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En la anterior edición de este semanario, el Cnel. (r) Luis Eduardo Maciel presentó en forma por demás excelente el por qué del retiro militar: no es una jubilación, a diferencia de cualquier otro estamento jurídico. Dice en una parte la mencionada carta: “La profesión militar reviste aspectos singularísimos y claramente perceptibles en sus dimensiones: laboral, legal y social, que constituyen ‘especificidades’ de la función. Por ello, en el devenir histórico de las naciones y en la medida que los Estados advierten en sus FFAA el último bastión para la salvaguarda de sus intereses vitales, es que en el mundo entero se ha entendido justo, considerarlos bajo un régimen de seguridad social ‘diferenciado’ del resto de los empleados públicos”.
Queda en forma muy clara establecido que el retiro militar no es lo mismo que una jubilación.
Pero creo que el tema de fondo, a raíz de versiones de prensa donde se habla del exceso asistencialismo a la Caja Militar, pasa por definir la inversión en defensa militar a cambio de hablar del gasto que ocasiona la defensa militar. Vemos, al igual que en salud o en educación: el Estado tal vez invierta en educación y en salud para que los ciudadanos tengan ese derecho consagrado en la Constitución, pero si los mismos no lo aceptan tienen la actividad privada para elegir algo diferente y no queremos referirnos a si es mejor o no, simplemente la educación como la salud, entre otros, son servicios que el Estado ofrece pero también la actividad privada compite y ofrece por su parte el mismo servicio.
La defensa militar o en su mayor contexto la defensa nacional es un bien público que ninguna otra persona puede ofrecer sino es el Estado mismo, y se acogen a este beneficio todos los ciudadanos, así estén o no conformes con el mismo; es un bien público que el Estado está obligado a otorgar a todos los ciudadanos que viven en el territorio o estén representándolo fuera del mismo.
Para los economistas un “bien público” es un “bien escaso” y por lo tanto “costoso”, cuyo consumo presenta la particularidad de tener una muy “baja rivalidad” y de no ser “excluyente”. La no rivalidad en el consumo define una situación en la que el aprovechamiento de este bien por parte de un individuo no reduce la cantidad disponible para otros. De esta forma, el hecho de que un ciudadano se beneficie de la defensa no implica que haya menos defensa para el resto.
“Como bien público, la defensa es generada por el Estado y se benefician de este bien todas las personas que se encuentran físicamente dentro del territorio de ese Estado. Este bien público es aprovechado por los ciudadanos, por quienes por algún motivo no ostentan tal categoría, así como por quienes pagan impuestos y por quienes no los pagan”.[1]
Para algunos, por distintas circunstancias, aún siguen pensando en el gasto en defensa militar —como lo dice la frase: en “un gasto”— pero no se han dado cuenta de que el Estado no gasta en defensa militar sino que “invierte” en la misma, lógicamente acorde a sus posibilidades, para dentro de sus parámetros salvaguardar a la población, a su territorio y a sus recursos estratégicos, como un instrumento más de la defensa nacional.
A pesar de que la defensa es organizada por el Estado, ésta involucra a diferentes actores políticos, económicos y sociales de un país. No obstante, muchas veces no es fácil lograr que las organizaciones gubernamentales, así como la sociedad en su conjunto, tomen real conciencia del importante papel que les corresponde en esta materia.
Por lo expuesto, no se puede pensar en forma racional que la Caja Militar o, mejor dicho, el Servicio de Retiro y Pensiones Militares sea autosuficiente como podría llegar a serlo otra entidad que regule a determinados oficios en sus jubilaciones. El costo que implican las partidas financieras para cubrir la seguridad social de los servidores del Estado, que como bien lo mencionó la carta aludida en el presente artículo, tuvo durante un corto o largo período de su vida, las 24 horas al día durante los 365 días del año al servicio de la patria, no es un gasto; es, y debe serlo, la continuidad de la inversión del Estado en defensa nacional.
¿Qué FF.AA. queremos? ¿Para qué las queremos? ¿Qué misiones van a cumplir? ¿Cómo nos van a defender? Estas interrogantes son otro problema, pero sus integrantes, sean cuales sean las respuestas, deben estar protegidos por el Estado, ya sea en actividad o en retiro.
Cnel. Mag. Sergio Rico Fernández
CI 1.334.096-8
[1] PELÁEZ, Amílcar (2007) Administración Pública de los Recursos de Defensa en Uruguay. Tesis presentada para obtener el título de Doctor en Economía y Dirección de Empresas. Universidad de Deusto, San Sebastián, España. Junio de 2007
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