El museo del terror

Desde 1864, los Convenios de Ginebra, con modificaciones y protocolos posteriores, fueron regulando el derecho internacional humanitario. Una Convención refiere que los prisioneros “deben ser tratados humanamente en toda circunstancia” y prohíbe “los actos u omisiones que causen la muerte o pongan en peligro la salud de los prisioneros”.

A modo de ejemplos, incompletos pero emblemáticos, ocurrió desde un lado con Julio Castro, María Claudia García, Hugo de los Santos, Nibya Sabalsagaray y los guerrilleros “rehenes”, y desde el otro con los diplomáticos Carlos Frick Davie, Ulises Pereyra Reverbel, Geofrey Jackson, el juez Daniel Pereyra Manelli, los cuatro soldados asesinados y el peón rural Pascasio Báez.

Tanto los guerrilleros como el Estado condujeron a que los frutos de los horrores de unos coincidieran con los horrores de otros. Ambas expresiones de la perversión y la degradación humana.

Hace un tiempo, el arquitecto Elbio Ferrario, director del Museo de la Memoria (MUME) de Montevideo, dijo tener como objetivo “la promoción de los derechos humanos en todas sus vertientes”.

Apartándose de ello, más tarde anunció que en 2016 la casa de la calle Juan Paullier 1190 será convertida en museo. En su sótano, la guerrilla retuvo a gobernantes secuestrados en democracia y ocultó a parte de los 111 guerrilleros fugados de Punta Carretas. Luego de que en 1972 esa “cárcel del pueblo” fue capturada por los militares, la utilizaron para torturar guerrilleros.

Las iniciales declaraciones de Ferrario en cuanto a promover los derechos humanos “en todas sus vertientes” cambiaron de rumbo y emergió su condición de inquilino del pasado. Volvió a agitar el totalitario y justificante argumento de que “los derechos humanos fueron violados por el Estado”. Definió como delitos comunes las acciones terroristas, un eufemismo que nadie corrige como si todos delitos no fueran de la misma despreciable calaña.

Mediante un reiterado ejercicio de hipocresía, fundamentó que él y sus compañeros cometieron esos “delitos comunes” porque el gobierno democrático de la época y los anteriores —desde los años ‘60, integrantes de “la clase dominante”, dice— rompieron la convivencia democrática y reprimieron. Una filosofía fascista aplicada por un gobernante cuyo sueldo pagamos entre todos y que a todos se debe.

Con su razonamiento y con el aval de la intendenta Ana Olivera, contradice lo que expresa la página oficial del museo según la cual esa institución “promueve en forma participativa la paz, los derechos humanos y la memoria de las luchas populares por la libertad, la democracia y la justicia social”. De un solo lado.

En democracia todo puede y debe discutirse. Con los argumentos de uno y otro lado se pueden llenar centenares de páginas, pero como punto de partida debe admitirse que el límite para cualquier desborde está en la transparencia, los derechos absolutos de la persona humana y su dignidad.

Si no fuera así, los mismos que defienden aquella teoría que justifica los desbordes guerrilleros en la falta de garantías de gobiernos democráticos justificarán las ejecuciones yihadistas, el adiestramiento de menores para decapitar o el resurgimiento del terrorismo, cualquiera sea su signo.

Un museo, en el lugar que fuere, de las características que impulsa Ferrario, no puede omitir los asesinatos y violaciones a los derechos de ambos lados ocurridos en diferentes zonas geográficas del país y limitarse a destacar una presunta gesta heroica unilateral.

La globalidad ocurre cuando predomina un sentido de Estado. El gobierno de Hungría, ubicado a la derecha de la derecha, creó en 2002 en Budapest un museo denominado “Casa del Terror” instalado en la Avenida Andrássy, la más importante de la ciudad en sentido comercial y urbanístico. Impresiona visitar ese edificio de tres pisos, donde fueron torturados y asesinados decenas de prisioneros de los regímenes nazi y comunista que asolaron a ese país. Sobre el muro exterior lo testimonian fotos de varias víctimas.

Naturalmente que en Hungría se han generado debates sobre la distribución interior del museo porque allí predominan los desbordes del régimen comunista. La respuesta a esos cuestionamientos está en el tiempo de duración: la devastadora ocupación alemana se extendió durante casi un año y el régimen comunista por más de cuarenta.

Pero cualquiera sea el debate, siempre teñido y adobado por intereses partidarios, esa “Casa del Terror” demuestra que no hay ninguna diferencia entre las violaciones a los derechos humanos de uno o de otro lado y que el Estado debe ser transparente y honesto. Allí y también aquí.