El MSP y la eutanasia

Gracias a un pedido de la prensa se conocieron estos informes en 2022 y recién ahora son recibidos por la Comisión del Senado. Pero no hay que olvidar que la mayoría de la Comisión de Salud en Diputados no dio lugar a estos informes demoledores de las áreas de Discapacidad y Rehabilitación, de Cuidados Paliativos, de Salud Mental, de Adulto Mayor y de la Comisión de Bioética. Tal vez porque estaban apurados por votar un proyecto que deja bastante que desear para quienes lo estudiaron y evaluaron sus previsibles consecuencias sobre la población más vulnerable. Los que saben y querían aportar desde la investigación y la preocupación social no fueron escuchados en 2022. Y ahora sorprende porque en su momento no fue noticia. Se manifiestan sorprendidos los que aceleraron injustificada e irresponsablemente la votación. Estos días, sin contexto, muchos se rasgaron las vestiduras como si fuera un capricho o una postura personal de la ministra, cuando lo que expuso fue la postura estudiada por varios especialistas de diferentes áreas y comisiones del ministerio y citando dichos informes.

El cambio que implica legalizar la eutanasia no es una ampliación de la libertad, sino un quiebre irreversible de los fundamentos de los derechos humanos y del respeto por la dignidad humana. Por eso no se trata de discutir garantías de proyectos que no velan por derechos, sino que acaban con derechos fundamentales. ¿Una sociedad progresista protege a los más débiles o fomenta el desprecio por la vida dependiente y vulnerable?

Hay dos falsos argumentos que se supone que pensamos quienes nos manifestamos contrarios a la legalización de la eutanasia: que queremos obligar a la gente a vivir y que queremos imponer nuestra moral a toda la sociedad. Dos afirmaciones falaces para no pensar, pero que distorsionan la realidad y se usan para no razonar con honestidad intelectual.

Con una ley de voluntades anticipadas y con cuidados paliativos de calidad a nadie se le obliga a vivir, sino que se le asegura que muera en paz y sin sufrimientos. No matar a la gente no es obligarla a vivir, es no matarla. No hablamos desde una moral privada, sino del fundamento de los derechos humanos, del respeto por la dignidad de toda vida humana, cuyo valor no se devalúa por vejez, por discapacidad, por deterioro progresivo o porque uno mismo piense y sienta que su vida no tiene sentido.

Los mínimos éticos que defendemos son los que están en los fundamentos de nuestra Constitución, en la base de los derechos humanos y de nuestras leyes, son los mínimos éticos de todos los códigos deontológicos de la medicina desde la antigüedad hasta el actual Código de Ética Médica del Uruguay y de los principios rectores de la Asamblea Médica Mundial: matar al paciente no es un acto médico.

Una cosa es dejar morir en paz, no alargar la vida y ayudar al proceso de morir dignamente con cuidados paliativos de calidad y otra es ofrecer la muerte como liberación del sufrimiento. Por ello es fundamental estudiarlo con detenimiento y consultar a los especialistas cuando se trata de temas tan complejos y que despiertan tanta sensibilidad. Esperamos que, a diferencia de lo que sucedió en Diputados, se estudie en profundidad y se escuche a todos sin apresuramientos de agenda política, con el sentido de responsabilidad que implica un tema como este. Porque no se trata de lo que cada uno piensa o siente, sino de cómo impacta sobre toda la sociedad, especialmente sobre los más vulnerables.

Miguel Pastorino