no es nada llamativo”, le dijo Cánepa a Sánchez. Además, la empresa siempre fue “informada previamente” de las decisiones del gobierno.
Sánchez, indicaron los informantes, transmitió a Cánepa que “respeta” la posición del gobierno uruguayo.
Las autoridades de DirecTV ya habían planteado el problema durante su comparecencia del 11 de julio a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, que estudia el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Allí los representantes de la empresa opinaron que “el proyecto contiene disposiciones que atentan contra derechos protegidos por la Constitución y las leyes” y “desalienta la competencia entre los servicios de comunicación audiovisual”.
El proyecto de ley “establece topes porcentuales a la cantidad de suscriptores que pueden tener las empresas de televisión para abonados”, lo que “significa una restricción o limitante al crecimiento de DirecTV en Uruguay, ya que es la única empresa que a la fecha cuenta con una licencia de carácter nacional”, dijeron los empresarios. Eso es “abiertamente inconstitucional” y viola el Acuerco Bilateral de Protección de Inversiones de Uruguay con Estados Unidos, afirmaron.
Además opinaron que el proyecto “desatiende el bienestar e intereses del usuario”, a quien corresponde “elegir su proveedor de servicios de televisión paga”.
El artículo 46 del proyecto propone limitar el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el país a un máximo de 25% del total de hogares con televisión para abonados en todo el país, y un máximo de 35% dentro de cada territorio.
El 31 de diciembre del 2012 el presidente José Mujica ya había dictado un decreto similar, que establecía los mismos porcentajes pero sobre la totalidad de los hogares, tuvieran o no televisión para abonados.
En una entrevista publicada por “El Observador” el 9 de agosto, el ex director de canal 10, Jorge de Feo, reveló que le sugirió a Mujica la elaboración de ese decreto. “En las últimas conversaciones que tuve en Torre Ejecutiva con el presidente le planteé el tema. Le dije que se me había ocurrido la idea de limitar, porque por la seguridad jurídica no se podía dar marcha atrás con todo, el porcentaje (del mercado de DirecTV). (...) Me hizo caso”.
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