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Los ciudadanos tienen que estar “preparados” para el nuevo Código del Proceso Penal. Según la experiencia en otros países que aplicaron reformas parecidas, la cantidad de personas enjuiciadas baja en los primeros años. Entonces, si las autoridades pregonan que el nuevo proceso va a mejorar la seguridad, pero luego son menos los criminales que van a prisión, la reforma puede perder el apoyo de la opinión pública.
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El sábado 4, durante un seminario internacional sobre la reforma procesal penal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, advirtió sobre ese escenario y afirmó que por eso un “factor” importante para el éxito de la reforma es “la preparación de la ciudadanía”.
“Hay que explicarle, porque muchos operadores han vendido este Código diciendo que va a mejorar la seguridad y va a mejorar el nivel de la investigación”. Sin embargo, “la experiencia es que los primeros años de aplicación del Código se reduce el volumen de gente enjuiciada. Y hay que planteárselo a la gente porque el sistema se deslegitima”.
La reforma del proceso penal, que entrará en vigencia en julio de 2017, pasa de un proceso inquisitivo —con jueces que investigan y juzgan— a uno acusatorio, donde los fiscales asumen la investigación y los jueces solo fallan.
“Hoy en 48 horas la persona sale del juzgado condenada, porque el auto de procesamiento se identifica con una sentencia de condena”, dijo Pérez Manrique. “El sistema inquisitivo, que todos tenemos adentro, y la costumbre a trabajar de determinada manera va a estar acechándonos permanentemente, y puede haber en algún momento alguna actitud de la opinión pública que diga ‘bueno esto es una porquería, volvamos a lo anterior’. Lo que quiero decir es que estas cosas están muy asentadas en la cabeza de la gente, en el imaginario popular, y este es un tema que vamos a tener que tener en cuenta al momento de la implementación”, afirmó el ministro.
El martes el gobierno anunció que la reforma comenzará en julio de 2017. Consultado por Búsqueda, Pérez Manrique dijo que a partir de esta definición “la Corte va a empezar a trabajar ya en la implementación” del nuevo Código.