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La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia ordenó el cese de presuntas prácticas anticompetitivas a cuatro distribuidores mayoristas y a dos cadenas de supermercados, como resultado de una investigación de oficio que inició durante el año 2010 en el rubro de alimentos congelados. Sin embargo, la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) aseguró que sus miembros no recurren a ese tipo de acciones y que defienden la competencia en el mercado.
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Luciana Macedo, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, informó a Búsqueda que la investigación surgió a partir de quejas de diversas empresas que comercializan al público dichos productos, por supuestas prácticas anticompetitivas que están “causando daño” al mercado al “fijar el precio” de los congelados.
Otras fuentes oficiales ligadas al caso dijeron que distribuidores mayoristas eran presionados para que adoptaran una lista de “precios mínimos” con el propósito de que sus comercios clientes no vendieran los congelados más baratos que los supermercados. Esta presión implicaba la amenaza por parte de los distribuidores de no entregarles mercadería. A su vez, los mayoristas actuaban en respuesta a la presión de dos cadenas de supermercados, según esas fuentes.
La Comisión —un organismo desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas— acudió a la Justicia para realizar una inspección de las comunicaciones entre las partes a fin de acreditar pruebas e identificar a los eventuales infractores, en particular correos electrónicos que intercambiaban.
Macedo dijo que las empresas identificadas y a las que se les ordenó el cese de las conductas anticompetitivas el martes 12 están “bastante implicadas, porque hay correos electrónicos que muestran las supuestas presiones ejercidas”.
Informó que los grupos investigados de oficio son Disco y Macromercado. Agregó que a ambos se les dispuso como medida preventiva el cese de la práctica de “obligar” a los distribuidores de los productos congelados a establecer “precios mínimos” y controlar “estrictamente” que eso se cumpla en el resto de los puntos de venta.
La Comisión, dijo Macedo, también ordenó a los distribuidores Graba, Maosol, Cemesa y Greenfrozen el “cese de la práctica de fijación de precios mínimos obligatorios de venta al público para el comercio minorista”.
Consultadas fuentes de la ASU, confirmaron que la Comisión de del Ministerio de Economía “dispuso oportunamente una actuación relativa a la determinación de los precios de los productos congelados”.
“A través de las mismas estableció algunas medidas preventivas respecto de los proveedores Graba SA, Maosol SA, Cemesa (Conaprole), Greenfrozen SA, así como de Macromercado y Grupo Disco, solicitando información a la Tienda Inglesa. De todas estas actuaciones que datan del año 2010, las referidas grandes superficies tomaron conocimiento en el correr de la semana pasada y están en plazo para formular las consideraciones que entiendan del caso”.
Las fuentes de ASU señalaron “tajantemente que en ningún momento se les atribuye en el expediente una concertación de precios entre las referidas cadenas”. Agregaron que “como es de público conocimiento, ellas son fuertes competidoras entre sí en el mercado minorista”.
En cuanto a la fijación de precios, aclararon que “no se practica por parte de los miembros de esta asociación una imposición de presiones para la fijación de precios mínimos en el mercado. Lo que en realidad existe, tanto para las grandes cadenas como para los almacenes, es una comunicación de los proveedores sugiriéndoles un precio de venta que no es ni mínimo ni obligatorio. Si bien normalmente todo el comercio minorista sigue dichas sugerencias, los clientes conocen muy bien la difusión de promociones, ofertas y otras acciones comerciales en las cuales las cadenas de supermercados se apartan de los precios sugeridos por el proveedor, beneficiando de esta forma al consumidor”.
Las fuentes de la ASU pusieron “especial énfasis en su tradicional apoyo a la defensa de la competencia así como a su prédica a favor de la formalización de la economía y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y tributario vigente”.
Macedo dijo que ahora espera descargos de las empresas, para lo cual no hay plazo. Explicó que podrían “diligenciar prueba, testigos o aducir razones de ganancias económicas que se trasladaran a los consumidores”, entre otras cosas. Luego de relevar los descargos, la Comisión de Defensa de la Competencia tomaría una resolución definitiva, precisó.
Dicha Comisión tiene la potestad para actuar de oficio en base a la “ley de promoción y defensa de la competencia” aprobada en 2007 y ya lo ha hecho en otros rubros.
