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En los años 70 dos genios del ajedrez, el ruso Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fischer, confrontaban sus ideologías y sus estrategias sobre el tablero. “El ajedrez es como la vida”, filosofó Spassky en cierta ocasión. Incapaz del silencio, Fischer replicó: “El ajedrez no es como la vida; es la vida misma”: hay que planificar las jugadas y prever las del contendedor para evitar reveses, y considerar el poderío propio y el del rival. Como en la vida misma.
Lo recordé cuando un jurista amigo aludió al conflicto entre el gobierno y los gremios del sistema judicial y registrales afectados por la demora en el pago de los aumentos presupuestales a los que por ley tienen derecho.
“Sin dejar de admitir nuestros errores legislativos en el presupuesto de 2010 los gremios forzaron la cuerda sin considerar que puede romperse. Como en Antón Pirulero cada uno atendió su juego, pero olvidaron que quien se equivoca debe pagar una prenda. En estas batallas siempre hay que prever los movimientos del contendiente”, ironizó un gobernante.
Como resultado del conflicto que el gobierno deberá pagar por aumento salarial derivado de los “enganches” y su millonaria retroactividad, se encendieron los despertadores oficialistas. Especialmente en quienes tendrán responsabilidad económica porque deberán ponerle el pecho a las balas. Son preocupaciones “dormidas”, esbozadas tímidamente en los últimos años y que ahora “despiertan” por la confrontación.
Las voces para establecer una reforma y crear un Tribunal Constitucional destinado a limitar el poder de la Suprema Corte de Justicia fue lo primero que se oyó fuerte y claro. Se susurran más cambios: crear un “Consejo Superior de la Judicatura” o un organismo similar destinado a administrar la designación, ascenso y traslados de los jueces, hoy en manos de la Corte.
Entre esos cambios, dicen, se “debería considerar” la obligatoriedad de concursos para todos los ascensos judiciales y abandonar la llamada “escala del burro”: cualquiera asciende por antigüedad.
“Demasiado poder acumulado en un solo órgano; un corporativismo excesivo”, argumentan. Y añaden: “los jueces son designados por antigüedad para los cargos superiores luego de haber sido cooptados: ellos mismos eligen a sus sucesores”.
También están bajo la lupa las partidas mensuales para vivienda y perfeccionamiento académico (en realidad aumentos salariales disfrazados) de jueces y fiscales sin la obligación de rendir cuentas sobre el uso de ese dinero. Integrantes del gobierno no descartan establecer que los magistrados justifiquen documentalmente el destino del dinero y que paguen montepío e IRPF, lo que hoy no ocurre. Esas partidas se “cranearon” para evitar el “enganche” de esas sumas con el resto de los funcionarios.
Tanto jueces como fiscales tienen necesidad de resolver sus futuras jubilaciones basadas en la dedicación exclusiva de sus funciones y para ello hay que eliminar los topes jubilatorios. “Salarizar” esas dos partidas es un camino: subirá el sueldo básico jubilatorio para un retiro digno. Pero hay un problema: si pagan montepío e IRPF se integrarán a los “enganches”, salvo que a estos se les ponga punto final, razonan los ajedrecistas.
Muy complicado, pero es seguro que se propondrán cambios. Las mayorías parlamentarias tienen un peso considerable. Fue clara la senadora Lucía Topolansky: el pago de aumentos y retroactividad dejará huecos en la economía y algo habrá que “sacrificar; el próximo presupuesto tapará el agujero”. Se deben considerar también los millones extra que insumirá el nuevo Código del Proceso Penal previsto a partir de enero de 2017: más jueces, fiscales y defensores de oficio.
Lo único que no tiene costo es la independencia del Ministerio Público y la siguen arrullando.
El politógo Adolfo Garcé advirtió en “El Observador” durante la campaña electoral que el Frente Amplio hizo promesas fuertes en educación, seguridad y salud; todo cuesta mucho dinero y sale de la misma bolsa.
Cualquiera sea el camino, se adivinan nuevos enfrentamientos entre el futuro gobierno y esos gremios, los cuales, por lo demostrado en esta instancia, no parecen dispuestos a bajar los brazos ni a dar marcha atrás en sus beneficios.
Algunos jueces opinaron en reserva que esos eventuales cambios tienen “un tufillo a venganza; una revancha por tener que pagar algo que solo es atribuible a los errores del Ejecutivo y del Legislativo y porque ejercimos nuestro derecho a reclamar”.
Si hubiera recortes, aseguraron, “nos tendrán nuevamente dispuestos a dar la batalla. A muchos no nos gustan los enfrentamientos ni las huelgas, pero no deben olvidar que cuando a alguien lo acorralan, no tiene más remedio que pelear”.
A partir de la próxima administración habrá que estar atentos a esos eventuales cambios que parecen derivados del conflicto. Si no se toman previsiones, en todo enfrentamiento hay ganadores, perdedores y daños colaterales.
Lo ideal en este caso, como en todos, sería un equilibrio entre las demandas de los gremios y las necesidades presupuestales del gobierno.
En pocos días empieza la feria judicial que estará seguida por el letargo del verano. Esto significa que cuando este conflicto se podría agudizar estaremos a las puertas del nuevo gobierno que llega al poder con una fuerte legitimación electoral. No es poca cosa a la hora de tomar decisiones y mover las piezas para evitar el jaque mate.
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