El “derecho al olvido”

Internet ha cambiado el mundo y eso no es novedad. Las relaciones personales, los negocios y los medios de comunicación, con énfasis en la prensa, han sido los sectores más afectados.

Hace unos años, buscar información de una empresa, de una persona o de un hecho puntual implicaba ir a los archivos: enormes cajas de papel, o microfilmaciones, meses y meses de búsqueda, con un resultado incierto y seguramente consiguiendo, casi en la mayoría de los casos, solamente una parte de lo buscado.

Hoy un clic es suficiente para que todo llegue a nuestras manos y con sus consecuencias.

Nos llega todo: lo verdadero, lo falso, lo real, lo inventado; y a todos: el damnificado, la prensa, mi amigo, mi enemigo, mi familia, mis hijos…

Es más que sabido, y los expertos se han expresado en reiteradas ocasiones, sobre el concepto de “identidad digital”. Parte de la reputación de una persona puede basarse en lo que surge de Internet. Por lo tanto, lo que allí aparezca debería ser fiable, confiable, veraz y actual.

Entre las consecuencias de esta revolución digital aparece el Derecho al Olvido, que refiere a la potestad que tienen las personas para hacer posible que aquella información obsoleta, o que no sea necesaria o pertinente a los fines para los cuales se hubiera recolectado, sea olvidada, es decir: removida.

No se puede borrar el pasado y no se trata de olvidar lo que sucedió. Simplemente se trata de que cierta información, caduca, o cuya veracidad ya fue desmentida, no aparezca en los archivos de Internet.

Muchos pueden ser los casos y las situaciones, y cada uno debe analizarse en detalle, pero ese derecho puede y debe aplicarse para aquellas instancias en las que la información no se haya probado, cuando los hechos y plazos estén cumplidos, cuando los casos hayan sido archivados y principalmente cuando estamos frente a cosas que no son ciertas.

Si alguien me denuncia penalmente se inicia una causa judicial, los medios la publican y luego el caso se archiva por falta de pruebas o evidencias que soporten la misma, dicha información publicada sin empacho puede perjudicarme en el futuro. Y yo tengo derecho a que sea removida, olvidada.

Más aún cuando seguramente la sentencia que archivó el caso ni siquiera fue tomada o reproducida por los medios, y por lo tanto, no aparece en Internet.

Cinco de cada 10 uruguayos son víctimas del “mi pasado me condena”, sin razón. No es que reniegan de su pasado, de lo malo que fue cierto. El hecho es que no es justo que siga circulando información de algo que no fue verdad, o que no prosperó, o que ya se cumplió.

En la actualidad, en algunos países del mundo esas personas tienen derecho a que dicha información sea suprimida. En Uruguay también podemos hacerlo y por esto es importante que todos los afectados ejerzan sus derechos y se logre que la frase “mi pasado me condena” se transforme, en los casos en los que amerite, en: “lo pasado…pisado”.

Dra. Virginia Cervieri

Socia Directora de Cervieri Monsuárez & Asociados